Los políticos huidos no perderían sus escaños de eurodiputados hasta ser condenados
20 dic 2019 . Actualizado a las 20:16 h.La sentencia del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) sobre la inmunidad de Oriol Junqueras como eurodiputado ha tenido ya una consecuencia inmediata: que los huidos Carles Puigdemont y Toni Comín entraran este viernes en el Parlamento Europeo para iniciar los trámites que les permitan obtener en enero su acreditación como eurodiputados (el jueves les entregaron un documento provisional). Pero no solo eso. Con el fallo también ha llegado un término poco conocido, pero clave en las implicaciones de este proceso: el suplicatorio.
Para entenderlo hay que comenzar por explicar la inmunidad parlamentaria, que garantiza que un eurodiputado pueda ejercer libremente su mandato sin ser objeto de persecución política arbitraria. Tal protección es doble, ya que goza de inmunidad en su país y también en el resto de Estados miembros, donde no pueden ser detenidos ni procesados.
Sin embargo, las autoridades judiciales nacionales pueden pedir la suspensión de este derecho. Si eso ocurre, el presidente del Parlamento Europeo debe comunicar en el pleno de Estrasburgo que ha recibido el suplicatorio correspondiente y enviarlo a la comisión de Asuntos Jurídicos, que elaborará un informe recomendando a la Eurocámara que apruebe o desestime la petición. La decisión final —que requiere mayoría simple— deberá votarla el pleno. Aunque en un 90 % de los casos los suplicatorios se conceden, el trámite es largo y suele demorarse no menos de un año.
¿Qué consecuencias tendría para Puigdemont y Comín? En el caso de que España envíe la petición de retirada de inmunidad de los secesionistas fugados, y sea aceptada por la Eurocámara, no implicaría que perdieran automáticamente su escaño. Solo permitiría a los tribunales españoles juzgarlos y, en el caso de ser declarados culpables, correspondería a España decidir si pierden o no su escaño.
Antecedentes variados
Aunque es un trámite novedoso para España, es bastante común en el Parlamento Europeo. De hecho, en los últimos años ha ido aumentando, pasando de los 42 casos en la sexta legislatura (2004-2009), a 43 en la séptima (2009-2014) y 61 en la pasada.
En la octava legislatura, la que expiró esta primavera, de los 61 suplicatorios que tramitó la Eurocámara, 55 fueron peticiones para retirar la inmunidad a eurodiputados y las seis restantes, solicitudes para defenderse. Los motivos fueron de lo más variopinto. Por ejemplo, en marzo se levantó la inmunidad de la eurodiputada alemana Monika Hohlmeier por un accidente que tuvo el 27 de noviembre del 2018, en el que causó daños por un valor de 287,84 euros. Sin embargo, en noviembre de ese mismo año, el pleno no aprobó otro caso, el del eurodiputado griego Manolis Kefalogiannis, acusado de tentativa de fraude contra los intereses financieros de la UE por una suma de 73.000 euros, por haber desviado ilegalmente parte del sueldo de uno de sus asistentes.
El Supremo da a las partes hasta el 2 de enero para presentar alegaciones
ana balseiro
Tras el bofetón de Luxemburgo, el Supremo analiza ahora cómo encajarlo y dar cumplimiento a la sentencia relativa a la inmunidad del líder de ERC, Oriol Junqueras, condenado por sedición. Lo que el tribunal hizo ya el mismo jueves fue dar traslado a las partes —Fiscalía, Abogacía del Estado, acusación popular y la defensa— para que presenten alegaciones. El plazo para ello es de cinco días hábiles, que con la concentración de fiestas navideñas retrasa hasta el 2 de enero la fecha límite, según confirmaron a La Voz fuentes del Supremo (cinco días, más el de gracia).
El letrado de Junqueras, Andreu van den Eynde, sostiene que la sentencia del TJUE reconociéndole la inmunidad implica de facto la nulidad del fallo del Supremo (una condena a 13 años de prisión) y su excarcelación, y que así lo hará constar en sus alegaciones. La Fiscalía, por su parte, avanzó que se opondrá a tal extremo. Falta saber cuál será la posición de la Abogacía del Estado, que el pasado junio se mostró a favor de que el líder de Esquerra saliera de prisión para recoger su acta de eurodiputado, a diferencia del fiscal. La portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, aseguró ayer que el Ejecutivo no dará «instrucciones» en relación al informe que la Abogacía del Estado debe presentar.
La sala segunda del Supremo, por el momento, está estudiando «en profundidad» el contenido íntegro del fallo del TJUE.
