El juez reconvertido en ministro y acostumbrado a trabajar bajo presión

M. S. LA VOZ

ESPAÑA

Ricardo Rubio - Europa Press

Grande-Marlaska repite en Interior, donde tendrá que lidiar con acuerdos de investidura como la cesión de las competencias de Tráfico a Navarra o la de las prisiones vascas

10 ene 2020 . Actualizado a las 22:32 h.

FERNANDO GRANDE-MARLASKA GÓMEZ. MINISTRO DE INTERIOR. Entró en la carrera judicial en 1987. En el 2004 sustituyó a Baltasar Garzón en la Audiencia Nacional. Cuando fue nombrado ministro, en el 2018, era vocal del Consejo General del Poder Judicial.

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«Estamos acostumbrados a trabajar con presiones. Los jueces las tenemos siempre». Cuando Fernando Grande-Marlaska (Bilbao, 1962) pronunció estas palabras en una entrevista concedida a La Voz en julio del 2017 no podía imaginar que once meses después se convertiría en ministro del Gobierno de España. Ministro no de Justicia, como su trayectoria profesional podía haber hecho suponer, sino de Interior. Ministro, además, de un Gobierno socialista. Su nombramiento fue una de las sorpresas del primer Ejecutivo de Pedro Sánchez. Grande-Marlaska estaba considerado un juez conservador y en el momento de su nombramiento era vocal del Consejo General del Poder Judicial, un puesto para el que había sido propuesto por el PP. Pero si este pasado había generado alguna duda en Pedro Sánchez, el año y medio transcurrido desde entonces parece haberla disipado: el presidente del Gobierno vuelve a confiar en él para la cartera de Interior.

Hijo de un policía local, habituado a trabajar con los cuerpos de seguridad durante sus años como juez y bregado en la lucha contra el terrorismo etarra durante su etapa en la Audiencia Nacional —estuvo incluso entre los objetivos de la banda—, en estos 18 meses cargando la cartera ministerial ha tenido ocasión de comprobar la presión de la política, de la que parece haber salido airoso.

Defensor de los derechos del colectivo LGTBI tras hacer pública su homosexualidad, uno de los charcos que han salpicado su mandato ha estado relacionado precisamente con el desfile del Orgullo. Acusado de fomentar el acoso que sufrió la comitiva de Ciudadanos por sus declaraciones tras el pacto de esta formación con Vox, tanto estos dos partidos como el PP se aliaron para pedir su dimisión.

Aunque su gestión en los disturbios de Cataluña tras la sentencia del procés le granjeó no pocas críticas —especialmente por la escasa intervención de la Guardia Civil—, finalmente consiguió salir sin grandes rasguños de un conflicto en el que se aplicó la premisa de la mínima intervención.

Preocupado por la inmigración ilegal, dedicó muchos esfuerzos a este capítulo y consiguió uno de sus objetivos, retirar las concertinas en Ceuta y Melilla. Otra de las medidas a las que dio prioridad fue el plan para frenar el narcotráfico en el Estrecho. Su nombramiento le permitirá elegir un nuevo equipo ahora que ha podido conocer por dentro el ministerio. Con él debe aplicar algunos de los acuerdos de investidura, como la cesión de Tráfico a Navarra o la de las prisiones vascas.