El postamayazo, origen de la caja B del PP de Madrid con Esperanza Aguirre

El plan de financiación irregular se consumó en el 2003 al ganar la presidencia autonómica

Esperanza Aguirre dimitió de la presidencia del PP de Madrid el 14 de febrero del 2016 por «responsabilidad política», aunque, dijo, no tenía «ninguna responsabilidad material», ni podía «estar encausada en nada»
Esperanza Aguirre dimitió de la presidencia del PP de Madrid el 14 de febrero del 2016 por «responsabilidad política», aunque, dijo, no tenía «ninguna responsabilidad material», ni podía «estar encausada en nada»

madrid / colpisa

«Financiación ilícita del Partido Popular de la Comunidad de Madrid y de sus dirigentes. Desvío de dinero público y falsedad documental». Este es el nombre de la pieza separada del caso Púnica -la «gigantesca red de tráfico de influencias» que afecta a varias comunidades autónomas, según el juez- que ha vuelto a remover los cimientos del partido de Pablo Casado.

El auto conocido este lunes en la Audiencia Nacional, en el que el instructor Manuel García Castellón amplía la lista de investigados en esta pieza separada de 42 a 71 personas, entre ellas las expresidentas regionales Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes, relata con todo lujo de detalles el origen de la caja B.

Pese a que la ejecución efectiva de este flujo de dinero data del período 2006-2012, coincidiendo con las campañas autonómicas del 2007 y 2011 y las generales del 2008, el punto de partida fue el 2003. ¿Qué ocurrió ese año? El 25 de mayo se celebraron las elecciones autonómicas, en las que Esperanza Aguirre no logró la mayoría absoluta ya que PSOE e IU sumaron un diputado más. El 10 de junio se celebró el pleno de investidura en la Asamblea de Madrid, pero dos diputados socialistas se ausentaron: Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez, lo que impidió elegir presidente a Rafael Simancas. Este sorpresivo transfuguismo fue conocido como tamayazo, aunque las razones del mismo o una posible mano negra nunca se llegó a sustentar en los tribunales. Dado que ninguno de los dos grupos alcanzaron los votos suficientes en aquella sesión, se repitieron las elecciones en octubre siguiente. Aguirre esta vez sí alcanzó los escaños necesarios y fue elegida presidenta de la Comunidad de Madrid. 

«Estrategia de financiación»

Con este contexto político previo, el auto del lunes relata que tras acceder al Gobierno autonómico los dirigentes del PP madrileño «fijaron una estrategia para obtener diversas fuentes de financiación». Para ello, «se ampararon en diversas partidas del presupuesto, en principio con unos fines de propaganda institucional u otros que sirvieron de coartada para desviar dinero público desde las licitaciones de las consejerías, y adjudicar, en connivencia con determinados proveedores de confianza, la licitación de determinados contratos de suministros».

Sin embargo, las primeras actuaciones para financiarse de forma «opaca» ya se enmarcaron en la campaña de las elecciones de octubre del 2003, la de la primera mayoría absoluta de Aguirre, según el auto. Y el hombre de paja de esta ilícita estrategia fue Daniel Horacio Mercado, uno de los empresarios investigado responsable de diversas mercantiles de publicidad que trabajaban para la Administración regional.

A principios del 2004, la maquinaria ya estaba en marcha. Fue en una reunión en la sede de Presidencia cuando se presentó a los consejeros a aquel empresario que venía de parte de Aguirre. El mismo que puso en marcha el nuevo eslogan de la comunidad diseñado por él mismo, que fue ampliamente difundido. «Madrid, la suma de todos». Con esta popular campaña empezó, presuntamente, la estrategia de la financiación irregular de los populares madrileños, según el juez.

En un audio que obra en el juzgado sobre una conversación de Ignacio González con Esperanza Aguirre en el 2017, esta afirma: «Que nos hayamos saltado el límite del dinero electoral para la campaña pues puede..., pero desde luego Fundescam no ha pagado». El fiscal concluye que la expresidenta de Madrid «reconoce abiertamente la financiación ilegal». La citada fundación estaba presidida por Cristina Cifuentes, imputada por los amaños de contratos en favor del empresario Arturo Fernández, del Grupo Cantoblanco, a cambio de sus aportaciones al PP de Madrid.

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