El alto tribunal recuerda que la negativa del abad decae por su sentencia, que «es clara»
11 oct 2019 . Actualizado a las 13:33 h.Santiago Cantera, prior del Valle de los Caídos desde el 2014, ya había acaparado buen número de titulares bastante antes de que el Gobierno de Pedro Sánchez mostrara su intención, en junio del 2018, de exhumar a Francisco Franco. Este monje de la orden benedictina, de 47 años, llegó a enfrentarse incluso con la Justicia por su oposición a que los familiares de dos fusilados de la Guerra Civil pudieran trasladar a Calatayud los restos de sus antepasados. Cantera plantó también al Senado en una comisión de la Memoria Histórica. Y hasta tuvo que intervenir la Conferencia Episcopal para atajar un posible conflicto aun mayor por la postura inamovible y polémica del prior. En diciembre pasado, tras unos meses de silencio, Santiago Cantera envió una primera carta al Gobierno, en términos parecidos a la que este miércoles recibió la vicepresidenta Carmen Calvo. El prior del Valle de los Caídos se opone a la exhumación de Franco. La diferencia entre aquel momento y el actual es que el Tribunal Supremo ya ha dado vía libre a que los restos mortales del dictador sean trasladados al cementerio de Mingorrubio, en El Pardo.
Precisamente, este miércoles el alto tribunal respondió a la aclaración de sentencia solicitada por la familia Franco tras la notificación de la resolución que desestimó su recurso. Para los magistrados, «la sentencia ha sido clara» en todos sus términos. Es más, insiste en que «la aclaración que solicitan los recurrentes no es necesaria» y recuerda que solo el Supremo puede revisar al Consejo de Ministros y que el Ejecutivo no necesita autorización de la Iglesia para entrar en la basílica para la exhumación, si bien el prior se niega a autorizar el acceso y amenaza con acudir a todas las instancias para impedirlo.
La sala entiende que la exhumación no viola los acuerdos con la Santa Sede porque «no hay duda» de que la entrada en la basílica requiere autorización eclesiástica y así lo entendió el Gobierno, que pidió ese permiso al prior benedictino. La negativa del prior a posibilitar la misma «decae» con la sentencia del tribunal.
Otros tres recursos
Al tiempo que el Supremo se manifestaba en estos términos, y a falta de que se resuelvan otros tres recursos y poder así levantar la suspensión cautelar del decreto ley del Gobierno que permita llevar a cabo la exhumación, Carmen Calvo recibía la misiva del prior. En la carta, Santiago Cantera argumenta que la decisión vulnera la libertad religiosa al tratarse de un «lugar sagrado» y al pretender actuar «sobre una res sacra [cosa sagrada]», una sepultura, sin la necesaria autorización eclesiástica.
El prior argumenta contra el traslado de los restos que la familia no ha dado su consentimiento. Deja claro, además, que la sentencia del Tribunal Supremo (la que avaló la exhumación) no resuelve las alegaciones de la abadía, sino de la familia Franco, e insiste en que no hay autorización eclesiástica para actuar en un lugar sagrado. Cantera recuerda que en su demanda esgrimían «vulneraciones de los derechos fundamentales» y afirma que la «última palabra» corresponde al Tribunal Constitucional y después al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, a los que piensa recurrir.
Dilación
«El sometimiento a lo que los tribunales decidan no significa, en modo alguno, renuncia a los recursos que el ordenamiento nos ofrece ante una violación de derechos fundamentales», señala. Por todo ello, el prior advierte que se sigue negando a facilitar la exhumación, ya que «no existe consentimiento de la familia y se mantienen los principios religiosos y morales». Sus afirmaciones difieren del todo con la línea oficial de la Iglesia.
Sin embargo, el prior ignora que el Supremo ya señaló en la sentencia que su negativa a autorizar la entrada decae tras la resolución, dado que su oposición «no fue absoluta sino condicionada a lo que resolviera» la Sala. «Por eso, la sentencia (...) tiene por decaída esa denegación», indica el Supremo.
Respeto de Roma y de los benedictinos a la Justicia
La postura de la Conferencia Episcopal y el arzobispado de Madrid es respetar la decisión de las autoridades españolas y por tanto no oponerse a la exhumación del general Franco», dijo la semana pasada el secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello, quien llamó a «respetar» la decisión del Tribunal Supremo y pidió que no se haga «un uso ideológico, y menos partidista», de este asunto. Y, lo que resulta más chocante, la congregación benedictina de Solesmes, a la que pertenece la abadía del Valle de los Caídos, aseguró este miércoles, al igual que ya ha dicho la Santa Sede, que «no irá contra la ley» en el caso de la exhumación de Franco, aunque pidió al Gobierno español que espere a que se resuelvan todos los recursos antes de hacerlo.
Precisamente, la contundencia del Supremo para zanjar el último intento de la familia para obstaculizar la ejecución de la exhumación va dirigida también implícitamente a otras dos partes, al magistrado José Yusy y al prior del Valle de los Caídos.
Yusty es el juez de lo Contencioso Administrativo 3 de Madrid que mantiene suspendida cautelarmente la licencia de obras parar levantar la losa de la tumba pese a que el Supremo ha hecho hincapié en que no se necesita licencia alguna. El Supremo recuerda que la exhumación es una decisión del Consejo de Ministros. Y Santiago Cantera, prior del Valle de los Caídos, que insiste en que no permitirá el acceso a la basílica para la exhumación.
El Supremo es tajante con ambos: «Como sin duda conoce la parte recurrente [la familia], a ningún otro órgano judicial distinto de esta sala corresponde conocer de las actuaciones del Consejo de Ministros ni de la ejecución de esta sentencia». Mientras el juez Yusty guarda silencio y no termina de cerrar su procedimiento, una actitud que fuentes jurídicas califican de posible prevaricación, el prior ha decidido plantar batalla.
