El poder judicial avisa de «la imperiosa obligación de acatar» la sentencia del Supremo sobre 1-O

El ministerio público cuestiona que Prisiones de Cataluña sea «imparcial» al evaluar a los políticos si cumplen allí la condena

La fiscala general del Estado, María José Segarra, interviene durante la apertura del año judicial ante el presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, y Felipe VI
La fiscala general del Estado, María José Segarra, interviene durante la apertura del año judicial ante el presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, y Felipe VI
r. gorriarán
madrid / colpisa

La sentencia por el desafío secesionista en Cataluña marcará este otoño la agenda política del país, si finalmente no hay repetición electoral en noviembre, y desde el poder judicial ya velan armas ante la previsible desobediencia de los partidos independentistas y sus plataformas civiles.

La apertura del curso judicial, el solemne acto que se celebra cada año en el Tribunal Supremo y preside el rey, sirvió este lunes de escaparate para lanzar los primeros mensajes ante la próxima resolución. Un fallo que se podría conocer antes del 16 de octubre, día en que se cumplen los dos años de prisión preventiva para los líderes de organizaciones civiles acusados, Jordi Cuixart y Jordi Sànchez. Una circunstancia que obligaría a una prórroga carcelaria que el tribunal quiere evitar, según fuentes jurídicas.

Los discursos pronunciados por el presidente del Supremo, Carlos Lesmes, y la fiscala general del Estado, María José Segarra, ante Felipe VI y la cúpula judicial tuvieron como innominado receptor al mundo secesionista que anuncia una desobediencia general contra el poder judicial y las instituciones del Estado (el presidente de la Generalitat, Quim Torra, sugirió este domingo que no acudiría al juicio previsto el 25 y 26 de septiembre por incumplir presuntamente la orden para retirar los lazos amarillos de los edificios públicos, una vista oral en la que se juega su inhabilitación). Lesmes, y en mayor medida Segarra, reclamaron que se respete la resolución del tribunal y recordaron la «imperiosa obligación» de acatarla. El presidente del Consejo General del Poder Judicial volvió a reiterar la necesidad de respetar el derecho y su independencia «como principio de convivencia de la democracia», mientras que la fiscala general fue más directa y avanzó que «todos» tienen que reconocer la sentencia, «sea cual sea el sentido de la misma». 

Beneficios penitenciarios

Además, la Fiscalía no las tiene todas consigo sobre «la imparcialidad» del sistema penitenciario catalán. Duda porque la Generalitat, que tiene las competencias sobre las cárceles, sostiene que los líderes juzgados son «presos políticos» que no tienen por qué estar en prisión. Si los acusados son condenados elegirán centro para cumplir la pena, y todo hace pensar que solicitarán ir a Cataluña.

La Fiscalía señala en la memoria que presentó este lunes que las principales autoridades del Gobierno catalán, «incluido el director general» del sistema penitenciario, «han mostrado su rechazo a la prisión provisional», y esas opiniones pueden condicionar «la tranquilidad e imparcialidad» de las autoridades de la Administración penitenciaria de Cataluña cuando tengan que «evaluar a los presos sin son finalmente condenados». Es decir, cuando deban resolver sobre la aplicación del tercer grado u otro beneficio penitenciario. La Fiscalía recuerda además el ambiente «anómalo» dentro y fuera de las cárceles y la «anormal presencia» de dirigentes políticos que visitan las prisiones.

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