El tribunal mantiene en libertad a los condenados por el caso de los ERE por entender que no hay riesgo de fuga
ESPAÑA
La Audiencia Provincial de Sevilla decide no enviar a prisión a los dos exconsejeros de Empleo y los dos ex directores generales de Trabajo, a pesar de la petición de la Fiscalía Anticorrupción
30 nov 2019 . Actualizado a las 10:16 h.El tribunal de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla, que juzgó la pieza política de los ERE, ha notificado este viernes un auto en el que decide mantener en libertad a los exconsejeros de Empleo de la Junta de Andalucía Antonio Fernández y José Antonio Viera y los exdirectores generales de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero y Juan Márquez, condenados a penas de cárcel por prevaricación y malversación en la pieza política de los ERE, frente a la petición de la Fiscalía Anticorrupción y de la acusación particular del PP-A que solicitaba su ingreso en prisión provisional por riesgo de fuga.
En el auto, consultado por Europa Press, la Audiencia asegura que ninguno de los criterios esgrimidos para valorar el riesgo de fuga «indicaría en este caso un riesgo objetivo más allá de la posibilidad, siempre existente, de que una persona decida no comparecer ante la Justicia» y recuerda que los acusados «tienen un domicilio conocido, donde han sido citados cada vez que ha resultado necesario».
Libres de sospecha
En la misma línea, subraya que los cuatro acusados «han comparecido a los llamamientos judiciales cada vez que han sido citados, la última vez, para la comparecencia celebrada» este pasado jueves «sin que aparezca ningún dato adicional del que pueda deducirse la sospecha de que puedan eludir la acción de la justicia».
El auto mantiene las medidas cautelares impuestas a Guerrero y Fernández y acuerda comunicar a la Dirección General de la Policía la prohibición de expedirles pasaporte. Además la Audiencia impone a Viera y Márquez la designación de domicilio en el que puedan ser localizados, debiendo comunicar inmediatamente cualquier cambio del mismo; la obligación apud acta de comparecer ante el tribunal el primer lunes de cada mes y cada vez que les llame este órgano judicial o por el que conozca de la causa, así como la prohibición de abandonar el territorio español, debiendo hacer entrega del pasaporte. También se acuerda comunicar a la Dirección General de la Policía la prohibición de expedirles pasaporte.
Petición de la Fiscalía Anticorrupción
Esta decisión judicial se produce después de que las defensas de estos cuatro exaltos cargos de la Junta rechazasen en una vista celebrada este jueves la petición de prisión provisional de la Fiscalía Anticorrupción al no apreciar riesgo de fuga, «ya que durante todos estos años de instrucción han colaborado con la justicia y además cuentan con arraigo familiar y carecen de medios económicos para darse a la fuga», ya que «cobran entre 400 y 700 euros mensuales, al tener embargados sus salarios y sus bienes inmuebles».
Guerrero además ya está condenado por la Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla a cinco años y nueve meses de prisión y a diez años de inhabilitación absoluta por los delitos continuados de prevaricación, malversación de caudales públicos y falsedad en documento oficial en concurso medial por las contrataciones vinculadas con la empresa Umax Informática y Consultoría, una sentencia que está recurrida y que también condena a Juan Márquez a una pena de cinco años y tres meses de cárcel y nueve años de inhabilitación absoluta.
Ya estuvieron en prisión provisional
Tanto Antonio Fernández como Francisco Javier Guerrero ya estuvieron en prisión provisional durante la instrucción del caso. Guerrero fue el primero que pisó la cárcel cuando la juez de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, ordenó su ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza el 10 de marzo de 2012 como presunto autor de hasta seis delitos, en concreto sendos delitos continuados de prevaricación, malversación de caudales públicos y cohecho, así como dos de falsedad en documento oficial y un último delito de falsedad en documento mercantil.
Tras aquella decisión, el exdirector general de Trabajo y Seguridad Social permaneció durante más de siete meses en la cárcel de Sevilla I hasta el 22 octubre, cuando abandonó la prisión después abonar 50.000 euros de fianza, volviendo a la cárcel en marzo del 2013 y saliendo tres meses después.
Por su parte, Antonio Fernández ingresó en prisión preventiva el 24 de abril de 2012 y salió en el mes de agosto de ese mismo año tras pagar una fianza de 450.000 euros. En aquellas fechas, su abogado remarcó que el pago de esta fianza, que se abonó en metálico, fue posible gracias a «la ola de solidaridad» que protagonizaron tanto «amigos de Fernández como ciudadanos anónimos», que, «de forma voluntaria» y desde que se conoció la cifra a la que ascendía esta fianza, que «excedía sus posibilidades económicas», fueron aportando «pequeñas cantidades» hasta que se logró reunir la suma total.
En su auto de prisión, la jueza Alaya consideró que el exconsejero «habría hecho una dejación absoluta de las funciones que le correspondían, generando las lamentables consecuencias que se han producido de enriquecimiento injustificado para unos y de empobrecimiento para las arcas de la comunidad autónoma andaluza por el despilfarro continuado de fondos públicos».
En total, tras la sentencia de la pieza política del caso ERE 19 de los 21 ex altos cargos de la Junta juzgados han resultado condenados, diez de ellos a penas de prisión -entre ellos el expresidente José Antonio Griñán-, nueve únicamente a la inhabilitación -incluido el expresidente Manuel Chaves-, y sólo dos, el exinterventor general de la Junta Manuel Gómez y el exjefe del Gabinete Jurídico Francisco del Río, han sido absueltos de todos los delitos.