Solicita al Tribunal Supremo que mantenga la euroorden contra el fugado
23 dic 2019 . Actualizado a las 20:29 h.Lo avanzó el mismo jueves, tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) reconociendo la inmunidad como europarlamentario al líder de ERC y exvicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, y este lunes materializó su postura ante el Supremo.
En un escrito de diez folios, la Fiscalía ha pedido al juez Pablo Llarena, instructor de la causa del procés, que mantenga todas las medidas cautelares acordadas contra el expresidente catalán, Carles Puigdemont, y contra el exconsejero Toni Comín, ambos fugados en Bélgica, así como que tramite «con la mayor urgencia posible» ante el Parlamento Europeo la suspensión de la inmunidad que adquirieron como eurodiputados electos.
Cabe recordar que, una vez hecha pública la sentencia sobre Junqueras, ambos exdirigentes se desplazaron el viernes pasado a Bruselas para iniciar ante la Cámara los trámites para acreditarse como eurodiputados, con el objetivo de ocupar su escaño en el pleno inaugural del próximo 13 de enero.
Los cuatro fiscales de sala —Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal, Jaime Moreno y Fidel Cadena—, que firman el informe, fechado el día 20, defienden que el alto tribunal comunique al Parlamento Europeo el mantenimiento de las medidas cautelares que pesan sobre los independentistas huidos, es decir, la euroorden de detención contra ellos, que la Justicia belga está tramitando; la declaración en rebeldía de ambos —que, indica el texto, «solo podrá dejarse sin efecto cuando comparezcan voluntariamente o sean entregados para responder de los cargos»— y la prisión provisional decretada en su día.
Respecto a la orden de extradición a España, sobre la que las autoridades belgas aún no se han pronunciado (la semana pasada aplazaron su decisión hasta el 3 de febrero), la Fiscalía pide a Llarena que les solicite que no resuelvan hasta que el Parlamento Europeo decida sobre la suspensión de la inmunidad.
Todas las medidas cautelares adoptadas sobre ambos exdirigentes las defiende el Ministerio Público como precisas para salvaguardar los fines del procedimiento penal en el que están incursos, acusados de los delitos de sedición y malversación.
Por su parte, en una entrevista en el diario Ara, Comín apeló ayer a desgastar económicamente a la UE. «Podría ser que tengamos que ser un problema también económico para Europa para acabar de ganar», sentenció.
ANÁLISIS
Desmontar su «paraguas» frente a la Justicia
El escrito de la Fiscalía es especialmente duro en lo relativo al reconocimiento de la inmunidad para Puigdemont y Comín como eurodiputados electos. Recuerda que se encuentran en rebeldía «por delitos muy graves», que justifican las medidas cautelares acordadas sobre ellos «con bastante antelación al inicio del proceso electoral», y les acusa de haberse presentado a las europeas solo para acogerse al «paraguas de la inmunidad» que la Eurocámara les brindaba, para tratar así de eludir a la Justicia española.
«Su presentación como candidatos en las elecciones al Parlamento y su elección se han producido ya procesados y habiéndose fugado previamente de la Justicia española, por lo que eran plenamente conscientes de las limitaciones que comportaba su situación procesal en el efectivo ejercicio de sus derechos políticos», subraya el texto.
Prosigue argumentando que «en ningún caso» la inmunidad puede convertirse en un «refugio protector o generador de impunidad» en un proceso penal como el abierto contra los líderes independentistas.
La inmunidad es «una garantía protectora» contra la apertura de procesos que pretenden alterar el normal funcionamiento de las Cámaras [el Parlamento Europeo en este caso], pero no «para impedir el desenlace de una causa penal en la que el diputado o senador ya ha sido procesado y la investigación está concluida».
Y es que no hay que olvidar que la causa del procés se cerró para el resto de acusados, con Junqueras a la cabeza, con condenas de entre nueve y trece años de cárcel por sedición y malversación. El plazo para que todas las partes presenten sus alegaciones expira el 2 de enero. Hasta el momento solo la Fiscalía y Vox, como acusación popular en la causa, lo han hecho.
