La «desatención» de la jueza de los ERE amenaza las macrocausas de corrupción en Andalucía

La Fiscalía denunció al Poder Judicial sus «retrasos injustificados», una falta muy grave

La jueza María Núñez Bolaños se incorporó a la causa de los ERE andaluces en el 2015
La jueza María Núñez Bolaños se incorporó a la causa de los ERE andaluces en el 2015

madrid / la voz

Si las interminables y abultadas instrucciones de Mercedes Alaya sobre algunos de los casos de corrupción más sonados de la historia de España -con la causa de los ERE de Andalucía a la cabeza- la elevaron a la categoría de «jueza estrella», su sucesora al frente del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, María Núñez Bolaños, no ha sido menos mediática, aunque por motivos diametralmente opuestos al afán investigador de Alaya. Y es que, recién cumplidos cuatro años al timón del juzgado de las macrocausas (Núñez se incorporó el 16 de junio del 2015), los procedimientos que amenazaban con sentar en el banquillo a una legión de excargos socialistas de la Junta de Andalucía, o bien se han archivado o bien se diluyen en instrucciones que acumulan «retrasos injustificados».

Precisamente ese argumento -la «desatención» de sus funciones, que provoca «retrasos injustificados»- es el que esgrime la Fiscalía Anticorrupción en la denuncia que contra ella presentó el pasado día 3 ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). De estimarlo así los magistrados, sería un falta «grave o muy grave», que podría acabar incluso con su expulsión de la carrera judicial. De baja desde hace tres semanas por motivos personales, las principales claves de sus cuatro años como instructora de las macrocausas andaluzas se analizan a continuación: 

cambio de criterio

«Troceo» del caso ERE. Una de las primeras decisiones de Núñez a su llegada al juzgado fue «trocear» en infinidad de piezas separadas (casi 200) la macrocausa heredada de Alaya y que esta se negaba a desgajar, argumentando que detrás de cada ayuda presuntamente ilegal estaban los mismos cargos políticos y técnicos de la Junta y su responsabilidad criminal. En estos años, la jueza ha ido archivando un elevado número de esas causas, pero las 146 que permanecían abiertas hace seis meses arrojaban la friolera de medio millar de investigados, cifra que casi por sí sola garantiza el colapso del juzgado. A esto se añaden sus diferencias con Anticorrupción: mientras que la Fiscalía ve indicios de delito en la mayoría de los casos, la instructora aprecia únicamente irregularidades administrativas. De cualquier forma, el temor del Ministerio Público -y de ahí su denuncia al Poder Judicial- es que la parálisis de las investigaciones acabe con la prescripción de los delitos y, por ende, en la imposibilidad de hacer justicia.

 archivos exprés

Del caso Formación al Avales. Aunque el de los ERE sea el más conocido para el gran público, no es el único de los grandes casos de corrupción de la etapa socialista que están en manos de Núñez y que han acabado archivados. La jueza dio carpetazo, por ejemplo, a la bautizada como causa política de la formación, por la que se investigaba a 24 exresponsables de la antigua Consejería de Empleo por el reparto, entre el 2002 y el 2012, de casi 3.000 millones de euros para cursos formativos para desempleados. En esta ocasión (la única), la Fiscalía compartía el criterio de Núñez de que el reparto no se hizo con criterios de «clientelismo político», por lo que se archivó.

 La misma suerte corrió el pasado mes de mayo el caso Avales, contra cuatro ex altos cargos de la Junta, acusados de presunta prevaricación y malversación de fondos públicos de la Agencia de Desarrollo e Innovación de Andalucía (IDEA) al conceder avales y préstamos por importe de 75 millones de euros a 18 empresas. En este caso, tanto Anticorrupción como el PP andaluz (acusación en la causa y que intentó repetidamente, pero sin éxito, recusar a la instructora), se opusieron al archivo, que sorprendentemente sí defendió la Junta, desde diciembre gobernada por los populares y Ciudadanos.

 reapertura

La Audiencia ordena seguir investigando los cursos de formación. Su furor para poner punto final a estas causas chocó este lunes, sin embargo, con la Audiencia Provincial de Sevilla, que estimó parcialmente el recurso del PP y ordenó la reapertura del caso de los cursos de formación. Núñez, que había decretado ya hace tres años el sobreseimiento y archivo provisionales, tendrá ahora que practicar más diligencias de investigación -pendientes y nuevas- solicitadas por la acusación, pues la Sala entiende que no se ha indagado lo suficiente como para sostener que no hay delitos que imputar a los 24 excargos investigados.

 Y no es la primera vez que la Audiencia le enmienda la plana, anulando sus archivos y la exculpación masiva de exresponsables de la Junta y beneficiarios en las causas resultantes de la división del caso ERE. El pasado marzo, por ejemplo, le revocó un auto en el que excluía al exdirector general de Trabajo de la Junta, Daniel Alberto Rivera, de una pieza separada de la macrocausa. Y los magistrados se mostraron muy críticos con Núñez, calificando de «erróneos», «contradictorios» y «carentes de fundamento y de toda lógica procesal» los argumentos usados para negar la responsabilidad penal de Rivera en la concesión de 98 millones en ayudas a Santana Motor.

 Anticorrupción

Denuncia ante el Poder Judicial. La orden de reapertura de la Audiencia se conoció prácticamente a la vez que la noticia de que el fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, había presentado una denuncia en el CGPJ contra Núñez, alegando que la situación procesal de las causas (en referencia a los casos ERE, Avales e IDEA) «se ve afectada por la desatención y retraso injustificado en su tramitación y resolución, con evidente perjuicio de los fines del proceso penal y la Administración de Justicia». La denuncia llegó después de que los fiscales Anticorrupción de Sevilla remitieran a Luzón un informe con las supuestas irregularidades y arbitrariedades de la instructora -incluyendo inacción intencionada-, que hacen «imposible» que las causas avancen. Si el CGPJ determina que ha cometido una falta grave o muy grave, como sostiene Luzón en su escrito, podría ser el final de su carrera.

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