Asume que hay un conflicto político, abre el diálogo con Torra y paraliza los recursos en el Constitucional
17 dic 2019 . Actualizado a las 05:00 h.«Los líderes independentistas no son de fiar». Eso es lo que dijo Pedro Sánchez solo dos días antes de las elecciones del 28A. Apenas siete meses después, tras una investidura fallida y unos nuevos comicios, el líder del PSOE lo fía todo para poder ser investido a lograr un acuerdo con los secesionistas. Con ese objetivo, no solo ha accedido a negociar con ERC, a la que ahora califica de «izquierda histórica», sino que ha hecho ya numerosas concesiones al independentismo -«gestos» en la terminología secesionista-, sin que ERC haya cedido en nada en sus posiciones maximalistas de autodeterminación y amnistía.
¿Problema de convivencia o conflicto político?
Sánchez acuñó hace tiempo la expresión, mil veces repetida, de que lo que existe en Cataluña es «un problema de convivencia». Con esa máxima se presentó a las últimas elecciones. En su primera comparecencia tras llegar a un acuerdo con Unidas Podemos para formar un Gobierno de coalición, habló ya, sin embargo, de «crisis política» y «crisis territorial» en Cataluña. Pero a ERC siguió sin parecerle suficiente y exigió que asumiera que hay un «conflicto político». Dicho y hecho. Tras la primera reunión de los equipos negociadores, PSOE y ERC emitieron un comunicado en el que se apelaba a la necesidad de diálogo para encauzar el «conflicto político» en Cataluña. Algo que va más allá incluso de la declaración de Pedralbes entre Sánchez y Torra, que se refería a «un conflicto sobre el futuro de Cataluña».
¿Ha habido cesiones de carácter judicial?
Sí. El Gobierno ya forzó en su día a la Abogacía del Estado a retirar la acusación de rebelión contra los líderes del procés, destituyendo al abogado del Estado Edmundo Bal por negarse a acatar la orden. Pero el pasado jueves, ya en plena negociación con ERC, dio oto paso cuando la Fiscalía de la Audiencia Nacional solicitó la libertad bajo fianza de tres de los miembros de los CDR acusados de un delito de terrorismo, cambiando así su petición inicial de prisión incondicional.
¿Ha cambiado algo para que Sánchez llame ahora a Joaquim Torra tras no cogerle el teléfono?
No. Sánchez se negó reiteradamente a coger el teléfono a Torra cuando este le llamaba para establecer un diálogo tras la sentencia del procés. Aseguró que no hablaría con él hasta que condenara «rotundamente la violencia» en las protestas tras la condena a los líderes independentistas. ERC, sin embargo, exigió en la mesa de negociación que Sánchez llamara a Torra. Y la primera decisión tras recibir el encargo de investidura, a pesar de que Torra sigue sin condenar esos actos, fue anunciar que llamaría al presidente catalán, aunque enmascarara esa rectificación en una ronda con todos los presidentes autonómicos. Otra cesión ante ERC fue hablar de que cualquier diálogo se produciría «en el marco de la seguridad jurídica», evitando referirse a la Constitución.
¿Se han parado los recursos al Constitucional?
Sí. En línea con lo que hizo en su día el PP, el Gobierno de Pedro Sánchez había recurrido al Tribunal Constitucional todas las resoluciones de carácter independentista aprobadas en el Parlamento catalán. Ahora, sin embargo, y aunque sí recurrió una similar en octubre, tras iniciar la negociación con ERC el Ejecutivo en funciones no ha recurrido la moción aprobada en la Cámara catalana el 26 de noviembre, que defendía la autodeterminación y reprobaba a la monarquía.
¿Mesa entre partidos o entre Gobiernos?
Sánchez siempre defendió que el cauce adecuado para el diálogo era la mesa de partidos creada en Cataluña a instancias del PSC. Ahora, sin embargo, tras sentarse a la mesa con una representación de ERC que incluye a Josep Maria Jové, imputado por ser uno de los cerebros del procés, admite en el último comunicado conjunto que se han producido avances «en la definición de los instrumentos necesarios para encauzar el conflicto político» desde «el respeto y el reconocimiento institucional mutuo». Una frase muy medida que en realidad abre la puerta a una negociación de igual a igual entre el Gobierno y la Generalitat, tal como exige el secesionismo. El líder del PSC, Miquel Iceta, apoya ya abiertamente una negociar entre Gobiernos.
La apuesta por el pacto con ERC cuestiona el apoyo de aliados como el PRC de Revilla
La apuesta de Pedro Sánchez por constituir un Gobierno de coalición con Unidas Podemos negociando con ERC su abstención en la investidura y sin abrir la puerta a ninguna otra fórmula que le permita ser presidente del Gobierno en solitario pone en riesgo el apoyo de algunos de sus posibles aliados necesarios para completar la mayoría. Entre ellos, el del único partido que votó a favor de su investidura tras el 28 de abril: el Partido Regionalista de Cantabria (PRC). Su líder, Miguel Ángel Revilla, ha supeditado ya su respaldo a que no haya cesiones a los independentistas. El presidente de Cantabria lo dejó claro al asegurar, en referencia a la promesa de impulsar la conexión ferroviaria con Madrid y Bilbao, que prefiere «quedarse sin tren a que España se rompa». Las cesiones a ERC ponen también en dificultades el apoyo de otro de los partidos imprescindibles para alcanzar la mayoría, incluso con la abstención de ERC, en caso que el PP y Ciudadanos votaran en contra: Coalición Canaria. Su portavoz parlamentaria, Ana Oramas, expresó tras las pasadas elecciones su negativa a votar a favor de ningún Gobierno en el que estuviera presente Unidas Podemos. Ahora, sin embargo, los canarios están dispuestos a apoyar al Gobierno de coalición entre Sánchez e Iglesias, aunque los términos de la negociación entre el PSOE y ERC podrían hacer peligrar ese respaldo. Con el voto en contra del PRC y de Coalición Canaria, Sánchez no sería investido ni aunque lograr el apoyo de Unidas Podemos, PNV, Más País, el BNG y Teruel Existe y la abstención de ERC y EH Bildu. En ese caso, habría un empate a 166.