La Fiscalía acusa a UGT Asturias de desviar más de 1,4 millones de sus cursos de formación

El Ministerio Fiscal considera que el sindicato destinó parte de la subvención a gastos estructurales. El abogado de la central defiende que son partidas «subvencionables»

Agentes de la UCO de la Guardia Civil registraron, en enero del 2017, la sede central de UGT Asturias
Agentes de la UCO de la Guardia Civil registraron, en enero del 2017, la sede central de UGT Asturias

Oviedo / la voz

Cinco años después de que se iniciaran las investigaciones, el caso continúa abierto y siguen conociéndose nuevos datos. La Fiscalía cree que UGT Asturias y su fundación IFES (Instituto de Formación y Estudios Sociales) desviaron más de 1,4 millones de las subvenciones recibidas para impartir cursos de formación y que destinaron esas partidas a gastos estructurales del sindicato. El Ministerio Fiscal considera que hay pruebas suficientes para demostrar este punto, aunque desde la central se defienden y se muestran convencidos de que actuaron conforme a la ley. Será el juez quien decida si se trata de una acción legal o no.

El caso de Asturias nada tiene que ver con el de los ERE de Andalucía por el que fueron condenados los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán. El primero a seis años de cárcel y el segundo a nueve años de inhabilitación. En Andalucía el juez destapó un «sistema fraudulento», dotado con 680 millones, que, sin control, repartió fondos a empresas en crisis. Los políticos fueron condenados por prevaricación y malversación. En Asturias, se acusa a UGT de destinar parte de una subvención a gastos que no contemplaba esa línea de ayudas. Las subvenciones fueron concedidas por el Principado y estaban cofinanciadas con el Fondo Social Europeo.

Costes de personal

En Asturias todavía no se ha iniciado el juicio. Es la Fiscalía la que fija en más de 1,4 millones la cantidad supuestamente desviada por el sindicato. El Ministerio Fiscal estima que los beneficios fueron destinados a la financiación de gastos estructurales, fundamentalmente, costes de su personal laboral, y a capitalizar una sociedad vinculada para, a través de ella, cubrir pérdidas generadas en otras actividades. 

La Fiscalía ve indicios racionales de delito en el entonces secretario general de UGT de Asturias, Justo Rodríguez Braga, que dejó el cargo en el 2016 tras dieciséis años al frente de la organización, y otros cinco trabajadores del sindicato. En su escrito, remitido al Juzgado de Instrucción número 4 de Oviedo, sostiene que el desvío sistemático de fondos públicos se llevaba a cabo mediante «diversos subterfugios» con los que UGT y su fundación IFES lograban «enmascarar los costes reales de ejecución de las acciones formativas por las que recibían subvenciones».

La Fiscalía defiende que existen indicios suficientes para formular la acusación a través de las testificales practicadas, la numerosa documentación recogida y los informes periciales de la Intervención General de la Administración del Estado y la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT).

El sindicato se defiende

El abogado de UGT Asturias, Francisco Alonso, responde al escrito de la Fiscalía. Según defiende, existe «un error de partida», ya que hay un «empecinamiento» en decir que se desviaron fondos por unos gastos que no son de la subvención cuando, a su juicio, son «indirectos o asociados» y, por tanto, «subvencionables».

Alonso sostiene que se trata de gastos indirectos y asociados que tienen unos límites que están marcados por la propia convocatoria, que están en el 20 % durante los años 2010 y 2011 y del 10 % durante el 2012 y el 2013, más otro 5 % por gastos de evaluación que, según el letrado, también son indirectos. «No hay delito, las pruebas periciales lo demuestran y está respaldado por la legislación», reitera.

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