La Fiscalía alerta del repunte de delitos de estas organizaciones en Madrid desde el 2015
11 nov 2019 . Actualizado a las 05:00 h.El último episodio se vivió recientemente: el distrito madrileño de Puente de Vallecas se convirtió en el campo de batalla de dos bandas latinas rivales. Tiros, machetazos y golpes durante horas se saldaron con siete jóvenes heridos, cuatro de ellos de gravedad, y otros nueve atendidos por los servicios de emergencia. Entre los nueve detenidos (con edades entre los 18 y los 23 años), había dos menores, de 16 y 17. La respuesta policial y política no se hizo esperar. Después, la Policía Nacional puso en marcha la Operación Locutorio, una redada en la que inspeccionaron locutorios, locales de ocio, parques y otros puntos de reunión de miembros de las bandas en varios distritos de la capital. Y ese mismo día el Ayuntamiento anunció que invertirá 1,59 millones de euros en instalar cámaras de videovigilancia en los distritos de Tetuán y Puente de Vallecas.
Las escenas vividas en la capital ejemplifican la escalada de la violencia de las bandas latinas de la que este septiembre alertó la Fiscalía de la Comunidad de Madrid en su memoria del 2019, correspondiente al ejercicio pasado. El Ministerio Público advertía sobre la «reactivación» de la actividad criminal de estos peligrosos grupos desde el 2015, año en el que se invirtió la tendencia descendente del fenómeno iniciada en el 2007, cuando los principales cabecillas de las bandas fueron entrando en prisión.
INSEGURIDAD CRECIENTE
El número de reyertas en Barcelona dobla al de Madrid. Las cifras oficiales muestran que el fenómeno de inseguridad ciudadana se repite en la otra gran ciudad del país, Barcelona. De hecho, los últimos datos disponibles del Ministerio del Interior sobre criminalidad, correspondientes a la primera mitad de este ejercicio, recogen la comisión de 1.715 delitos de lesiones y riñas tumultuarias -en las que se incluyen las protagonizadas por las bandas latinas-, o lo que es lo mismo, una media de 10 reyertas al día. Aunque la cifra es un 2,7 % menor que la del mismo período del año anterior, es más del doble de los casos contabilizados en Madrid (678 de enero a junio), pese a que en la capital el número se ha disparado un 21 % respecto al 2018. Sonadas fueron las críticas de la alcaldesa, Ada Colau, a la Generalitat, la pasada primavera, acusándola de desentenderse del problema de seguridad que vive Barcelona.
Si se tiene en cuenta el total de las infracciones penales (desde los homicidios a las agresiones, los robos o el tráfico de drogas) registradas en la primera mitad del año, Madrid rebasó los 127.000 casos, un 5,9 % más que un año atrás, mientras que Barcelona frisó los 100.000, lo que supone un aumento del 8,2 % interanual, superior al de la capital del Estado.
VUELVEN LAS BANDAS
Más de 3.000 integrantes. Según datos del Ministerio del Interior, a 30 de junio la Secretaría de Estado de Seguridad tenía contabilizadas siete grandes bandas latinas, 70 grupos subordinados y otros 17 que actúan de forma independiente. Fuentes policiales estiman en más de 3.000 los integrantes de estas organizaciones delictivas, de los que unos 1.200 pertenecen a los grupos de Madrid y en torno a dos millares a los de Barcelona.
La Fiscalía de Madrid, que fue la primera en alertar de la aparición del fenómeno en su memoria del 2005, correspondiente al año anterior, destacaba entonces la «novedosa presencia en nuestro país de jóvenes delincuentes que, insertos en pandillas a modo de maras, atemorizan y violentan a otros menores con prácticas cuasimafiosas que, desafortunadamente, incluso degeneran en peleas en la vía pública con utilización de instrumentos peligrosos y armas blancas, llegando a causar heridas mortales». El Ministerio Público mostraba hace casi quince años su preocupación porque la incidencia de tal fenómeno delictivo se estaba «incrementando paulatinamente», y en su último informe insiste en ello, ya que desde el 2015 se han reactivado, tras un descenso sostenido desde el 2007.
MÁS VIOLENCIA
Los intentos de homicidio se triplican en tres años. La Fiscalía destaca que durante el pasado año «ha existido un incremento de la actividad criminal de las bandas latinas desde el punto de vista cuantitativo, pues se ejecutaron 33 actuaciones criminales, dos más que el año anterior», además de un homicidio consumado y nueve tentativas. En los años previos, el número de intentos de homicidio fue menor (una horquilla de 5 en el 2017 y 3 en el 2015, año en el que no se consumó ninguno, consolidando la senda iniciada en el 2009).
RELEVO
Los dominicanos, los nuevos jefes. ¿A qué responde el recrudecimiento? «Fundamentalmente a la elevada actividad de los Dominican Don’t Play (DDP) y los Trinitarios», sostiene la Fiscalía, recordando que a los primeros corresponden cinco de los nueve intentos de homicidio del 2018 y el único consumado, así como 36 de las 65 detenciones.
Ambas organizaciones han tomado el relevo de los Latin Kings o Los Ñetas, que reinaron en las calles de Madrid y Barcelona a principios de la década pasada, y cuya actividad delictiva cayó tras el envío a prisión de sus líderes. De hecho, otro de los factores que está influyendo en el repunte de la violencia es la puesta en libertad de aquellos cabecillas, que reclaman por las malas recuperar sus feudos.
CIFRAS NEGRAS
Víctimas que no denuncian. Según explica la Fiscalía, estas bandas son «organizaciones jerarquizadas, articuladas en torno a una estructura rígida y piramidal, vertical y teocrática, con obediencia ciega a los dirigentes», con una fuerte cohesión interna y una adhesión incondicional. Se financian a través de las «cuotas obligatorias que deben abonar sus miembros, del botín de los robos con violencia que ejecutan y del tráfico de drogas a escala de menudeo». De hecho, esta última actividad ha provocado que ahora se reúnan en inmuebles vacíos, que ocupan, en lugar de en parques y espacios públicos. El Ministerio Público alerta también de que las cifras oficiales de este tipo de violencia, pese a ser alarmantes, son solo aproximadas, pues hay «una importante cifra negra de delitos que no se denuncian por el miedo de las víctimas a sufrir represalias».