La Abogacía del Estado, la élite de los juristas al servicio del Ejecutivo de turno

Este cuerpo de la Administración desconocido para muchos se ha convertido en el árbitro de la investidura

Consuelo Castro Rey, abogada general del Estado y directora del Servicio Jurídico del Estado
Consuelo Castro Rey, abogada general del Estado y directora del Servicio Jurídico del Estado

Madrid / Colpisa

Eran casi unos desconocidos para buena parte de la ciudadanía, pero los abogados del Estado están ahora en boca de todos. Dicen que la investidura del próximo presidente del Gobierno depende de las alegaciones que la abogada general del Estado, la gallega Consuelo Castro Rey, presente ante el Supremo sobre la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Esta corte, con sede en Luxemburgo, reconoció la condición de eurodiputado al líder de ERC, Oriol Junqueras, condenado a 13 años de cárcel por sedición y malversación. Resolvió también que se vulneraron sus derechos políticos al no permitírsele asumir su escaño. Si el escrito de los servicios jurídicos del Estado complace a los republicanos, Pedro Sánchez podrá ser investido.

El cuerpo de abogados del Estado, creado en 1881, es lo más parecido a un gran bufete de la Administración central que depende del Ministerio de Justicia, y que cuenta con despachos en todas las provincias y representantes en casi todas las instituciones públicas. Son un cuerpo de élite al que muchos aspiran y pocos llegan, la flor y nata de los profesionales del Derecho. Son abogados que prestan asistencia jurídica al Estado y al que representan en lo contencioso. Y son buenos. Según la memoria del cuerpo, cada año se enfrentan a unos 150.000 casos, y ganan más del 80 %.

Son algo más de 600, aunque solo la mitad ejercen al servicio de la Administración. El resto disfruta de excedencia o tiene la jornada partida con algún despacho de relumbrón. Se puede decir que son de los funcionarios mejor pagados, sus ingresos se sitúan en los 80.000 euros anuales nada más acceder al cuerpo y en pocos años llegan a los 100.000. Pero toda cara tiene su cruz. Los incentivos son escasos porque ingresan ya en los niveles más altos de la carrera. Muchos se pasan al sector privado, «al lado oscuro», comentan en su jerga coloquial, donde sus servicios están mucho mejor pagados (hay casos de quíntuple remuneración). Tampoco es extraño el fichaje por la política. Soraya Sáenz de Santamaría y María Dolores de Cospedal son los últimos y más conocidos exponentes de estas puertas giratorias.

Los servicios jurídicos de la Administración han adquirido notoriedad al ir aparejados de la evolución el proceso independentista de Cataluña. La anterior abogada del Estado, Marta Silva de Lapuerta, presentó los recursos de inconstitucionalidad contra la consulta del 9 de noviembre del 2014 promovida por Artur Mas, y firmó el escrito contra la resolución independentista del Parlamento catalán del 11 de noviembre del 2015. Su sucesor, Eugenio López Álvarez, hizo lo propio con las llamadas leyes de desconexión, de septiembre del 2017, y el referendo ilegal de octubre del mismo año.

Pero lo que colocó a la Abogacía del Estado en el centro del debate fue la negativa de la actual abogada general, Consuelo Castro, a aceptar la tipificación de rebelión para los acusados en la causa del procés en el Supremo. Su compañero Edmundo Bal, hoy diputado de Cs, redactó en el 2018 hasta tres escritos de acusación con la imputación de ese delito. Pero Castro, más en sintonía con sus superiores gubernamentales, se limitó a la sedición. Bal dimitió, la letrada en el juicio fue Rosa María de Seoane y el Supremo dio la razón a la Abogacía.

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