La Fiscalía pide 44 años de cárcel para los acusados de los atentados del 17A en Barcelona y Cambrils

El ministerio público no puede imputar por asesinato a los tres únicos procesados

Cientos de ciudadanos se concentraron en Las Ramblas para dejar flores y velas encendidas el día después de los atentados del 17A
Cientos de ciudadanos se concentraron en Las Ramblas para dejar flores y velas encendidas el día después de los atentados del 17A

MADRID / COLPISA

Dos años después de los atentados de Barcelona y Cambrils, la Audiencia Nacional todavía no tiene fecha oficial para el juicio, pero los responsables del tribunal de la calle Génova están convencidos que podrán celebrar la vista oral antes del próximo verano. No será un macrojuicio ni mucho menos, aunque sí serán «varias semanas» de vista oral, según los cálculos que se barajan en la Audiencia. En cierta forma, será una vista oral descafeinada. Los seis autores materiales de los atentados fueron abatidos por los Mossos en Cambrils y Subirats (donde murió a tiros el conductor de Las Ramblas, Younes Abouyaaqoub) y el cerebro y líder de la célula, el imán de Ripoll, Abdelbaki es Satty, falleció antes de los ataques en la explosión de la casa de Alcanar (Tarragona).

En el banquillo solo se sentarán dos miembros de la célula terrorista y un colaborador del grupo. Ninguno de ellos, sino cambian las cosas antes, responderá por los asesinatos de las 16 víctimas mortales y los daños causados a los 140 heridos de los atropellos de Las Ramblas y del paseo de Cambrils. Y es que la Fiscalía de la Audiencia Nacional insiste, como ya hizo el juez instructor Fernando Andreu en su auto de procesamiento, en que ninguno de los tres puede ser acusado de autor material, ni siquiera como cooperador necesario, de los atentados. Con estas acusaciones, las penas máximas a las que se enfrentan estos supuestos terroristas de segundo nivel en ningún caso superarían los 44 años de cárcel.

Los tres procesados

Andreu procesó el pasado octubre a Driss Oukabir, a Mohammed Houli Chemlal y a Said Ben Iazza, los dos primeros como miembros de la célula yihadista de Ripoll (Gerona) y el tercero como colaborador. El juez atribuye a Oukabir, a cuyo nombre se alquiló la furgoneta del atentado de Las Ramblas de Barcelona, y a Houli Chemlal, herido en la explosión del chalé de Tarragona, delitos de integración en organización terrorista (entre 6 y 14 años de prisión), fabricación y depósito de explosivos (de 8 a 15 años) y tentativa de estragos (de 10 a 15 años), en este último caso por los planes de atentar contra diversos objetivos que, dos años después, la investigación no ha logrado determinar con certeza. A Ben Iazza, quien facilitó su documentación a los autores de la masacre para comprar los componentes necesarios para fabricar el explosivo conocido como «la madre de Satán», solo le imputa un delito de colaboración con organización terrorista, que contempla penas de entre 5 y 10 años de prisión.

«Coordinación inequívoca»

Las acusaciones, entre ellas la AVT y la Asociación 11M Afectados del Terrorismo, consideran que al menos Oukabir y Chemlal deberían también haber sido procesados por delitos de asesinato consumado y en grado de tentativa en relación a las 16 víctimas mortales y los 140 heridos en los atentados. En cuanto al tercero, Iazza, las acusaciones también han reclamado cambiar su imputación por la de integración y depósito de explosivos. La tesis de las acusaciones, en síntesis, es que existió una voluntad «inequívoca, decidida, coordinada y cohesionada» entre los procesados y los autores materiales de los atentados que fallecieron.

La visión de las otras acusaciones

Las acusaciones no han tirado la toalla y han presentado todo tipo de recursos contra el auto de procesamiento y escritos para que se les permita acusar con más dureza a los tres procesados. Según la Asociación 11M, la muerte de los autores materiales «no termina con las responsabilidades penales derivadas de estos crímenes». «Dejar estos delitos fuera sería sumamente grave, permitiendo cierto grado de impunidad y un cierre en falso del juicio que impediría una sentencia consecuente con los hechos ocurridos y perpetrados por los miembros de la célula y no solo los fallecidos», subrayó esta semana la asociación.

El independentismo ahonda en la teoría de la conspiración 

m. e. aLONSO

Barcelona conmemora este sábado el segundo aniversario del 17A, que dejó 16 muertos y 140 heridos en la capital catalana y en Cambrils, con la investigación sobre el doble atentado en su recta final y con las asociaciones de víctimas divididas, participando por separado en distintos homenajes, en los que no habrá discursos políticos. Víctimas y familiares han hecho entender a las Administraciones su deseo de que los actos sean especialmente discretos y austeros y con el protagonismo para los afectados, dejando de lado la teoría conspirativa lanzada por los independentistas de que el 17A fue organizado por el CNI para frenar el proceso secesionista.

La Asociación Catalana de Víctimas de Organizaciones Terroristas (ACVOT) se ha desmarcado de las celebraciones oficiales y ha convocado un acto paralelo en Las Ramblas, donde la furgoneta conducida por uno de los terroristas arrolló hace dos años a un centenar de personas a su paso. La organización acusa al Ayuntamiento de Ada Colau de haber convertido la jornada en un acontecimiento «político» al que las víctimas acuden «manipuladas». En el acto, que comenzará a las 11.30 horas y en el que se realizará una ofrenda floral y se leerá un breve manifiesto, participarán el exdelegado del Gobierno, Enric Millo, concejales del PP y Ciudadanos, y mandos policiales.

Una hora y media antes, a las 10 de la mañana, el Consistorio y la Unidad de Atención y Valoración de Afectados por Terrorismo (UAVAT) celebrarán el homenaje institucional, que consistirá en una ofrenda floral en el mosaico de Joan Miró, el punto donde se detuvo la furgoneta en Las Ramblas, seguido de un minuto de silencio. No habrá palabras y se recordará a las víctimas con El cant dels ocells, de Pau Casals. Al acto asistirán, además de Colau y la corporación municipal, la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, el presidente de la Generalitat, Quim Torra y el del Parlament, Roger Torrent. 

Visita a Forn en prisión

Según ha confirmado la Generalitat, en la agenda del presidente catalán también está previsto visitar estos días al que fue consejero de Interior durante los atentados, Joaquim Forn, encarcelado en la prisión de Lledoners por impulsar el 1-O. El año pasado, coincidiendo con el primer aniversario del 17A, Torra participó en el homenaje organizado por la ANC y Òmnium ante la cárcel barcelonesa, donde también se rindió tributo al ex jefe de los Mossos, Josep Lluís Trapero, también procesado por el 1-0 y pendiente de juicio.

Forn acusó este viernes al Ejecutivo socialista de «oscurantismo» por negarse a explicar la presunta conexión entre el imán de Ripoll Abdelbaki Es Satty, considerado el cerebro de los atentados, y el CNI. En una entrevista en el diario Ara, el exconsejero de Carles Puigdemont urgió al Gobierno a abrir una investigación porque, a su juicio, «son datos importantes y bien fundamentados» que no se pueden quedar en el cajón. «Requieren una respuesta urgente de los servicios de inteligencia», aseveró.

Hace dos semanas, el Ayuntamiento de Barcelona solicitó impulsar en el Congreso una comisión de investigación de los atentados. Una petición que las formaciones independentistas han llevado hasta en dos ocasiones a la Cámara baja y que han sido desestimadas con el apoyo del PSOE, PP y Ciudadanos.

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