El PP busca rentabilizar la sentencia de los ERE, un caso que el PSOE da por amortizado

Para los populares se cierra una «etapa negra» de Andalucía, pero los socialistas minimizan el alcance del fraude

Manuel Chaves y José Antonio Griñán, durante una de las sesiones del juicio
Manuel Chaves y José Antonio Griñán, durante una de las sesiones del juicio

Sevilla / Colpisa

La suerte ya está echada para los 21 ex altos cargos de la Junta de Andalucía, entre ellos dos expresidentes socialistas con más de dos décadas de gobierno a sus espaldas, acusados por el caso de los ERE fraudulentos y que este martes conocerán la sentencia. Aunque el PSOE ya no gobierna, un fallo condenatorio puede suponer un negro final para el partido que gobernó la comunidad de forma ininterrumpida 37 años, y cuya historia es indisoluble del autogobierno andaluz. Apartados ya todos los implicados de la vida política, los socialistas dan por amortizado el caso, y solo temen por el destino personal de quienes lo fueron todo en el partido, como Manuel Chaves o José Antonio Griñán. Desde el PP, ahora al frente del Ejecutivo autonómico, entienden que la sentencia pondrá fin «a una etapa negra» en Andalucía, como resumió el portavoz del Gobierno, y buscarán sacar el máximo rédito político a aquellos años que, a su entender, fueron de «corrupción institucionalizada».

El fallo judicial determinará si hubo connivencia del equipo de Gobierno para implantar un sistema ilegal de concesión de ayudas que permitió numerosas irregularidades con los fondos públicos o si, por el contrario, la responsabilidad penal se circunscribe a la actuación de «cuatro o cinco golfos», como minimizó Chaves y la cúpula socialista en los primeros años de instrucción de la causa. Unas palabras que matizaría en el 2015 ante el Tribunal Supremo, al indicar que «no hubo un gran plan (para defraudar) pero sí un gran fraude» en cuyo centro situó al exdirector general de Trabajo, Javier Guerrero.

Responsabilidades políticas

Antes de conocer dónde sitúa el tribunal la responsabilidad penal, los partidos se afanan en buscar responsabilidades políticas. Griñán dejó la Junta en el 2013, poco antes de ser investigado, y en el 2015 tanto él como Chaves abandonaron la política para facilitar la investidura de Susana Díaz con el apoyo de Ciudadanos. Tampoco está ya en política Gaspar Zarrías o Magdalena Alvarez, quien dejó la vicepresidencia del Banco Europeo de Inversiones. El PSOE andaluz actual y, por extensión, el federal no se sienten vinculados en modo alguno a los acusados, aunque no dudan en expresar su preocupación por la suerte personal que puedan correr los ex altos cargos. «Sé que no se han llevado un duro en su vida, y lo están pasando mal ellos y toda su familia», verbalizó el lunes el presidente de Castilla La Mancha, Emiliano García Page.

Para el PP, sin embargo, y más allá de lo que diga la sentencia, «hay unos hechos innegables» que ponen de manifiesto, junto a otros casos de mal uso de fondos públicos protagonizados por socialistas, que «hubo una corrupción institucionalizada en los Gobiernos del PSOE en Andalucía», acusó el lunes la secretaria general del PP-A, Dolores López. Los ERE fraudulentos, subrayó, fue «el mayor caso de corrupción de la historia de la democracia». «Diga lo que diga la justicia, ha quedado muy claro que a lo largo de estos años el PSOE intentó tomar el pelo a todos los andaluces», insistió en una comparecencia en la que no perdió oportunidad de resaltar que a lo largo de estos años «el PSOE siempre intentó ocultar la verdad y no ha colaborado con la justicia». Afirmó incluso que hubo «presiones» ejercidas por el socialismo andaluz a los jueces, Más cauto se mostró Ciudadanos, socio del Ejecutivo, cuyo líder andaluz, Juan Marín, se limitó a señalar que si hay sentencia condenatoria tiene que haber también «depuración de responsabilidades políticas, que debió haberlas, si es que las hubo». Eso sí, reconoció que esperaba que la sentencia hubiera salido mucho antes porque «ocho años sembrando dudas, no beneficia absolutamente a nadie». Consideró que en caso de ser un fallo absolutorio, los implicados habrán pasado durante este tiempo «verdaderas calamidades y ya su honor no se podrá restituir».

Desde Podemos Andalucía, su líder, Teresa Rodríguez lamentó en una entrevista en Canal Sur Televisión que «la sentencia no arreglará nada», y el «daño ya está hecho», en alusión a la «profunda desconfianza» que el caso provocó en la sociedad hacía las políticas públicas.

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