Sánchez trata de pasar página sobre los ERE para no perjudicar su investidura

Elude pronunciarse sobre una sentencia que debilita sus argumentos contra Rajoy

Pedro Sánchez, este miércoles, en el Congreso de las Empresas Familiares Europeas
Pedro Sánchez, este miércoles, en el Congreso de las Empresas Familiares Europeas

MADRID / La Voz

Silencio. Esa es la respuesta de Pedro Sánchez a la sentencia del caso de los ERE. El líder del PSOE no ha dicho una sola palabra sobre este asunto desde que se conoció el fallo, que llega en un momento crítico para él, en plena negociación de la investidura. Este miércoles, en el Congreso Europeo de Empresas Familiares, eludió todas las preguntas que recaban su opinión. Sánchez evita así cuestionar a José Antonio Griñán y Manuel Chaves, aunque la orden es desmarcarse de la sentencia, asegurando que es un asunto que afecta exclusivamente a los socialistas andaluces. Pero, más allá de las declaraciones, las condenas han sido un mazazo para el PSOE, porque cuestionan gran parte de los argumentos que utiliza para reclamar apoyos a la investidura y los que esgrimió para justificar la moción de censura contra Mariano Rajoy

El fallo le llega a Sánchez, que solo es presidente en funciones gracias a esa moción de censura, en el peor momento, cuando pretende afirmarse como un jefe del Ejecutivo investido por el Parlamento tras ganar unas elecciones. De ahí que marque la máxima distancia. La sentencia, sin embargo, hace más difícil que lo consiga porque quienes la respalden tendrán que asumir el coste de apoyar a un partido con dos expresidentes condenados y probablemente eleven el precio de su apoyo. Incluso un miembro de la ejecutiva socialista como Odón Elorza no comparte las tesis de Sánchez y opina que «este nuevo PSOE» debe pedir «perdón» a la ciudadanía por la sentencia. Un argumento en el que coincide con el senador electo del PP Rafael Hernando, quien exigió al líder socialista «pedir perdón» por el «régimen» de «corrupción institucionalizada». Más lejos aún llegó el también senador popular José Manuel Barreiro, que indicó que «si tuviera un mínimo de dignidad política», Sánchez «tenía que haber presentado su dimisión». 

Tranquiliza a los empresarios

La tesis del PSOE para explicar por qué exigió la dimisión de Rajoy después de que el PP fuera condenado como partícipe a título lucrativo por valor 245.000 euros en las campañas electorales de dos pueblos de Madrid y, sin embargo, no se siente concernido por los 680 millones de euros defraudados por el Gobierno socialista andaluz, es que ni el partido, ni Griñán, ni Chaves se lucraron, aunque buena parte de ese dinero se destinó a personas que no tenían ningún derecho a percibir ayudas, con el objetivo de crear una red clientelar. La Fiscalía de Sevilla denunció precisamente ayer al ex teniente de alcalde socialista de Huévar del Aljarafe, Francisco Martín González, por la supuesta compra de votos en esta localidad.

Sánchez, sin embargo, pretende pasar página cuanto antes y se mostró convencido de que el bloqueo político acabará en las «próximas semanas» y se podrá abrir una «nueva etapa» de estabilidad, en la que «se reduzca la crispación» Sin explicar con qué apoyos pretende ser investido, insistió ante los empresarios en que su acuerdo con Unidas Podemos es «el paso decisivo» para «disponer de un Gobierno en plenas funciones sobre el que no pese la amenaza de la provisionalidad». Dando por hecho que gobernará, prometió que mantendrá el compromiso con la disciplina fiscal y la estabilidad presupuestaria.

Los condenados podrían retrasar su entrada en prisión más de un año aún 

La Fiscalía Anticorrupción de Sevilla ha pedido que ingresen en prisión cuatro de los 19 condenados en la pieza política de los ERE: los exconsejeros de Empleo Antonio Fernández y José Antonio Viera y los ex directores generales de Trabajo Francisco Javier Guerrero y Juan Márquez, que fueron sentenciados a siete años y once meses de cárcel. El ministerio público no pide, sin embargo, esa medida para el expresidente de la Junta andaluza, Jose Antonio Griñán, cuya condena es a seis años de prisión por prevaricación y malversación. Por tanto, el expresidente del PSOE no entraría en la cárcel hasta que el Tribunal Supremo resuelva si confirma o no las medidas impuestas.

La decisión sobre las peticiones de prisión provisional se tomará en una vista en la Audiencia Provincial de Sevilla. Las defensas de los condenados han pedido al tribunal una ampliación del plazo de cinco días concedido para presentar los recursos de casación al Tribunal Supremo. Consideran que en ese plazo no da tiempo a justificar los motivos de la interposición de los mismos. Los abogados citan los precedentes de otra macrocausas judiciales en las que los tribunales ampliaron ese período.

Dos exconsejeros de Empleo de la Junta. Antonio Fernández y José Antonio Viera, ambos condenados en el caso de los ERE, están citados hoy a declarar en la comisión de investigación sobre la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) del Parlamento andaluz.

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