Anticorrupción pide imputar a Aguirre, González y Cifuentes por la caja B del PP de Madrid
ESPAÑA
El informe de la UCO apunta que Rajoy ganó las elecciones del 2011 «dopado» con financiación ilegal
07 ago 2019 . Actualizado a las 10:16 h.La mancha de la caja B del Partido Popular en Madrid se sigue extendiendo y ya salpica a tres de los últimos presidentes de la comunidad. La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al juez Manuel García Castellón, que instruye el macro sumario Púnica sobre la corrupción del PP en la Comunidad de Madrid, que cite como investigados a los exmandatarios regionales Esperanza Aguirre, Ignacio González y Cristina Cifuentes (quienes gobernaron la comunidad entre el 2003 y el 2018) por la presunta financiación irregular de la formación conservadora en esta autonomía. Las fiscales Carmen Cerdá y María Teresa Gálvez pidieron también la imputación de la empresa Indra y de su presidente de honor, Javier Monzón, hoy al frente de Prisa.
El escrito de la Fiscalía, de 75 páginas y que reclama reordenar esta macrocausa para dejarla en solo once piezas, pide la imputación de los exmandatarios populares en la pieza 9, dedicada exclusivamente a la investigación del desvío de fondos para el pago de gastos del PP de la Comunidad de Madrid.
El Ministerio Público se hace eco, entre otros, de los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) que sostienen que el PP de Madrid se financió con donaciones ilegales de Indra. El dinero habría llegado al partido entre el 2008 y el 201 3 (época en la que Aguirre y González dirigieron los destinos de la comunidad y del PP regional) a través de una madeja societaria de testaferros. La empresa habría allegado a la caja B del PP madrileño al menos 1.054.247 euros. Las fiscales en concreto citan un informe de la UCO que afirma que Indra directamente habría financiado con 566.497 euros gastos de las campañas del PP madrileño en 2007 y 2011.
Contrataciones amañadas
En el caso de Cifuentes, que entonces no era presidenta ni máxima responsable del PP en la comunidad, se sospecha de su papel en la financiación irregular porque participó en mesas de contratación supuestamente amañadas y por su calidad de patrona de la Fundación para el Desarrollo Económico y Social de la Comunidad de Madrid (Fundescam), usada para el desvío de dinero.
Además, en lo referido a Aguirre, la Fiscalía basa sus acusaciones en los informes de la Guardia Civil en torno a reuniones claves en las que presuntamente se habría negociado la financiación irregular de la formación política durante varias campañas electorales, en las que Aguirre ya presidía a los populares madrileños. En uno de esos informes, la Guardia Civil incluyó el nombre de Esperanza Aguirre, presidenta de la Comunidad de Madrid entre el 2002 y 2013, después de que Manuel Lamela, exconsejero de Sanidad del ejecutivo regional, mencionara «la celebración de una reunión de trabajo, con la asistencia de consejeros de la comunidad, la presidenta (Aguirre), la directora general de Medios de Comunicación (Isabel Gallego) y (el empresario) Daniel Horacio Mercado». Allí, dijo, «se impartieron instrucciones precisas para que se incluyera a Over Marketing (sociedad de mercado) en el conjunto de posibles empresas para ser contratadas en materia de publicidad y comunicación».
Recompensa con dinero público
Para la UCO, en esta cita se habrían dado instrucciones para recompensar con contratos públicos a la citada empresa para las campañas electorales del PP de Madrid en el 2003 y el 2007, si bien el testigo no concretó la fecha exacta de esos encuentros. Se trataba de saldar deudas con esta empresa, que había estado realizando trabajos de comunicación para el partido presidido por Aguirre y que «tuvieron un coste de 151.503,35 euros». A principios de año, otro informe de la UCO apuntó a que Mariano Rajoy pudo ganar las elecciones generales del 2011 financieramente «dopado», pues los investigadores encontraron pruebas que demostrarían que el PP de Madrid, que entonces dirigía Aguirre, habría puesto en marcha un complejo entramado para allegar dinero a través de facturas falsas a la caja del PP nacional para financiar la campaña. Los agentes, según se relataba en un informe fechado el 11 de enero, se toparon con los documentos que apuntan a la financiación ilícita de la campaña de Rajoy en los archivos de dos de los principales implicados en este caso: el exgerente del partido regional Beltrán Gutiérrez y el empresario de la comunicación Ricardo Vázquez. Esos papeles señalaban que los fondos, aportados a través de facturas falsas y empresas ficticias, para la campaña de las generales del 2011, superando con mucho los límites fijados por la ley, llegarían a unos 250.000 euros.