El Gobierno de Rajoy descartó para Cataluña la ley de seguridad que ahora defiende el PP, por estar ideada para desastres naturales

El Constitucional matizó en el 2016 que esa norma no permite retirar la competencia sobre la policía autonómica

José Luis Ayllón fue secretario de Estado de Relaciones con las Cortes y jefe de Gabinete en el Gobierno de Rajoy
José Luis Ayllón fue secretario de Estado de Relaciones con las Cortes y jefe de Gabinete en el Gobierno de Rajoy
M. Saiz-Pardo
Madrid / Colpisa

Aún hoy persiste la disparidad de opiniones que generó en el Gobierno de Mariano Rajoy la aplicación de la Ley de Seguridad Nacional como respuesta a la crisis catalana. Pero en aquellas semanas previas al referendo ilegal del 1-O, en la Moncloa zanjaron que la norma no estaba diseñada para este tipo de desafíos. El PP, en todo caso, ha decidido, dos años después, rescatar el texto como alternativa al 155 que Pablo Casado defendió en la precampaña del 28 de abril.

En las reuniones de las altas esferas gubernamentales y de seguridad previas a la intervención de Cataluña participó en el 2017 José Luis Ayllón, entonces secretario de Estado de Relaciones con las Cortes. Según él, esta ley estaba «pensada para otro tipo de circunstancias». «Por ejemplo -defendió este jueves en la Cadena Ser-, para una situación catastrófica o de ciberterrorismo». Fuentes gubernamentales trasladaron entonces que la normativa era más apropiada para desastres naturales y otras emergencias que requieran la coordinación de recursos de la Administración central, las comunidades y los ayuntamientos. «No te permitía -recuerdan ahora- tomar el control de los Mossos». 

El Constitucional matiza

No todos en el Ejecutivo compartieron el análisis. Fuentes de la antigua cúpula de Interior aseguran que no se aplicó porque más que una crisis de seguridad hubo un desafío institucional con la declaración de independencia.

Alfonso Senillosa, asesor del Gabinete de Rajoy, fue el encargado del texto aprobado en el 2015. Establece que ante una «situación de interés para la seguridad nacional», el presidente puede, vía real decreto, definir la crisis, su ámbito geográfico, la duración y nombrar a una «autoridad funcional» que dirija y coordine el dispositivo. De ahí que el PP deduzca que el Ejecutivo podría dar órdenes a los Mossos d’Esquadra.

El Tribunal Constitucional matizó, en todo caso, en el 2016, que la Ley de Seguridad Nacional permite una coordinación reforzada, pero no que el Gobierno se haga con la competencia del Ejecutivo de Cataluña sobre la policía autonómica. Esa fue la respuesta de los magistrados a la Generalitat, que, ante el temor a que la norma estuviera ideada con ese fin, acudió a la vía judicial.

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