El Gobierno cierra desde este sábado al público la basílica del Valle de los Caídos
12 oct 2019 . Actualizado a las 05:00 h.Los restos de Franco saldrán del Valle de los Caídos antes del viernes 25 de octubre. Es la fecha tope que se ha dado el Gobierno para proceder a la exhumación del cadáver del dictador y su posterior reinhumación en el cementerio madrileño de El Pardo-Mingorrubio, en donde ya descansan los restos mortales de su esposa, Carmen Polo.
Tras más de un año de parálisis y disputas en los tribunales a consecuencia de la batalla judicial presentada por los herederos del dictador, Sánchez ya dispone de luz verde para ejecutar una de las medidas más icónicas que ha impulsado desde su llegada la poder. El Ejecutivo no se atrevió a concretar ninguna fecha, ya que antes de ponerse manos a la obra necesita que los operarios evalúen determinados aspectos técnicos para garantizar la seguridad del proceso, por lo que desde este mismo sábado la basílica del Valle de los Caídos permanece cerrada al público. Sin embargo, fuentes cercanas a la vicepresidencia apuntaron que lo más probable es que la exhumación se lleve a cabo entre el sábado 19 y el martes 22, para que afecte a la «inminente campaña electoral» en la menor medida de lo posible, según argumentó este viernes la número dos del Ejecutivo, Carmen Calvo.
Difícil recurso ante el Constitucional
La única posibilidad de que aparezca un nuevo obstáculo legal es que a principios de la semana entrante el Tribunal Constitucional acepte aplicar la cautelarísima, tal y como ha solicitado la familia Franco en un recurso de amparo, aunque fuentes jurídicas reconocen que se trata de un escenario remoto, dadas las pocas veces que el alto tribunal accede a adoptar esta medida.
Santiago Cantera, prior de la abadía del Valle de los Caídos, divulgó un comunicado el pasado miércoles en el que desautorizaba la entrada a la basílica, aunque tal y como evidenció ayer la vicepresidenta del Gobierno, se trata de una asunto que no preocupa «nada» al Gobierno, en especial cuando cuenta con el visto bueno del Vaticano, cuya postura es respetar lo decidido por las autoridades y tribunales.
Familia y ministra de Justicia
Según aprobó este viernes el Consejo de Ministros, el Gobierno ha adquirido el compromiso de informar a los herederos del dictador de la fecha en la que finalmente se procederá a la exhumación al menos con 48 horas de antelación, para que, si lo desean, puedan estar presentes y «celebrar una breve e íntima ceremonia religiosa» durante la inhumación posterior en El Pardo. En caso de que decidieran acudir, presenciarán el trabajo de los operarios junto a la ministra de Justicia, Dolores Delgado, que dará fe como notaria mayor del Reino.
No estarán las cámaras ni los medios de comunicación, que permanecerán en un espacio que se habilitará en el exterior para garantizar el derecho a la información. Carmen Calvo garantizó que las labores de exhumación se llevarán a cabo «en la intimidad» con absoluto «respeto y discreción», pero no ocultó su «satisfacción» porque, de una vez por todas, se «cierre con dignidad lo que no era digno» mediante una acción avalada «con rotundidad» por los tres poderes del Estado.
Fuentes de la Moncloa cifraron el coste total de los trabajos en 11.000 euros. Ni uno solo de ellos gastaría el PP, cuyo líder, Pablo Casado, considera que hay otras prioridades y que es un asunto electoralista que solo provoca más división. El que sí aplaude la exhumación es el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, aunque pidió al Ejecutivo socialista que no la use como «munición electoral». Por su parte, Vox registró una proposición no de ley en la Comunidad de Madrid en la que insta al Gobierno a paralizar el proceso.