Sánchez acude a mitinear a Barcelona pasando de puntillas sobre Cataluña

Se compromete a «abolir la prostitución» si logra renovar al frente del Gobierno


Madrid | La Voz

Como los pescadores más experimentados, Sánchez emplea un anzuelo distinto para cada uno de sus diferentes caladeros. Ayer tocaba lanzar la caña en Barcelona, y, como era de esperar, pasó de puntillas por la respuesta de su Gobierno a la posible reacción desde la Generalitat y en las calles a la sentencia del 1-O, que según fuentes del Supremo se hará pública en menos de una semana. Ni rastro del 155 de la Constitución ni tampoco de una hipotética aplicación de la Ley de Seguridad Nacional, dos de las herramientas legales de las que dispone para sofocar posibles incendios.

Ni rastro tampoco de la bandera española en la que venía envolviéndose los últimos días de precampaña. Sobre el escenario del Centro de Convenciones Internacional de Barcelona el lema de precampaña traducido al catalán: Ahora Gobierno, ahora España; y entre la militancia, banderas catalanas intercaladas con las del PSC, formación que aspira a convertirse en la más votada en las generales y adelantar así a los secesionistas de ERC.

En las pocas menciones que hizo en su discurso a España, Sánchez se ciñó a ensalzar su «pluralidad» y a encauzar la cuestión nacional a la temática social. «Se molestan si utilizamos la E de España. Como siempre hemos argumentado, para nosotros es la E de la educación pública, del empleo digno, del empoderamiento de la mujer...», defendió.

Sánchez se limitó a presentar su candidatura como la única capacitada para «reconstruir esos puentes que unos y otros han quebrado y reconstruir la convivencia en Cataluña» ahora que ha quedado en evidencia que el discurso secesionista «estaba basado en una gran mentira y se ve desnudo».

Mientras tanto, su Gobierno en funciones, a través del Ministerio de Asuntos Exteriores, presentó ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña una solicitud para que se impida de forma cautelar la apertura de tres nuevas delegaciones de la Generalitat en Argentina, Túnez y México, alegando que cuentan con «un fin inconstitucional como es la creación de una estructura de Estado al servicio de un proyecto de transición nacional de carácter secesionista».

Miedo a la abstención

De vuelta a la carrera electoral, Sánchez volvió a plantear la cita del próximo 10 de noviembre como «una disyuntiva» entre él y el resto de fuerzas políticas. «La pregunta es si queremos que España avance o si queremos que se quede bloqueada. Bloqueo tiene muchas siglas a izquierda y derecha, pero la palabra avance solo la representan las del PSOE», presumió ante el millar de militantes que se dieron cita para escuchar al candidato socialista. El miedo de Moncloa y Ferraz a la abstención no deja de aumentar con el paso de las jornadas, por eso pidió a los socialistas «un esfuerzo más para que esa voz que ya se expresó de manera rotunda en abril se exprese con mucha más rotundidad» el segundo domingo de noviembre, en donde tratarán de «responder a la ultraderecha y a sus socios en las urnas», sin «mancharnos la boca ante sus sucias palabras», comentó.

En caso de revalidar su estancia en Moncloa, Sánchez se comprometió «a abolir la prostitución» y recordó la medida que anunció este lunes en Madrid conforme actualizará las pensiones según el IPC.

Junto a la sentencia del 1-O, la gran amenaza a la que se enfrenta es la desaceleración que puede apreciarse en varios indicadores económicos. «La economía española no está en crisis. Sí, se está ralentizando, pero está creciendo más que la media europea. Ni falsos alarmismos, ni falsa autocomplacencia», dijo. Según anunció por la mañana, su intención es seguir contando con la ministra de Economía, la gallega Nadia Calviño.

La Cámara catalana desafía al Tribunal Superior y valida un decreto que fue anulado

Nueva vuelta de tuerca a la legalidad en el Parlamento catalán. El pleno ha validado este miércoles, sin ninguna modificación, el decreto ley del Gobierno autonómico que regula el reglamento del impuesto sobre bebidas azucaradas envasadas que fue aprobado por decreto en junio del 2017 y que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) anuló posteriormente. Ahora ha sido aprobado con 74 votos a favor de JxCat, ERC, Comuns y CUP, mientras que ha habido 4 votos en contra del PP, y 52 abstenciones de Ciudadanos y el PSC-Units.

Torra endosa al Parlamento la respuesta a la sentencia

ERC llama a la serenidad, mientras JxCat busca una reacción basada en la autodeterminación

m. l.

Quim Torra juega al despiste con sus llamamientos a la desobediencia civil para cuando se conozca la sentencia contra los líderes del desafío independentista. Perdón. Contra algunos. Carles Puigdemont, entonces presidente de la Generalitat y su mentor, sigue huido y el fallo judicial no va contra él. Por eso su alumno en el Palau escenifica día sí, día también, un propósito de venganza contra el Tribunal Supremo para hacer ver que los suyos siguen en la causa. No vaya a ser que Junqueras se convierta en un héroe del independentismo; Puigdemont, en el traidor; y la ANC y Òmnium, en los mensajeros útiles. Los líderes de estas, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, han vuelto a pedir al Supremo que los deje en libertad, después de que la Fiscalía solicitase una vista para prorrogarles la prisión provisional.

Las diferencias entre ERC y Junts respecto a la posible reacción a una sentencia que no gustará a todos, o que más bien enfadará a muchos, son evidentes. Junqueras aboga por no ir al choque de trenes y le dijo a Torra que no hace falta ni «humo ni simbolismo vacío». Este le replicó que «hay que aprovechar la oportunidad para no malgastar el sueño» y le instó a no pensar en urnas, pues teme que los republicanos le arrebaten el sillón.

Así pues, un Torra dispuesto a inmolarse pasó del «apretad», que pidió a los CDR, a apoyar a los detenidos con explosivos y a arengar a la ciudadanía para que desobedezca. Y aquí surgen incógnitas. Si de manifestarse se trata, es un derecho democrático. Si es incumplir con ciertas obligaciones, podría hablarse de cuestiones laborales, tributarias... De ser más gruesa la acción, podría incluso ser sedición.

Pero ayer tocó un Torra medroso y anunció que no será su Gobierno el que dé una respuesta a la sentencia si es condenatoria, sino el Parlamento. Cubre así sus espaldas, pues aún está pendiente del juicio por desobediencia a la Junta Electoral por no retirar los lazos amarillos. Es decir, quiere que sea la Cámara, presidida por Roger Torrent (ERC), la que dé una respuesta, basada en «la democracia, los derechos humanos y el derecho a la autodeterminación» -obvió que este último no existe en nuestra democracia-, porque la sentencia puede ser «el torpedo más grave que puede haber contra la convivencia». No se descarta que aprueben alguna declaración de cara a la parroquia y que después tumbe el Constitucional.

Raül Romeva, en la tónica de ERC, ha llamado desde prisión a responder «con serenidad y la cabeza fría, no de forma visceral o reactiva», y en el entorno del vicepresidente Aragonès admiten que a veces hay que frenar los impulsos de Torra.

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