Un exconsejero de Aguirre dice que fue invitado a contratar con Púnica

La expresidenta está citada el viernes para declarar por financiación irregular


redacción / la voz

El exconsejero madrileño de Sanidad Manuel Lamela se desvinculó de los contratos de publicidad derivados del Plan de Infraestructuras Sanitarias 2004-2007 por los que se le investiga en la Púnica y señaló al también exconsejero Alberto López Viejo y a la directora de comunicación de Aguirre, Isabel Gallego, como principales responsables.

En su comparecencia de ayer ante el juez, Lamela reveló también que la expresidenta Esperanza Aguirre le retiró su confianza en el 2008 cesándolo por haber apoyado a Mariano Rajoy para liderar el PP de cara al congreso nacional que celebró el partido en Valencia y del que finalmente salió victorioso el líder gallego. Lamela aseguró que nunca le correspondió a él decidir sobre las adjudicaciones de contratos de publicidad derivados de obras de hospitales o centros de salud, según han informado a Efe fuentes jurídicas presentes en la declaración.

Consejero condenado

Esa responsabilidad recaía en la vicepresidencia, cargo que en esas fechas ostentaba Ignacio González, y fundamentalmente en el exconsejero condenado por la Gürtel Alberto López Viejo y la directora general de Medios Isabel Gallego, encargados de centralizarlos. No obstante, Lamela admitió haberse reunido con el responsable de la empresa de publicidad Over, Horacio Mercado, con la que, según la investigación, se pactó una cláusula para pagar un 1 % de la cantidad total de esas obras en concepto de publicidad, cantidad que después era supuestamente desviada para financiar al PP madrileño.

Lamela negó que la expresidenta impusiese contratar la publicidad con esta empresa, pero sí constató que fue invitado a hacerlo mediante una reunión en la que estaban presentes Aguirre y González tras haber sido obsequiados con un logo.

Güemes se desvincula

Ayer también compareció ante el juez el sucesor de Lamela en Sanidad, José Manuel Güemes, si bien su declaración se ciñó a desvincularse de cualquier tipo de responsabilidad en esas adjudicaciones, ya que cuando llegó ya estaba en marcha el Plan de Infraestructuras Sanitarias.

Según el auto por el que se los llamó a ambos a declarar, la presunta caja B del PP madrileño se nutrió de varios millones de euros públicos bajo la supervisión de la expresidenta Esperanza Aguirre, que está citada como imputada este viernes, y mediante varios mecanismos, uno de ellos el de la cláusula del 1 %, que sirvió para desviar alrededor de 3 millones de la construcción de hospitales y centros de salud.

El juez del caso Púnica cree que esa cláusula se introdujo en contratos de ocho consejerías y da una cantidad total aproximada de 5 millones de euros desviados de esta forma entre el 2006 y el 2008.

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