Solo dos de los 47 irán a prisión tras un pacto con la Fiscalía
17 sep 2019 . Actualizado a las 05:00 h.El último gran juicio contra ETA en España duró ayer exactamente 29 minutos, aunque estaba previsto que se alargase hasta dos meses. El macroproceso contra los 47 activistas y abogados aberzales acusados de ser la correa de transmisión entre ETA y sus presos acabó con un pacto con la Fiscalía y el resto de acusaciones (Asociación de Víctimas del Terrorismo, AVT, y Dignidad y Justicia) para que solo dos de los procesados pisen la prisión y solo por unos meses. El acuerdo pasa por admitir las acusaciones del ministerio público. O sea, reconocer que los letrados defensores de los presos de ETA y los dirigentes de las asociaciones de solidaridad con los reclusos en realidad recibían y acataban instrucciones de la cúpula de la banda. A cambio, la Audiencia Nacional les condenará a penas muy leves, de entre tres años y medio y un año de prisión, muy alejadas de los castigos de entre ocho y catorce años que reclamaba la Fiscalía.
El acuerdo provocó sorpresa en la Audiencia Nacional y no solo por el hecho de que las asociaciones de víctimas se sumaran al pacto de la Fiscalía, sino por la circunstancia de que entre los más beneficiados estén varios de los letrados que durante años participaron en la estrategia de no reconocer al tribunal, no participar en los juicios y renunciar a la defensa activa de los etarras, abocándolos así a sentencias condenatorias casi seguras.
Beneficiados
Tras el visto para sentencia, la mayor condena será para Arantza Zulueta, histórica letrada de los presos de la banda, que admitió, tal y como sostenía la Fiscalía, ser dirigente del KT (Koordinazioa Taldea), el órgano que transmitía las órdenes de ETA en las cárceles. Será condenada a tres años y medio de prisión por integración en banda armada en grado de dirigente, aunque con el atenuante de «confesión tardía». Zulueta, que ya pasó tres años en prisión preventiva y que se arriesgaba a una condena de catorce, regresará solo unos meses a la cárcel, aunque todavía queda por saber la liquidación de condena exacta.
La misma pena, integración en grado dirigente, aceptó otro conocido abogado de ETA, Jon Enparantza, quien admitió ser condenado a dos años y siete meses lo que le obligará, como a Zulueta, a volver durante un corto período a la cárcel, ya que también estuvo más de dos años y tres meses en prisión preventiva. El resto de los imputados, según el pacto alcanzado, serán condenados a penas de entre uno y dos años de cárcel, tras aceptar un delito de «participación activa» en banda terrorista. Todos esquivarán la prisión. Entre estos están la letrada Ainhoa Baglietto, el exsenador de Bildu Iñaki Goioaga o la actual concejala de este mismo partido en Pamplona Amia Izco.
En cuanto a las penas de inhabilitación para cargo o empleo público, que en la petición fiscal oscilaban entre diez y quince años, los acusados se conformaron con tres años, tres años y medio, y en el caso de Zulueta y Enparantza, de cinco y cuatro años, respectivamente, de inhabilitación absoluta.