Los Mossos se hartan de Torra y su cúpula se conjura para cumplir la ley

Sindicatos y mandos rechazan las injerencias políticas tras la sentencia del 1-O

José Luis Trapero, a su llegada a la Audiencia Nacional en febrero del 2018
José Luis Trapero, a su llegada a la Audiencia Nacional en febrero del 2018

MADRID / COLPISA

De nuevo, en el centro del huracán. De nuevo, objeto de todas las miradas y, sobre todo, diana de todas las críticas, tanto de un lado como del otro. Entre los 17.000 mossos hay una cierta sensación de hartazgo, pero sobre todo de déjà vu. Dos años después de la convulsión que supuso para el cuerpo el 1-O y los acontecimientos posteriores, entre ellos el cese de José Luis Trapero tras la aplicación del 155, la policía autonómica catalana vive días muy tensos con cambios de indiscutible trasfondo político. Todo ello en vísperas de una campaña de desobediencia civil como protesta a la sentencia del Supremo que el independentismo más radical aspira a alargar en el tiempo.

En la cúpula del cuerpo (prefectura, comisarios e intendentes) aseguran de forma tajante que este otoño caliente «no permitirán injerencias políticas» en los operativos y que si hay desórdenes actuarán con «proporcionalidad» siguiendo los protocolos policiales, «como siempre».

A los mandos de los Mossos d’Esquadra, insisten, les «da igual» que los responsables de la Generalitat estén llamando a la insurrección o a la desobediencia institucional como respuesta al fallo que se espera condenatorio para los líderes independentistas. Por eso -afirman en el Complejo Central de Egara, el cuartel general del cuerpo en Tarrasa- no se entiende que «desde Madrid» se apunte ya la posibilidad de activar la Ley de Seguridad Nacional para poner a la policía catalana bajo el control del Ejecutivo. «No deja de ser una muestra de desconfianza», afirma un veterano comisario. Una cosa fueron las órdenes judiciales de intervenir en los colegios del 1-O contra gente que no estaba «provocando incidentes», y otra es actuar para frenar «actos vandálicos», distingue este mando.

«Estamos hartos. Y eso que estamos acostumbrados a ser moneda de cambio de uno y otros. ¡Qué nos dejen de utilizar para hacer política! ¡Qué nos dejen en paz!», clama Toni Castejón, portavoz de Fepol (sindicato mayoritario de los Mossos).

Desasosiego y cambios

Al margen del indisimulado enfado con los dirigentes políticos que rezuma en la inmensa mayoría de las comisarías, también hay cierto sentimiento de desasosiego por los cambios de esta semana. La decisión de Andreu Martínez de dejar la dirección del cuerpo en los albores del tardor calenta (otoño caliente) ha caído como un jarro de agua fría. En los quince meses que Martínez ha ocupado el mando político del cuerpo -dicen en Egara- se «ha dejado la piel» como escudo ante las órdenes que llegaban desde la Generalitat. El director saliente se ganó el reconocimiento de buena parte de la plantilla cuando en diciembre paró de raíz el intento de Torra de que rodaran cabezas entre los responsables de la Brimo (antidisturbios) por las cargas contra los antisistema que marcharon contra de las concentraciones de Vox en Gerona y Tarrasa.

Martínez ha sido sustituido por Pere Ferrer, hasta ahora jefe de gabinete del consejero de Interior Miquel Buch y muy cercano a Torra. Su perfil es una incógnita, aunque, para tranquilidad del cuerpo, en una carta a los agentes, prometió un «escrupuloso cumplimiento de la legislación» y «de las funciones de policía judicial».

Ferrer no ha sido el único mando con vitola de indepe que ha avisado de que los Mossos no van a participar en la insumisión que plantea la Generalitat. El jefe operativo del cuerpo, el major Eduard Sallent, cuyo nombramiento en junio en sustitución del moderado Miquel Esquius fue interpretado como un giro hacia la radicalidad, también se ha desmarcado. «Acataremos absolutamente las órdenes de jueces y fiscales» prometió el pasado 30 de septiembre en una reunión con la cúpula policial.

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