Estrasburgo condena a Bélgica por rechazar sin base la entrega de una etarra a España

La terrorista Natividad Jáuregui tenía el mismo abogado que defiende a Puigdemont

Tribunal Europeo de Derechos Humanos
Tribunal Europeo de Derechos Humanos

Bruselas / Corresponsal

La Justicia belga vuelve al epicentro de la polémica. Y lo hace a costa de un asunto reincidente en los últimos años: la tramitación de las euroórdenes. En esta ocasión ha sido el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) el que ha tenido que intervenir para sacar los colores a la actitud poco colaboradora de Bélgica a la hora de extraditar a España a la etarra del comando Vizcaya Natividad Jáuregui Espina (alias Pepona), quien disfruta de una vida apacible en Gante, al margen de la euroorden que pesa sobre ella. Se le acusa de ser la autora material del asesinato en el año 1981 del teniente coronel Ramón Romeo Rotaeche, tiroteado en la nuca cuando acudía a misa. «Bélgica habría incumplido su obligación de cooperar», admiten los magistrados en la sentencia que han hecho pública este martes.

La familia de la víctima acudió indignada hasta el tribunal de Estrasburgo en el 2017 para denunciar las trabas impuestas por Bélgica en el caso. Sus autoridades se negaron hasta en dos ocasiones a entregar a la etarra alegando que existía riesgo de que se la sometiese en España a un «trato degradante o inhumano» por las condiciones de cárcel incomunicada que se aplicaba en algunas penitenciarías.

Estrasburgo no está de acuerdo. El tribunal cree que la Justicia belga fue arbitraria y que la decisión de rechazar la euroorden emitida por España no estuvo bien fundamentada. «No hubo una base factual suficiente. Entre otras cosas, las autoridades belgas no consiguieron identificar un riesgo real e individual de una violación de sus derechos (los de N. J. E.) o cualquier otra deficiencia estructural respecto a las condiciones de detención en España», sostiene en una sentencia que respaldaría buena parte de las tesis del Tribunal Supremo en torno a las excusas y «argumentaciones de difícil comprensión» que ha extendido la Justicia belga para negarse a entregar a otros prófugos, como Carles Puigdemont.

No se queda ahí el rapapolvo. La institución exige a Bélgica que pague las costas del juicio y que indemnice a cada uno de los cinco hijos de la víctima con 5.000 euros por restringir sus derechos: «Se ha violado su derecho a una investigación efectiva como resultado de la negativa de las autoridades belgas a ejecutar la euroorden emitida por España contra N. J. E.», subrayan los magistrados del caso, muy críticos con las excusas expedidas por las autoridades belgas que han puesto en cuestión en reiteradas ocasiones el principio de reconocimiento mutuo y confianza entre los diferentes sistemas judiciales de la UE.

La entrega no es obligatoria

¿Obliga esta sentencia a entregar a la etarra? No. El tribunal aclara que «el que haya una violación no implica necesariamente que Bélgica tenga que acceder a la entrega de N. J .E. a las autoridades españolas». Pero sí pone en evidencia las carencias del sistema vigente de euroorden que la comisaria de Justicia, Vera Jourova, se negó a reformar a pesar de la petición expresa del anterior Gobierno.

Este caso es otro más en el continuo goteo de enfrentamientos que mantienen desde hace años España y Bélgica a costa de la cooperación judicial. Aunque las fuerzas policiales de ambos países se han implicado en las labores de búsqueda y detención, los jueces belgas han echado a menudo por tierra estas labores. El caso más sonado fue el de los etarras Luis Moreno Ramago y Raquel García Aranz, quienes también huyeron a Bélgica asesorados por el mismo abogado asesor de Puigdemont, Paul Bekaert (que representó a Jáuregui en el 2017). Fueron detenidos en 1993 y puestos en libertad ese mismo año por el Tribunal de Primera Instancia de Bruselas, una decisión que llevó a España a suspender su cooperación con las autoridades belgas.

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