Madrid | La Voz

El retorno de los partidos independentistas catalanes a la vía de la desobediencia tras la detención de nueve miembros de los Comités de Defensa de la República acusados de un presunto delito de terrorismo supone un punto de inflexión que ha irrumpido de lleno en la precampaña electoral.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tenía previsto que el debate se centrara en la elección entre gobernabilidad o bloqueo, pero los graves incidentes ocurridos en el Parlamento catalán después de que los independentistas exigieran la liberación de los detenidos y aprobaran una resolución que pide la retirada de Cataluña de los efectivos de la Guardia Civil elevan la tensión y devuelven todo el protagonismo al conflicto catalán.

ERC, arrastrada por la CUP

Tras un período en el que la temperatura del debate parecía haber descendido varios grados, la moción aprobada en el Parlamento catalán por los secesionistas que defiende el uso de la «desobediencia civil e institucional» ante el inminente sentencia del Tribunal Supremo en el juicio a los líderes del procés ha desatado un incendio. La iniciativa de la CUP y la disputa por el liderazgo del secesionismo ha arrastrado no solo al presidente de la Generalitat, Joaquim Torra, y a Junts per Catalunya, el partido de Carles Puigdemont, sino también a ERC, que parecía haber emprendido una vía más pragmática y proclive al diálogo para encauzar el conflicto, pero que ayer se reafirmó en la denuncia de las «imposiciones antidemocráticas» del Estado español .

El Ejecutivo reaccionó con rapidez a ese desafío y anunció que recurrirá ante el Tribunal Constitucional las mociones aprobadas en el Parlamento catalán. La ministra de Justicia en funciones, Dolores Delgado, aseguró que el Ejecutivo responderá con «firmeza» y «contundencia», pero también con «serenidad».

Lo sucedido ha hecho que retorne también al debate de precampaña la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña, que Ciudadanos exige ante el regreso del independentismo a la vía de la desobediencia y el apoyo explícito de los secesionistas a los acusados de un presunto delito de terrorismo. La líder de Ciudadanos en Cataluña, Lorena Roldán, insistió ayer en que «millones de catalanes tienen miedo» y se sienten «amenazados» y «señalados por los radicales separatistas».

El PP, sin embargo, no fue tan rotundo y se limitó plantear que «todos los instrumentos del Estado de Derecho se pongan en marcha en los momentos oportunos y cuando se cumplan los requisitos que las propias leyes marcan». Lo que sí demandaron los populares es que el PSOE rompa sus pactos en 40 ayuntamientos catalanes y en la Diputación de Barcelona con sus «socios» independentistas.

Celaá descarta aplicar el 155

La ministra de Justicia respondió a esas demandas asegurando que el Ejecutivo «no dudará» en aplicar el 155 en Cataluña si «concurren las circunstancias» y reclamó a las fuerzas independentistas un «claro rechazo y condena» de los actos violentos. Aunque la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, confirmó que se impugnarán las resoluciones una vez que se publiquen porque «son una clara extralimitación» del Parlamento catalán y «un ataque a la convivencia entre los catalanes», descartó la aplicación del artículo 155 de la Constitución ya que «no se dan» las circunstancias para ello.

Celaá exigió al presidente de la Generalitat «una actitud muchísimo más exigente con respecto a una potencial violencia» y reclamó también «calma, prudencia y serenidad» a la oposición ante lo que calificó como una actitud «electoralista». «No desorbitemos», dijo, porque existen «cauces legales» para actuar sin recurrir a la aplicación de un precepto constitucional que está pensado para cuando «se vulnere la ley o se perjudique el interés general».

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El retorno del secesionismo a la vía de la desobediencia condiciona la campaña