El fallo del 1-O puede retrasarse más allá del 16 por las diferencias entre los jueces
ESPAÑA
El Gobierno activará la Ley de Seguridad Nacional en Cataluña si se agrava la tensión
03 oct 2019 . Actualizado a las 08:56 h.Si el histórico juicio a los líderes del secesionismo catalán monopolizó -al alimón con la cascada de citas electorales- el invierno y la primavera pasados, su esperadísima sentencia vuelve a ser el epicentro político del otoño, otra vez coincidiendo con una nueva convocatoria a las urnas. Pero el fallo, el más trascendental de la democracia, que se esperaba para los primeros días de octubre, podría acabar retrasándose más allá del 16, fecha en la que se cumplen dos años de la entrada en la cárcel de los primeros detenidos del 1-O, el plazo máximo que establece la ley para la prisión preventiva. La pretensión de la sala del Tribunal Supremo que preside Manuel Marchena era dictar sentencia antes de esa fecha para evitar prolongar innecesariamente la medida cautelar que pesa sobre nueve de los doce procesados, pero, según señalan las fuentes consultadas, algunas divergencias entre los magistrados y la complejidad de una causa en la que se busca una sentencia por unanimidad lo están complicando.
la condena
La violencia, clave. Los líderes secesionistas procesados se enfrentan a penas de entre 16 y 25 años de cárcel por los delitos de rebelión, sedición, malversación de fondos públicos y desobediencia. La clave para determinar el alcance de una condena de la que prácticamente nadie duda está en si el tribunal considera probado que los procesados instigaron a la violencia en los dos hitos principales de la escalada independentista: el cerco a la Consejería de Economía, el 20 de septiembre del 2017 -la comisión judicial que registraba el edificio tuvo que salir por el tejado y escoltada-, y durante la celebración del referendo ilegal, el 1 de octubre.
el plazo del 16
¿Prórroga de la prisión provisional o libertad? Aunque en el Supremo mantienen el mutismo sobre la fecha esperada para hacer público el fallo, las fuentes oficiales aseguran que, en el supuesto de que se demore más allá del día 16, lo previsible es que la sala resuelva prorrogar (hasta dos años más) la prisión preventiva de los encarcelados (9 de los 12 acusados). Sus defensas podrían, sin embargo, pedir de nuevo su puesta en libertad si se rebasa el citado límite de dos años de la medida cautelar, pero hay pocas probabilidades de que prosperase, ya que no es la primera vez que lo solicitan y que la sala lo rechaza alegando siempre que la sentencia está próxima a conocerse y a concluir el proceso judicial, recuerdan las mismas fuentes.
la notificación
Aún sin decidir si habrá lectura pública. Otra de las incógnitas que se mantienen es si se hará una lectura pública de la sentencia, un procedimiento habitual en casos de la trascendencia del procés. Sin embargo, dada la extensión que presumiblemente tendrá la sentencia, parece inviable porque llevaría horas, y extractarla podría añadir más controversia a un asunto ya de por sí espinoso. De hecho, el presidente de la sala, Manuel Marchena, ponente de la sentencia, no es partidario de la lectura pública. Todo apunta a que se citará a las partes para notificarles a la vez la resolución, que después se hará pública.
las consecuencias
Se garantizará el orden público activando la Ley de Seguridad Nacional. ¿Qué pasará tras la sentencia, habida cuenta de que el independentismo aprovechó el segundo aniversario del 1-O para hacer una llamada a la desobediencia civil ante el fallo? Este miércoles, el presidente del Supremo reconocía que hay incertidumbre sobre cuál será la respuesta de la sociedad catalana, y el ministro del Interior advirtió de que el Gobierno «actuará en la forma oportuna en el momento preciso». La traducción práctica es que el Ejecutivo aplicará la Ley de Seguridad Nacional en Cataluña ante una eventual escalada de la tensión para garantizar el orden -en lugar de activar el 155, una suspensión de facto de la autonomía-. Aunque confía en que no sea preciso intervenir, el Gobierno lleva tiempo diseñando un plan gradual de actuación. La Ley de Seguridad Nacional, propuesta hace unos días por el líder del PP, Pablo Casado, se activaría vía decreto para imponer la coordinación de todas las fuerzas de seguridad del Estado, incluyendo la policía autonómica, sin retirarle las competencias a la Generalitat.