El Tribunal Superior catalán denuncia que la exvicepresidenta Ortega burló su condena de inhabilitación al trabajar para la Generalitat

JxCat y ERC también se enganchan por la calificación penitenciaria de los presos

el expresidente de la Generalitat, Artur Mar, y la exvicepresidenta de la Generalitat, Joana Ortega
el expresidente de la Generalitat, Artur Mar, y la exvicepresidenta de la Generalitat, Joana Ortega

Madrid / La Voz

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha denunciado a la exvicepresidenta de la Generalitat, Joana Ortega, por «burlar» la condena de nueve meses de inhabilitación que el Supremo le impuso por el 9N, la consulta secesionista convocada en el 2014 por el entonces presidente Artur Mas. El tribunal sostiene en un auto que Ortega ejerció como asesora de la Consejería de Empresa, con un cargo «generosamente retribuido» (32.110 euros brutos), durante el período en el que estaba inhabilitada, por lo que ha derivado el asunto a los juzgados de Barcelona, para que investiguen si los hechos pueden ser constitutivos de delito.

La exvicepresidenta fue contratada como asesora el pasado 17 de mayo, por lo que su inhabilitación aún no había expirado, ya que entró en vigor el 23 de enero, cuando el Supremo decretó la firmeza de la sentencia. «La condenada ha burlado los efectos de la pena impuesta, asumiendo cargo o empleo análogo a las funciones de Gobierno que tenía prohibidas», subraya el TSJC en su auto, en el que constata «la incompatibilidad» de la actividad desempeñada por Ortega con la condena del Supremo y deja sin efecto la liquidación de su inhabilitación, que debería de haberse producido el 19 de octubre. Si al final se acredita que incumplió la pena, esta volvería a computarse desde cero a partir de la fecha en la que abandonó el cargo de asesora, el pasado octubre.

Aunque el TSJC admite que la actividad desarrollada por Ortega «no es un cargo público electo, ni supone ejercicio personal directo de gobierno», considera que «presenta todas las trazas requeridas para ser tenida como actividad o cargo análogo al desempeño de funciones de gobierno autonómico, impedidas por la pena de inhabilitación impuesta». La defensa de Ortega lo niega y dice que era contrato de «personal eventual». 

La sentencia de Torra

También ayer, el TSJC inició las deliberaciones sobre la sentencia del presidente Quim Torra por un delito de desobediencia, tras negarse a acatar la orden de la Junta Electoral de retirar los lazos amarillos de la Generalitat en la campaña de los comicios del 28 de abril. El objetivo de los magistrados es tener listo el fallo antes de las fiestas navideñas.

Quienes no las pasarán en familia serán los líderes del procés condenados por el Supremo, ya que aunque las juntas de tratamiento de las cárceles de Lledoners, Mas Enric y Puig de les Basses se reúnen esta semana para proponer la clasificación de los reclusos, parece improbable que obtengan beneficios penitenciarios antes del nuevo año, ya que la Generalitat tiene dos meses para ratificar o enmendar la propuesta de la prisión.

Esta cuestión ha hecho aflorar de nuevo el choque entre ERC (que dirige la Consejería de Justicia) y JxCat. El letrado de Jordi Sánchez, Jordi Turull y Josep Rull (de JxCat) defendió el acceso al tercer grado, que les permitirá salir de la cárcel y volver solo para dormir. Según fuentes del equipo jurídico de los presos de ERC (Junqueras, Romeva, Bassa y Forcadell), estos esperan un segundo grado (abre la puerta a salir de prisión) y recurrirán para lograr el tercero.

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