Cien años de cárcel para los líderes del 1-O

El Supremo condena a Junqueras a 13 años de prisión y a penas de hasta 12 a Forcadell, los Jordis y a cinco exconsejeros por sedición y malversación, pero no blinda su cumplimiento íntegro


madrid / la voz

El Tribunal Supremo ha condenado a los líderes de la intentona separatista catalana por el delito de sedición, descartando la rebelión -como defendía la Fiscalía-, pese a admitir que sí hubo violencia, aunque no para proclamar la independencia, sino para «presionar» al Estado a negociar dicha pretensión política. Por unanimidad, los siete miembros de la Sala Segunda impusieron la pena más elevada -13 años de cárcel y otros tantos de inhabilitación- al expresidente de la Generalitat y líder de ERC, Oriol Junqueras, subrayando su «destacado papel en el proceso que finalmente condujo a la inobservancia de las leyes y al contumaz desprecio a las resoluciones del Tribunal Constitucional y del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC)», con el multitudinario cerco a la Consejería de Economía el 20 de septiembre y el referendo ilegal del 1 de octubre como hitos centrales.

El tribunal también condena por los mismos delitos (sedición en concurso con malversación, agravada esta por la cuantía, que supera los 250.000 euros acreditados) a los exconsejeros Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa a 12 años de cárcel y los mismos de inhabilitación. La pena para Joaquim Forn y Josep Rull baja a 10 años y seis meses y a 9 para los líderes de la ANC y Òmnium Cultural, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart.

Por su parte, la expresidenta del Parlamento catalán, Carmen Forcadell, ha sido condenada a 11 años y 6 meses de prisión. El fallo destaca su «decisivo papel en la dirección de un proceso de creación normativa que, pese a su más que evidente insuficiencia jurídica, sirvió de ilusoria referencia para una ciudadanía que iba a ser movilizada como instrumento de presión al Gobierno del Estado».

Los otros tres exconsejeros juzgados -Santi Vila, Meritxell Borràs y Carles Mundó, que están en libertad provisional-, han sido condenados por un delito de desobediencia a una multa de 60.000 euros y 8 meses de inhabilitación.

Sin embargo, el tribunal no ha blindado, como pedía la Fiscalía, el cumplimiento de la mitad de las penas como condición para acceder a beneficios penitenciarios, que quedan en manos de la Generalitat. Así, los Jordis podrán disfrutar el próximo enero de permisos, ya que habrán cumplido un cuarto de la pena (2 años y tres meses) que se les ha impuesto, ya que entraron en prisión el 16 de octubre del 2017.

El siguiente en disfrutar de permiso será Forn, que cumplirá un cuarto de los 10 años y seis meses de su pena en primavera. Junqueras estará en idéntica situación en el 2021, en concreto en 15 meses.

La sala argumenta que ya les ha impuesto las penas correspondientes y que ahora es competencia de la administración penitenciaria resolver su acceso al tercer grado, recordando al ministerio público que podrá recurrirlo. María José Segarra, Fiscal General del Estado, anunció ayer que velarán por el adecuado cumplimiento de las condenas.

«Firmes y serenos», según sus defensas, recibieron la sentencia los condenados. A través de las redes sociales, los líderes independentistas reiteraron su mensaje. «Volveremos más firmes que nunca», aseguró Junqueras. «Lo lograremos», dijo Forcadell.

El juez Llarena reactiva la orden internacional de detención contra Puigdemont

El instructor de la causa por el desafío secesionista en el Tribunal Supremo, Pablo Llarena, ha reactivado la orden europea e internacional de detención y entrega contra el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, huido en Bélgica y que fue procesado por rebelión en marzo del 2018.

El magistrado ha dictado ese auto tras notificarse la sentencia contra los doce líderes independentistas por los delitos de sedición y malversación.

Llarena acepta así la petición hecha por Fiscalía, al entender que está plenamente justificada. Según fuentes jurídicas, de momento la orden solo afecta al expresidente aunque no se descarta que se emitan otras para la detención del resto de huidos. El abogado de Puigdemont dijo que este se presentará ante la Justicia belga cuando se le convoque, y que «no se esconderá». El propio expresidente ha pedido a la ciudadanía convertir la jornada del 10N en una «respuesta sonora y masiva» de «rechazo, dignidad y firmeza». Asimismo, subrayó que la capacidad de resistencia de la causa independentista «se mide y se refuerza» en la «determinación y el compromiso insobornable con la no violencia».

Sánchez ofrece diálogo, pero descarta indultos

Gonzalo BAreño

También rechaza la posibilidad de una ley de amnistía

«El acatamiento de la sentencia significa su cumplimiento. Reitero, su íntegro cumplimiento». El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, rechazó así la posibilidad de conceder el indulto a los condenados o impulsar una ley de amnistía, como propone el independentismo. En una declaración institucional en la Moncloa, aseguró que «todos los ciudadanos somos iguales ante la ley» y que en España «nadie es juzgado por sus ideas», sino por delitos recogidos en el ordenamiento jurídico. Acusó a los secesionistas de haber «ignorado los derechos de la mayoría social no independentista» y de generar una «fractura social». Consideró que la sentencia llega en «los estertores de una etapa superada» ante el «naufragio» de un proceso secesionista e hizo por ello un llamamiento para abrir una nueva fase «de convivencia» mediante el diálogo, siempre dentro de la Constitución.

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