El Tribunal Superior de Cataluña abre juicio a Torra por los lazos amarillos
ESPAÑA
El presidente de la Generalitat, que reconoció ante el instructor que había desobedecido a la Junta Electoral, trata ahora de librarse del banquillo
20 sep 2019 . Actualizado a las 10:22 h.El presidente de la Generalitat, Quim Torra, se sentará en el banquillo de los acusados por el caso de los lazos amarillos. El juez que instruye la causa penal contra Torra dictó este viernes apertura de juicio oral contra el jefe del Ejecutivo catalán para juzgarle por un «delito de desobediencia o, subsidiariamente, un delito de denegación de auxilio a la autoridad competente». El instructor no ordenó medidas cautelares.
Torra será juzgado por no haber retirado en el plazo dado por la Junta Electoral Central las pancartas a favor de los presos del 1-O, las esteladas y los lazos amarillos que colgaban de los edificios del Gobierno catalán. Tras una denuncia de Ciudadanos, el organismo que vela por los procesos electorales estableció que en campaña los poderes públicos tienen que tratar de mantener la neutralidad y evitar simbología partidista. En consecuencia, emitió una orden a todas las instituciones públicas catalanas para que retiraran la simbología que pudiera no ser neutral. Ada Colau descolgó el lazo amarillo que había en la fachada del Ayuntamiento, mientras que Torra se negó.
A la tercera fue la vencida
El presidente de la Generalitat desobedeció, y así lo ha reconocido, dos acuerdos de la Junta Electoral de 11 y 18 de marzo. El 21 de marzo hubo una tercera orden, y esa sí fue atendida por el presidente de la Generalitat porque incluía una petición a los Mossos para que hicieran cumplir la orden. Ese día se sustituyó la pancarta a favor de los «presos políticos» del balcón del Palau de la Generalitat por otra con el mismo mensaje pero que, en lugar de un lazo amarillo, tenía uno blanco con una franja roja.
Torra se enfrenta ahora a una pena de 20 meses de inhabilitación para ejercer como cargo público, según el escrito de acusación presentado por la Fiscalía esta semana. Para el ministerio público, no hay dudas: «desatendió abiertamente» las órdenes de la Junta Electoral. Si es sancionado, sería el segundo presidente catalán condenado como consecuencia del proceso secesionista. Artur Mas, inhabilitado durante un año por el Tribunal Supremo por la organización de la consulta del 9 de noviembre del 2014. Su pena concluye en febrero de 2020. Además, Carles Puigdemont está procesado por un delito de rebelión la misma acusación por la que esperan sentencia los miembros del Ejecutivo catalán que no huyeron junto al expresidente.
El presidente de la Generalitat declaró el pasado 15 de mayo ante el juez instructor y admitió la desobediencia. Dijo que no retiró la pancarta porque defendía la libertad de expresión. «Sí, desobedecí, porque yo me debo a un mandato superior de la ciudadanía», aseguró. También adujo que la orden de la Junta Electoral era ilegal y que no era un órgano competente.
Desde que fue imputado, ha expresado en varias ocasiones que lo volvería a hacer. La misma frase que empleó Jordi Cuixart en el juicio del Supremo y que el líder nacionalista ha hecho suya para expresar cuáles son sus intenciones de cara a la respuesta a la sentencia del Supremo contra los líderes del proceso secesionista. Si la respuesta es una convocatoria electoral, en octubre de este año o en febrero del 2020, en el momento de la condena Torra podría ya no ser presidente de la Generalitat. Pero a pesar de esa aparente firmeza soberanista, Torra no quiere sentarse en el banquillo de los acusados y tratará de evitar ese trago. Los abogados del president anunciaron que presentarán el 19 de julio un recurso de apelación contra la decisión de procesarle por presunta desobediencia y contra la decisión del mismo tribunal de rechazar la transformación de la causa en un procedimiento abreviado, petición que hizo la defensa del presidente de la Generalitat hace días. También entregarán una queja por la decisión del propio tribunal de no aceptar la recusación que Torra presentó contra el juez que instruye el caso, Carlos Ramos.