El Gobierno esgrime la aplicación del 155 frente a la escalada de amenazas de Torra

Pedro Sánchez recuerda que incluso estando en funciones puede intervenir la Generalitat

DAVID ZORRAKINO

MADRID / COLPISA

El hecho de estar en funciones y con el Senado disuelto no impedirá que el Gobierno impulse, «en las próximas semanas o meses», si fuera necesaria, la intervención de la autonomía catalana vía artículo 155 de la Constitución. Pedro Sánchez advirtió así al presidente de la Generalitat, Quim Torra, de que su equipo ya ha estudiado ese escenario desde un punto de vista jurídico y su conclusión es tajante: no habría ningún inconveniente para que el Senado avalara, a través de su Diputación Permanente, una actuación similar a la que ya llevó a cabo el Gobierno de Mariano Rajoy, con el apoyo del PSOE, en el otoño del 2017.

Sobre la mesa no hay ninguna sentencia al respecto ni, según admiten en la Moncloa, informes por escrito de la Abogacía del Estado o de los servicios jurídicos del Senado. Pero en el 2015, convocadas las elecciones generales del 20 de diciembre, el Ejecutivo del PP también analizó el asunto y llegó a la misma conclusión que Sánchez.

El planteamiento de los constitucionalistas es que, del mismo modo que la Diputación Permanente del Congreso asume las competencias de esa Cámara cuando, estando disuelta, sea necesario proclamar el estado de alarma, de excepción o de sitio, la del Senado tiene que poder hacer lo propio con las medidas para obligar a una comunidad a cumplir sus obligaciones constitucionales. De otro modo, aducen, se dejaría inerme al Estado.

El aviso realizado por Sánchez en la Ser, en todo caso, pretendía servir como aldabonazo. El líder del PSOE aseguró que su deseo es no tener que llegar a echar mano del excepcional precepto y anticipó que, si no le queda más remedio, buscará la «unidad de los partidos políticos» y la «proporcionalidad». Pero, aunque subrayó que aún no ha tomado «ningún tipo de decisión», también insistió en su llamada a Torra para que no «juegue con fuego, que no cometa más errores y que condene rotundamente la violencia, también la que procede de los propios movimientos independentistas». 

Tensiones venideras

En el Gobierno preocupa la actitud adoptada por el jefe del Ejecutivo catalán frente a las detenciones de miembros de los CDR por delitos relacionados con terrorismo y tenencia de explosivos. Sánchez aseguró que él confía en la actuación de los Mossos d’Esquadra y que la coordinación técnica con el Ministerio del Interior y la Delegación del Gobierno es de momento «extraordinariamente positiva». Pero la dimisión del director de la policía autonómica, Andreu Martínez, justo en vísperas de la sentencia del procés, por falta de confianza de Torra, tampoco es interpretado como un buen augurio. Como no lo fueron las resoluciones aprobadas la semana pasada por el Parlamento catalán. Y que, una vez publicados el lunes en el Boletín Oficial del Parlamento autonómico los textos en los que Junts, ERC y la CUP se comprometieron a dar una respuesta institucional a la sentencia para conseguir la amnistía de los dirigentes que puedan resultar condenados y se conmina a la retirada de la Guardia Civil de Cataluña, el Gobierno ya ha anunciado que los recurrirá ante el Tribunal Constitucional.

Las dos vías posibles son la impugnación directa o la formulación de un incidente de ejecución de sentencia. Sánchez dio a entender que se inclinará por esta última, que, además de la suspensión de las resoluciones, puede conllevar un requerimiento a la Mesa de la Cámara autonómica. La sentencia que, en principio, se consideraría vulnerada es la que en el 2015 anuló la proclamación que dio inicio al proceso independentista. En plena precampaña, Sánchez aprovechó para decir lo complejo que habría sido gestionar estas cuestiones en un Gobierno compartido con Podemos.

El presidente catalán se compromete a avanzar hacia la independencia 

c. reino

El Gobierno catalán reafirmó ayer su lealtad al derecho de autodeterminación y a la república catalana declarada ilegalmente el 27 de octubre del 2017. En el segundo aniversario del referendo ilegal del 1-O, el presidente Quim Torra, rodeado por el vicepresidente Pere Aragonès, los consejeros y otros altos cargos de la Administración catalana, reivindicó el «espíritu» del 1-O como una fecha fundacional del republicanismo y se comprometió a «avanzar sin excusas» hacia la independencia. La reacción de Torra al Supremo es una incógnita, toda vez que su inhabilitación está casi cantada por el juicio de los lazos amarillos.

El Gobierno catalán buscó la máxima solemnidad para celebrar la efeméride del 1-O, marcada por la inminente sentencia del Supremo. En ese contexto hay que situar las palabras de Torra y Aragonès. Según el vicepresidente, el «espíritu» del 1-O y el de la huelga del 3 de octubre es el que deberá marcar los «desafíos del futuro».

Todos en el independentismo están de acuerdo en que deben dar pasos hacia la secesión. Pero la cuestión es cómo se hace sin que Cataluña vuelva a caer al precipicio como hace dos años, que acabó con nueve dirigentes en prisión, la aplicación del 155 y la huida de medio Gobierno al extranjero. Los secesionistas quisieron trasladar una imagen de unidad en vísperas de conocerse la sentencia. Buscó la unidad gubernamental en el acto en el Palau, en un mitin en el que intervinieron JxCat, ERC y la CUP y las entidades sociales, y en la manifestación en Barcelona.

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