La exconsejera Ponsatí avaló un plan para «controlar el territorio» tras la independencia

Clara Ponsatí
Clara Ponsatí

La exconsejera de Enseñanza de la Generalitat Clara Ponsatí avaló en el 2017 un plan para mantener el «control del territorio» y crear una «tesorería suficiente» en Cataluña tras la declaración unilateral de independencia (DUI), una vía que consideraba necesaria en «la mayor brevedad posible».

Así se desprende de un correo electrónico que Ponsatí envió al exdirigente de CDC Víctor Terradellas el 4 de octubre del 2017 y que figura en el sumario, al que ha tenido acceso Efe, de la causa que instruye el titular del juzgado de instrucción número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, sobre la presunta concesión irregular de subvenciones a fundaciones afines a la extinta Convergencia.

«Comparto plenamente tu diagnóstico. Usa este mensaje como evidencia, si lo necesitas». Con estas palabras Ponsatí contesta a la petición de Terradellas de proponer al expresidente Carles Puigdemont que comiencen a «buscar fondos» y «reconocimiento internacional» para declarar la DUI.

Tres días después del 1-O, el exresponsable de relaciones internacionales de CDC y actual presidente de la fundación CATmón, una de las entidades supuestamente beneficiarias por la trama de concesión de subvenciones fraudulentas, mandó un correo a la entonces titular de Enseñanza para solicitarle su «apoyo» antes de dirigirse a Puigdemont.

En el escrito, al que quería sumar adhesiones de dirigentes vinculados al soberanismo antes de enviarlo a Puigdemont, Terradellas plantea la necesidad de impulsar «una Declaración de Independencia en la mayor brevedad posible» para que Cataluña se convierta en «sujeto político».

Para hacer posible este «impasse», asegura Terradellas, son precisas «dos condiciones imprescindibles: control de territorio y una tesorería suficiente».

En la carta, Terradellas pretende plantear a Puigdemont que, «bajo su mando, de forma discreta y confidencial», le permita «activar» su «acción internacional» en busca del «reconocimiento» de otros países a una futura Cataluña independiente.

«En este sentido, propongo al president que, con su visto bueno y mando, me permita activar mi acción internacional para trabajar en dos aspectos prioritarios: búsqueda de fondos y búsqueda de reconocimiento internacional», escribe.

En opinión de Terradellas, la DUI desencadenaría «presiones» en la comunidad internacional que acabarían «reclamando» a Cataluña y al Estado español «un referendo pactado», ante lo que advierte: «En ningún caso nos podemos negar».

Finalmente, propone también hacer una «petición de financiación» al Banco Central Europeo (BCE) dado que -matiza- no tendrían «impedimento, como ahora, de ir a buscar financiación a los mercados exteriores».

En el marco de esta misma causa, el magistrado instructor investiga si el entorno de Terradellas podría estar financiando la actividad de Puigdemont en Waterloo (Bélgica) mediante el desvío de dinero extraído de las arcas públicas.

El juez basa sus sospechas en un informe de la Guardia Civil según el cual el exdiputado de ERC en el Congreso Joan Puig, una persona con «contacto directo» con Puigdemont, podría haber pedido 100.000 euros para costear los gastos del expresidente catalán, huido de la Justicia española.

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