Malestar en los estamentos judiciales por el nombramiento de Delgado como fiscala general

Sánchez busca dominar un ente clave para manejar el tema catalán


Madrid / La Voz

Una de las primeras medidas que aprobará el Consejo de Ministros del Gobierno de coalición en su reunión de hoy será la designación de la exministra de Justicia y todavía diputada Dolores Delgado como fiscala general del Estado, una decisión de Pedro Sánchez que ha suscitado un aluvión de críticas de la oposición y de la judicatura, al entender que quiebra la separación de poderes. Pero tampoco ha caído bien en los socios de los socialistas en el Gabinete, ya que hace poco más de un año el ahora vicepresidente Pablo Iglesias exigía su dimisión tras haber trascendido su relación con el excomisario Villarejo.

Es la primera vez que una exministra de Justicia accede a este cargo para el que la Constitución recoge, entre otras tareas, la de «velar por la independencia de los tribunales». Sánchez rescata así a la ministra de Justicia de su primer Gobierno para un cargo de suma importancia, teniendo en cuenta el interés de rebajar tensiones con la Generalitat y la promesa a ERC de «desjudicializar el procés»

En su intervención del pasado domingo en la Moncloa, el titular del Ejecutivo tuvo unas palabras de agradecimiento hacia los ministros que no continúan en esta etapa, por su «acierto» y su «lealtad». Delgado fue una de las caídas. En su contra jugaron unos audios difundidos por el entorno del excomisario Villarejo, ahora en prisión, en los que se demostraba que tenían una relación muy cercana. «Todo lo que toca Villarejo está manchado», denunciaba en el 2018 Iglesias para exigir a Sánchez su cabeza. Poco después, el Congreso aprobó su reprobación con la abstención de Podemos. Ahora el nombramiento supone un nuevo desencuentro entre las dos almas que conforman el Gobierno.

Pero Delgado, también reprobada por el Senado, sustituirá a María José Segarra, bajo cuyas riendas la Fiscalía se negó a dulcificar las acusaciones contra los líderes del desafío independentista. En cambio, bajo la batuta de Delgado en Justicia, la Abogacía del Estado rebajó la petición de condena de rebelión a sedición y, más recientemente, los letrados de Justicia solicitaron al Supremo la salida de la cárcel de Oriol Junqueras para que recogiera su acta de eurodiputado. Dos gestos hacia los secesionistas para engrasar las relaciones.

Críticas de fiscales

La propuesta de Delgado ha suscitado críticas de las asociaciones de fiscales. En declaraciones a Efe, la presidenta de la Asociación de Fiscales, Cristina Dexeus, manifestó que está «sorprendida y disgustada, pues parece que el presidente quiere llevar a cabo eso que dijo que la Fiscalía depende del Gobierno», criticó, al hilo de una entrevista de Sánchez en campaña en la que afirmaba que una institución supuestamente independiente respondía a sus directrices y tras la que tuvo que matizar sus palabras pidiendo disculpas. Por su parte, la presidenta de la Unión Progresista de Fiscales, Teresa Peramato, celebró la designación y confió en que «haga un buen papel».

Para Pablo Casado, esta designación es una evidencia de que Sánchez ha perdido «las formas y el pudor», por que «ataca la separación de poderes». El líder del PP, que se refirió a Delgado como «la ministra número 23», anunció que presentará un recurso ante el Supremo al entender que vulnera el estatuto orgánico que consagra la independencia del responsable de la Fiscalía. El presidente de Vox, Santiago Abascal, tachó el nombramiento de «golpe institucional».

El precio de la relación con el exjuez Garzón y el excomisario Villarejo

Dolores Delgado (Madrid, 1962) abandona la cartera de Justicia para hacerse cargo de la Fiscalía General del Estado. Su nombramiento ha motivado una gran polvareda entre la oposición y la mayoría de las asociaciones de fiscales, que denuncian el fin de la separación de poderes al entender que Sánchez ha escogido para el cargo a una persona con un marcado perfil político, cuando a la institución se le presupone independencia.

No es una socialista de cuota y carné, pero eso no le ha impedido participar de forma activa en manifestaciones cargando contra las fuerzas de derecha como «machistas» y en campañas electorales pidiendo el voto para Ferraz.

En la pasada legislatura se convirtió en una de las caras visibles del Gobierno con una de sus medidas más mediáticas: la exhumación de los restos del dictador Franco del Valle de los Caídos, de la que dio fe como notaria mayor del reino. Pero también fue la protagonista de uno de los escándalos que sacudieron al Gobierno de Sánchez al verse involucrada en una grabación en una comida en el restaurante Rianxo de Madrid difundida por el entorno de Villarejo en la que celebraba que la vía «vaginal», entiéndase, la prostitución, era la mejor de las formas para conseguir información privilegiada. Delgado y Villarejo compartían mesa y mantel con Baltasar Garzón, con el que se le relaciona sentimentalmente desde hace años y al que conoció en la Audiencia Nacional, en donde ejercía de fiscala. Algunos círculos de la oposición consideran que precisamente este fue el motivo por el que Sánchez eligió a Lola, como se le conoce en su círculo más íntimo, para llevar la cartera de Justicia en su primera etapa en el Gobierno, ya que el exmagistrado de la Audiencia Nacional todavía está inhabilitado por haber intervenido de manera ilegal conversaciones privadas de investigados.

Delgado parecía descabezada cuando Sánchez oficializó la composición de su Ejecutivo, pero la rescató para ponerla al frente de una institución cuyo papel será fundamental para afinar varios de los muchos asuntos judicializados con el secesionismo.

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