Especulaciones en torno a la sentencia del 1-O: el tribunal descarta la rebelión consumada

A la espera de conocer el fallo, todo apunta a una rebaja de las penas máximas


REDACCIÓN

Crece la tensión en el tiempo de descuento para conocerse la sentencia de la intentona secesionista de Cataluña (previsiblemente se hará pública el lunes) y crecen también las especulaciones en torno al contenido del fallo, con la clave en el alcance de la violencia, que determinará la consumación o no del delito de rebelión, por el que la Fiscalía pedía penas de entre 15 y 25 años para los líderes independendistas. Fuentes conocedoras de las deliberaciones del tribunal sostienen que los magistrados de la Sala Segunda del Supremo han descartado la consumación de la rebelión, lo que -según avanza El País- deja sobre la mesa otras opciones, como el grado de tentativa o la sedición, delito este que defendía la Abogacía del Estado, y que rebaja las penas a una horquilla de entre 8 y 12 años de cárcel. 

Aunque los acusados eludan el delito más grave, el de la rebelión, el tribunal no da por válida su versión de que los hechos vividos en Cataluña en el otoño del 2017 fueran pacíficos. Como se confirmó durante las 52 sesiones que se prolongó la vista oral, hubo actos violentos tanto en el multitudinario cerco a la consejería de Economía, el 20 de septiembre, como en la jornada del 1 de octubre, en la que, pese a la prohibición del Constitucional y las advertencias de los cuerpos de seguridad, se celebró el referendo ilegal.

Sin embargo, el exvicepresidente y exconsejero de Economía, Oriol Junqueras, hizo de su de declaración en el juicio un alegato sobre el pacifismo de las concentraciones, asegurando que en la del 20 de septiembre, hubo incluso cánticos religiosos, como el dedicado a la Virgen de Montserrat. Su defensa, que comparte con el exconsejero Romeva, insistió en que ni hubo violencia, ni estuvo conectada con los acusados, además de no ser «idónea». 

Pero el Ministerio Público defendió lo contrario durante los cuatro meses de la vista oral, e incluso cargó aún más las tintas en su alegato final, en el que el fiscal Javier Zaragoza calificó lo ocurrido en Cataluña dos años atrás de «golpe de Estado». «Ni más ni menos que la sustitución de un orden jurídico por otro por medios ilegales», insistió.

Que los siete magistrados que integran el tribunal no consideren consumado el delito de rebelión, en contra de lo que defendía la Fiscalía, abre la puerta a otros tipos penales, como la sedición de la que la Abogacía del Estado acusaba a los líderes procesados. Tipificado en el artículo 455 del Código Penal, castiga a quienes se alcen «pública y tumultuariamente» para impedir por la fuerza la aplicación de las resoluciones judiciales. Las penas por ello son inferiores a las de la rebelión.

Las acusaciones también les imputaban la comisión de los delitos de malversación de fondos públicos (desviados para sufragar la organización del referendo ilegal del 1-O) y desobediencia, ya que desoyeron las prohibiciones de las instancias judiciales respecto a los actos relacionados con la pretendida proclamación de la independencia.

El Gobierno «ignora por completo» el sentido de la sentencia

Por otra parte, la ministra de Defensa en funciones, Margarita Robles, aseguró este viernes que el Gobierno «ignora por completo» el sentido de la sentencia del Tribunal Supremo en el juicio a los líderes del procés, por lo que no quiso valorar las informaciones que ya apuntan el fallo.

«El Gobierno ignora por completo por donde va a ir la sentencia. Respeto las opiniones de todo el mundo, no se sabe todavía y hasta que no se notifique la sentencia no lo sabremos», subrayó la titular de Defensa en una entrevista en RNE, recogida por Europa Press.

Robles destacó la forma «impecable» en la que se desarrolló el juicio y asegurando que el proceso puso de manifiesto la independencia del poder judicial. Por ello, recalcó que la sentencia se puede no compartir pero se debe «acatar y respetar».

«Resulta inaceptable el llamamiento a la desobediencia civil y la incitación a la violencia», dijo, censurando la actitud del presidente de la Generalitat, Quim Torra, quien ha defendido la desobediencia en caso de una sentencia condenatoria. «Si no se comparten se recurren jurídicamente», insistió Robles, recalcando que es una cuestión de «mínimo planteamiento democrático».

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