barcelona / colpisa

Las tres prisiones catalanas en las que están encarcelados los nueve presos del procés condenados por sedición propusieron este miércoles clasificarlos en el segundo grado penitenciario, la calificación más común. No es el régimen cerrado del primer grado ni el de semilibertad del tercero. En virtud del segundo grado, cada interno tiene derecho a salir del penal 36 días al año, siempre y cuando haya cumplido más de una cuarta parte de la condena. Para los Jordis, este supuesto será efectivo a mediados de enero. Junqueras, que tiene la pena más alta, trece años, deberá esperar un año más.

La decisión, en cualquier caso, no es definitiva. Se trata de la propuesta que las juntas de tratamiento de cada una de las prisiones ha elevado a la Secretaría General de Medidas Penales de la Consejería de Justicia de la Generalitat, que es la que antes de dos meses deberá emitir una resolución que fijará el régimen penitenciario para Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Cuixart, Jordi Sànchez, Jordi Turull, Josep Rull, Carme Forcadell, Dolors Bassa y Joaquim Forn, condenados a penas de entre nueve y trece años. Según el secretario de Medidas Penales, Reinserción y Atención a la Víctima de la Consejería de Justicia de la Generalitat, Armand Calderó, las propuestas no se adoptaron por unanimidad, sino que hubo «un intenso debate» porque algunos técnicos se decantaban por el tercer grado.

La resolución definitiva sobre el grado penitenciario, que normalmente suele coincidir con el del informe inicial de las juntas de tratamiento, debe realizarse en un plazo máximo de dos meses. A partir de ese momento, abogados defensores y la Fiscalía podrán recurrir la decisión. Calderó insistió en que la última palabra en todas las resoluciones penitenciarias la tiene un juez.

Flexibilizar el grado

A los seis meses, en junio, Instituciones Penitenciarias deberá revisar de nuevo la clasificación de los reclusos. A partir de que la clasificación del segundo grado sea firme, los presos podrían también acogerse al artículo 100.2 del reglamento penitenciario. De ahí que algunos presos estén buscando trabajo. Es el régimen al que se acogió Oriol Pujol para poder salir para ir a trabajar y regresar al penal a dormir. Otra forma de flexibilizar el segundo grado es a través del artículo 117 del mismo reglamento, vía a la que se ha acogido Iñaki Urdangarin con trabajos de voluntariado. En estos supuestos, la decisión última recaería en un juez de vigilancia penitenciaria, a diferencia del tercer grado, cuya decisión última depende del Supremo porque fue el tribunal juzgador.

Está por ver cuál es la actitud de la Fiscalía, en un momento en que el PSOE y ERC están inmersos en una negociación para desencallar la investidura de Pedro Sánchez y en la que los republicanos reclaman a los socialistas que abandonen la vía de la «represión» y la judicialización de política.

Decepción

Tras conocerse la decisión de las juntas de tratamiento, Esquerra lanzó un primer aviso a la Fiscalía, y de forma indirecta al Gobierno, y afirmó que «no entendería» un eventual recurso tanto si los abogados de los presos apuestan por pedir un tercer grado como si creen preciso acogerse al 100.2. El propio Calderó señaló que «el 100.2 es un muy buen instrumento que en cualquier momento se puede utilizar». Fuentes independentistas compartieron esta visión en detrimento de la calificación inmediata en tercer grado porque los recursos de los condenados en el primer caso los resuelve un juez de vigilancia penitenciaria, mientras que en el segundo van al Tribunal Supremo. Aun así, la decisión de las juntas de tratamiento volvió a desencadenar un nuevo enfrentamiento entre JxCat y ERC. El martes, los abogados defensores de los presos ya mostraron sus diferencias, pero este miércoles las discrepancias se produjeron entre las direcciones de las dos formaciones.

Los posconvergentes se mostraron «decepcionados» con los funcionarios del Departamento de Justicia. Recordaron que esa cartera está en manos de Esquerra y advirtieron de que si no se les ha aplicado ya el tercer grado es porque la Consejería de Justicia ha cedido a las «presiones» que le llegan del resto de España. Josep Costa, vicepresidente del Parlamento catalán, defendió que no había motivos para negar el tercer grado. Esquerra Republicana pidió a sus socios «respeto» por unas decisiones que situó en el ámbito «técnico» y no político.

Por otra parte, el Tribunal Supremo rebajó de 60.000 a 35.600 euros las multas impuestas por desobediencia a los exconsejeros Carles Mundó y Meritxell Borràs, y a 48.400 euros a Santi Vila, al descontar el tiempo que estuvieron en prisión preventiva (un mes los primeros y solo un día el segundo) y las medidas cautelares que les fueron impuestas.

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El segundo grado a los presos del 1-O complica aún más las negociaciones