El exjefe del Ejército de Tierra fichado por Vox acusa a Pedro Sánchez de «traición»

Nacho de la Fuente
Nacho de la Fuente REDACCIÓN

ESPAÑA

El expresidente Zapatero y la fallecida exministra de Defensa Carme Chacón junto al vicealmirante Manuel Rebollo García (izquierda); el teniente general de Tierra, Fulgencio Coll (ahora en Vox); el teniente general del Ejército del Aire José Julio Rodríguez Fernández (ahora en Unidas Podemos); y el teniente general del Aire José Jiménez Ruiz
El expresidente Zapatero y la fallecida exministra de Defensa Carme Chacón junto al vicealmirante Manuel Rebollo García (izquierda); el teniente general de Tierra, Fulgencio Coll (ahora en Vox); el teniente general del Ejército del Aire José Julio Rodríguez Fernández (ahora en Unidas Podemos); y el teniente general del Aire José Jiménez Ruiz Juan M. Espinosa | Efe

El general retirado, al que nombró Zapatero máximo responsable del Ejército de Tierra, alerta de que el actual presidente es un «problema para la seguridad nacional»

22 dic 2019 . Actualizado a las 17:21 h.

Bajo el título «Pedro Sánchez, un problema para la seguridad nacional», el exgeneral Fulgencio Coll -jefe del Ejército de Tierra del 2008 al 2012- ha abierto una fuerte polémica con un artículo suyo publicado el pasado miércoles en la edición balear del diario El Mundo

El general retirado de cuatro estrellas carga duramente contra el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, por las negociaciones que está realizando para lograr su investidura. Coll -actual portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Palma de Mallorca- propone que Sánchez, en virtud del artículo 102 de la Constitución, sea acusado ante la Sala Segunda del Supremo «por traición o cualquier otro delito contra la seguridad del Estado».

Para el exgeneral Fulgencio Coll, de 71 años, el mayor problema de España es «que la conducta de una persona ponga impunemente en peligro la legitimidad institucional del Estado». En su polémico artículo indica que Sánchez «busca una satisfacción personal sin reparar en que el daño institucional es evidente, pues va a negociar una reforma del Estado de contenido y alcance desconocidos con una minoritaria representación para quebrar el orden constitucional. Y ese es un comportamiento que no es legítimo, ni se puede consentir, de un presidente del Gobierno».