La inacción de Torra y Colau, tras la crisis de seguridad que angustia a Barcelona

Barcelona está herida por la delincuencia. El aumento del turismo -tras el receso del desafío independentista-, en el que las bandas ven a sus presas, los recortes aplicados por Artur Mas en el 2010 en los Mossos, la inacción de Quim Torra y la deficiente gestión de Ada Colau en la Guardia Urbana han desembocado en una crisis de seguridad en la ciudad. Ambas Administraciones se tiran los trastos a la cabeza y echan balones fuera. Que si la culpa es de los manteros que consiente el Ayuntamiento -por la gente que se para en los puestos, dijo la Generalitat- y del Parlamento español por no endurecer el Código Penal; que si es de la Generalitat por no desplegar agentes, y, entre ambos, el PP sugiere que se envíen policías nacionales y guardias civiles.

El incremento de homicidios y robos violentos ha desatado hostilidades entre Generalitat, Ayuntamiento y Mossos. Según estos últimos, este año ya ha habido doce homicidios, una de las cifras más altas desde el 2013, cuando fueron doce, mientras que los robos con violencia han aumentado un 30 %, hasta los 5.331 casos. De los doce homicidios, ocho se han registrado desde el 1 de julio, cuando lo habitual es que en ese mes y agosto la media sea de dos. En cuanto a los robos, la novedad es la violencia que los acompaña y que la mayoría de las víctimas son turistas. Los apuñalamientos también son preocupantes: solo en una semana de agosto hubo ocho heridos por arma blanca.

La Ciudad Condal es la localidad española que padece un incremento más elevado de los delitos, un 22 %. El del Estado fue del 9,1 % el año pasado. Solo entre el 2016 y el 2018, las denuncias en la capital catalana han crecido un 26,9 % frente al 6 % en el Estado. Y este año la tendencia se mantiene.

Si se compara por semestres desde el 2011, año desde el que los Mossos tienen datos, las cifras son más alarmantes. Desde el 2016, los robos con violencia e intimidación han aumentado un 58 % y el distrito más afectado es Ciutat Vella (Raval, Born, Barceloneta y Gòtic), con una media de 90 a la semana este verano, frente a los 70 del 2012. La competencia de la seguridad es de la policía autonómica, deficitaria en agentes. Aún así ha desplegado en el citado barrio, el más frecuentado por los 20 millones de turistas que visitan la ciudad cada año, dos unidades antidisturbios. 

Impunidad

Cambio legislativo y caceroladas. Aunque las detenciones este año han aumentado un 80 %, tan solo un 10 % de los apresados ingresan en prisión. Por eso, el director de los Mossos, Andreu Joan Martínez, propone modificaciones legislativas. Detalla que de los 1.627 detenidos por robos violentos en el 2018, entraron en la cárcel 159, y de los 1.529 arrestados en el 2019, solo 165. Y es que los integrantes de bandas, en su mayoría del Este, latinas y africanas, saben que un robo por importe inferior a 400 euros es punible con multa. 

En algunos barrios, los vecinos ya han protestado con caceloradas para exigir más presencia policial. Y en municipios colindantes han recuperado la figura del sereno. 

Generalitat

«Problema de seguridad». El consejero de Interior de Quim Torra, Miquel Buch, admite que «en Barcelona hay un problema de seguridad. Los datos que nos dan los cuerpos policiales son de niveles de delincuencia altos», lo que genera, añade, «sensación de inseguridad». Desde varias instancias se culpa a los recortes aplicados por Artur Mas desde el 2010 en los Mossos d´Esquadra, pues desde el 2011 no se convocaron nuevas promociones hasta este año. 

Los Mossos niegan la crisis. Los Mossos admiten que les preocupa el aumento de la violencia, aunque creen que la situación no es alarmante. El director, Andreu Martínez, niega que exista una crisis de seguridad. Solo reconoce «problemas de inseguridad» y alardea de que el año pasado la inquietud eran los narcopisos y los robos en domicilios y que este último tipo ha bajado un 17 % y el anterior casi desaparecido. Los agentes, en cambio, atribuyen la delicada situación a la mala distribución y a la falta de patrullas.  

Ayuntamiento

División entre los comunes y el PSC. La inseguridad en Barcelona ha provocado fricciones en el gobierno de coalición de Ada Colau y el PSC. La primera, conocedora del problema, dejó a los socialistas la cartera para que lidiasen con esa preocupación. Y mientras la alcaldesa niega la existencia de una «crisis de seguridad» porque «son hechos puntuales» (nueve homicidios en menos de dos meses), su socio no opina lo mismo. El teniente de alcalde de Prevención y Seguridad, Albert Batlle, considera que la ciudad sí sufre una «crisis de seguridad». 

Guardia Urbana, plantilla escasa y casi la mitad, de vacaciones. Los agentes de la policía local de Barcelona tienen derecho a vacaciones, faltaría más. El problema es que Colau no ha reaccionado ante el aumento de la delincuencia y no ha reorganizado los turnos. Así, durante el verano, un 40 % de los guardias están de vacaciones. Si se tiene en cuenta un absentismo del 3-4 %, queda operativo un 57 % de los 2.800 en nómina. Y eso que es la época que más turistas recibe la Ciudad Condal -unos 4,5 millones el año pasado- y que en la mayoría de los casos son estos las víctimas de los robos. Durante la etapa de Xavier Trias en la alcaldía, los agentes que hacían vacaciones en otra época del año recibían una paga extra. Desde los sindicatos insisten en que el problema es que la plantilla es escasa. Tanto UGT como CSF estiman que se necesitan a mayores más de mil agentes, y critican que se les destinen a servicios de vigilancia de manteros y a la amenaza terrorista y echan en falta las unidades que antes de la llegada de Colau circulaban en vehículos por zonas sensibles para disuadir a los delincuentes. Y es que la alcaldesa ha desmantelado la unidad antidisturbios de la Guardia Urbana, lo que le costó que el CSF dijese hace un año que «Colau ha convertido Barcelona en la ciudad más insegura de España». 

Policía Nacional

Oferta de colaboración. La Agrupación Reformista de Policías ha pedido al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que brinde el despliegue de la Policía Nacional para ayudar a la Guardia Urbana y Mossos. La propuesta fue recogida por el PP en una proposición no de ley.