Madrid / la voz

Como Pedro Sánchez y Pablo Iglesias aseguraron este lunes en su comparecencia -sin preguntas y sin más medios que los gráficos- para presentar las líneas de trabajo de su Gobierno «progresista» de coalición, su objetivo es dejar atrás una década «perdida», de políticas «austericidas», y comenzar a desarrollar proyectos de cohesión, que «mejoren España y la vida de la gente». La traducción práctica, en lo que respecta al plano económico, pasa por desmontar las medidas estrella del Gobierno de Rajoy, pues entre las actuaciones recogidas en el acuerdo de legislatura están la derogación parcial de la reforma laboral del 2012 o una ley para volver a actualizar las pensiones con el IPC, finiquitando el índice de revaloración del PP, que lo vinculaba a la salud de la economía.

En materia laboral, el acuerdo plantea recuperar los «derechos arrebatados» por la reforma del 2012. Como medidas «urgentes», el texto habla de derogar el despido por absentismo por bajas por enfermedad -recientemente avalado por el Supremo-, de recuperar la ultraactividad de los convenios colectivos, de eliminar la preeminencia de los de empresa sobre los sectoriales y de limitar las modificaciones unilaterales de las condiciones del contrato por parte de la empresa.

También se comprometen a «revisar» la inaplicación de los convenios colectivos, así como a modificar el artículo 42.1 del Estatuto de los Trabajadores para limitar la subcontratación a servicios especializados ajenos a la actividad principal de la empresa.

En lo que respecta al salario mínimo interprofesional, la pretensión es que suba de forma «progresiva» hasta llegar al 60 % del salario medio del país, lo que se traduce en 1.200 euros al final de la legislatura.

Fulminarán la reforma de las pensiones del PP para revalorizarlas otra vez con el IPC En el plano fiscal, el acuerdo no va más allá de lo acordado entre el PSOE y la formación morada para los fallidos Presupuestos Generales del Estado (PGE) del 2018, es decir, elevar dos puntos la tarifa del IRPF para las rentas que rebasen los 130.000 euros y cuatro puntos para las que excedan los 300.000. También se gravarán más (dos puntos adicionales) las rentas de capital superiores a 140.000 euros. El documento no concreta, sin embargo, cómo modificará la fiscalidad de las grandes fortunas para que «contribuyan a un sistema fiscal más justo y progresivo».

Sobre el Impuesto de Sociedades, el futuro Gobierno bicolor pretende bajarlo al 23 % para las pymes que facturen menos de un millón de euros, y subir el tipo mínimo que pagan las grandes corporaciones al 15 %, que pasa al 18 % en el caso de bancos o las empresas de hidrocarburos.

En sus 50 páginas, el documento hace referencia a las pensiones en doce ocasiones. La novedad principal está en el compromiso de aprobar una ley que obligue a actualizar las pensiones en función del IPC «de forma permanente», además de «aumentar el poder adquisitivo» de las mínimas y no contributivas.

Frenar la subida «abusiva» del alquiler y «movilizar» las viviendas vacías

Uno de los caballos de batalla de Unidas Podemos es la especulación en el mercado del alquiler, con precios disparados en los últimos años. Pero el compromiso de «frenar las subidas abusivas» no se concreta más allá de enunciar que se impulsarán las medidas «necesarias para poner techo» a tal situación y de que Fomento habilitará unos índices de referencia de precios.

El texto también plantea definir qué es «vivienda vacía», para «movilizarla» a través de medidas de «estímulo o sanción» que las pongan en el mercado de alquiler a precios «razonables».

Igualmente, presta especial atención a impulsar los alquileres sociales para la población más vulnerable. Así, incluyen desarrollar un plan de actuación de Sareb (el banco malo) en este sentido, además de impedir que este tipo de viviendas sean vendidas a fondos buitre.

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