No hay preocupación, pero sí algo de inquietud en Bruselas por cómo se están dilatando los plazos para formar Gobierno en España. Mientras el presidente Pedro Sánchez sigue buscando una fórmula que le permita formar un Ejecutivo en solitario, sin la incómoda muleta de Podemos, las autoridades europeas continúan tachando en el calendario los días con la esperanza de que las negociaciones en Madrid no desemboquen en nuevas elecciones y con el ansia de no que no se traspase la barrera psicológica del mes de octubre, cuando los Presupuestos del año que vienen tienen que pasar la ITV de la Comisión Europea.
Por el momento, los riesgos para la estabilidad del país son «bajos». Eso constató este lunes el Eurogrupo al pasar revista al último informe posprograma de rescate bancario español. Los ministros de Economía y Finanzas del euro mantienen la lupa puesta sobre España, pero admiten que «los mercados financieros y la estabilidad financiera han seguido estables, a pesar de algunas incertidumbres en el entorno político doméstico e internacional».
Esas dudas asoman por el flanco de la ingobernabilidad o falta de acuerdo para sacar adelante propuestas vitales para la salud del país, como los Presupuestos Generales del Estado para el 2020. España mantiene prorrogadas las cuentas que dejó en herencia el exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, unos números insuficientes para echar a rodar reformas ambiciosas en materia fiscal, de lucha contra la crisis climática, transición energética o mejora en la eficiencia de los sistemas públicos de búsqueda de empleo.
Deuda pública
Bruselas apremia a Sánchez. No quiere que siga perdiendo tiempo, aunque eso signifique pactar con partidos más a la izquierda de lo que está acostumbrada. La Comisión Europea no está para elegir. España es uno de los pocos reductos donde el europeísmo no se ha desgastado ante la irrupción de fuerzas ultranacionalistas y eurófobas. Así que la institución se conforma con que el futuro Ejecutivo español, sea del color que sea, se ciña a las reglas de juego. El equipo de Sánchez está comprometido con ello, pero advierte de que, en el flanco económico, «la reducción de la deuda pública debe ser compatible con la senda de crecimiento para resolver problemas sociales y de desigualdad».