Otros 507 investigados esperan su turno en las piezas vinculadas al caso de los ERE
ESPAÑA
La Justicia aún mantiene abiertas otras 146 causas relacionadas con las ayudas irregulares de la Junta de Andalucía
21 nov 2019 . Actualizado a las 05:00 h.Cuando, en el 2015, la jueza Mercedes Alaya fue promocionada de titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla a magistrada de la Audiencia Provincial, la macrocausa de los ERE fue finalmente despiezada -algo a lo que siempre se había negado Alaya- para facilitar el final de una instrucción que ya entonces sumaba un millón de folios.
Como consecuencia, la sentencia de la Audiencia, relativa a la pieza política del caso, no es ni mucho menos el final de la investigación de las ayudas irregulares concedidas por la Junta de Andalucía. La Justicia mantiene abiertas otras 146 causas, con un total de 507 imputados. El Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla ha concluido ya la investigación de media docena de estas causas, que, por tanto, ya solo están pendientes de juicio.
Entre estos sumarios ya concluidos figura uno de los más esperados, el relativo a la concesión de ayudas de 1,4 millones de euros por parte del ex director general de Empleo, Francisco Javier Guerrero, a su chófer, Juan Francisco Trujillo. El mismo conductor que admitió en su día haber gastado parte de estos fondos públicos en cocaína y burdeles. El mismo Guerrero que el martes fue condenado por la Audiencia a casi ocho años de prisión (7 años, 11 meses y un día) y a otros 19 años de inhabilitación.
Retrasos injustificados
La investigación de estas 146 causas están ahora mismo en manos de José Ignacio Villaplana, actual responsable del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla. Sustituye a la titular de la plaza, María Núñez Bolaños, que está de baja y que, a su vez, fue la sustituta de Mercedes Alaya cuando esta se convirtió en magistrada de la Audiencia Provincial.
El carrusel de cambios al frente del juzgado y la ausencia de la titular han retrasado aún más un lento proceso de instrucción que ya había provocado las quejas de la Fiscalía Anticorrupción, que el pasado verano oficializó esta denuncia ante el Consejo General del Poder Judicial por entender que la «desatención» y los «retrasos injustificados» de Núñez Bolaños podían causar la prescripción de algunos de los delitos antes de que la jueza concluyese su instrucción.
Políticos al margen
A excepción del ya mencionado ex director general de Empleo de la Junta, estas 146 causas no volverán a enjuiciar a los responsables políticos implicados en el caso de los ERE, toda vez que su actuación ya ha sido juzgada en la pieza política, donde ya se sustanció el destino que se dio a los 680 millones de euros utilizados de forma fraudulenta para financiar prejubilaciones.
Estos casos pendientes se refieren también a las ayudas irregulares concedidas por la Junta de Andalucía a diferentes empresas de la comunidad. Entre estas causas figura una pieza en la que se investigan las comisiones cobradas por firmas de consultoría y aseguradoras que, en su día, actuaron como mediadoras en la tramitación de los ahora tristemente célebres expedientes de regulación de empleo. Solo en este asunto hay veinte imputados, a los que se ha investigado por su papel en la malversación de unos 60 millones de euros de fondos públicos.