El desafío secesionista costó 2,35 millones, según el Tribunal Supremo

La sentencia del alto tribunal detalla las partidas de dinero que se destinaron a financiar el referendo ilegal, que supusieron una malversación de caudales públicos

m. s.
madrid / colpisa

La sentencia del procés detalla el dinero público destinado a financiar el referendo ilegal del 1 de octubre del 2017, que supera los 2,35 millones de euros. La sala, no obstante, determinó que cualquier responsabilidad civil de los cuatro condenados por malversación de caudales públicos, Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa, sea resuelta por el Tribunal de Cuentas, tal y como ocurrió con Artur Mas y la consulta del 9 de noviembre del 2014. Estas son algunas de las facturas acreditadas por el Supremo.

1.250.000

Sobres y papeletas. Los sobres y las papeletas del 1-O sumaron el grueso de la factura. La UTE Nothingad y Kardumen emitió un gasto de 97.332 euros por la difusión del registro de catalanes en el exterior a través de Internet. El Consorcio Catalán de Medios Audiovisuales difundió esos mismos anuncios en televisión, radio y medios digitales que gestiona y giró a Presidencia dos facturas de 93.179 euros y 184.624 euros. En cuanto al material, la Generalitat encargó a Unipost la distribución de 56.000 cartas certificadas con nombramiento de cargos en las mesas electorales y 5.346.734 sobres con tarjetas censales que supusieron un coste de 979.661 euros.

361.000

La difusión del registro de catalanes en el exterior, además de la activación de la web referendum.cat, generó devengos por 220.253 euros. A esto se suma el contrato público DFP-Creativitat y Producció Campanya, Registre cat.exterior, que se adjudicó a la mercantil Estudi Dada por 10.829 euros. Por la ejecución de esa inserción publicitaria, otra empresa, Focus Media, facturó 130.863 euros.

365.000.

Por el contrato del observador Paul Sinning, director de la institución The Hague Center for Strategic Studies, se abonaron 119.000 euros. El llamado programa de visitantes internacionales costó 64.654 euros y los honorarios al grupo de Helena Catt, 114.592 euros, más 62.712 euros en alojamientos, viajes y otros conceptos. Un miembro del equipo central, Michael Grange, abogado y analista irlandés, dirigió un debate. Se le dieron 4.873 euros.

280.000

Las visitas de un grupo de parlamentarios europeos tuvo un coste para la Generalitat de 43.341 euros. La contratación de un equipo de investigación experto en elecciones internacionales (International Election Expert Research Team) alcanzó los 177.304 euros. La contratación de una consultora en Estados Unidos durante tres meses para hacer tareas de lobby sobre el referendo ilegal ascendió a 60.000 euros.

92.000

Asistencia técnica para el referendo ilegal. La sentencia detalla el gasto de 5.000 euros de unos 130.000 previstos en la empresa tecnológica DXC por la asistencia técnica de la web referendum.cat. También se detallan gastos asociados a la retribución a un particular, Teresa Guix Requejo, quien facturó 2.700 euros y 350 euros más IVA; así como la adjudicación a Havas Media Group Spain, que facturó con su anterior denominación social, Media Planning Group, 84.050 euros más IVA, en total: 101.700. Este gasto incluía la inserción de un anuncio en el Frankfurter Allgemeine Zeitung, Le Monde, Le Soir, De Stanndaard, Corriere della Sera y The Financial Times.

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