Torra admite al juez que desobedeció a la Junta Electoral al no retirar los lazos

cristian reino BARCELONA / COLPISA

ESPAÑA

Rodrigo Jiménez | EFE

El presidente de la Generalitat afirma en el Tribunal Superior catalán que él se debe a un mandato superior de la ciudadanía

05 jul 2019 . Actualizado a las 05:00 h.

«Sí, desobedecí». El presidente de la Generalitat, Quim Torra, no pudo ser más explícito en su declaración ante un juez del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) el día que compareció como investigado en la causa abierta por su negativa a retirar la pancarta con el lazo amarillo de la fachada del palacio de la Generalitat antes de las elecciones generales.

Torra, que está a un paso de sentarse en el banquillo acusado de un delito de desobediencia, declaró ante el TSJC el pasado 15 de mayo. De ser condenado, podría ser inhabilitado, lo que abriría un nuevo frente político en Cataluña pues no está claro quién debería ocupar el cargo de presidente, si el vicepresidente Pere Aragonès (ERC) o si habría obligación de convocar elecciones.

El líder nacionalista esgrimió ante el juez el mismo argumento empleado por otros dirigentes secesionistas en sus pleitos. El propio Torra lo ha expresado en otras ocasiones, cuando aseguró que la «democracia está por encima de cualquier ley». Bajo está premisa, Artur Mas puso las urnas el 9 de noviembre del 2014 y bajo este mismo mantra Carles Puigdemont y Oriol Junqueras celebraron, en contra de las advertencias del Tribunal Constitucional y del TSJC, el referendo ilegal del 1 de octubre del 2017.

«Sí, desobedecí porque yo me debo a un mandato superior de la ciudadanía de defensa de los derechos humanos», afirmó el jefe del Ejecutivo catalán. Desde el inicio del desafío independentista, los responsables políticos del secesionismo se han escudado en supuestos mandatos democráticos (ya sea un resultado electoral o la votación en las consultas) para justificar sus decisiones al margen de la legalidad.

Valoró que la orden era ilegal

El presidente de la Generalitat, en su declaración ante el juez, se arrogó incluso competencias que un dirigente político no tiene. «Consideré que la orden [de la Junta Electoral] era manifiestamente ilegal, dictada por un órgano que no era competente. No era una autoridad superior a mí», señaló ante el juez, en un audio que hizo público TV3.

El pasado 27 de junio, el juez instructor del caso Torra, dio a las partes 10 días para que presenten petición de apertura de juicio oral a través de escrito de acusación o, en su caso, sobreseimiento. En la grabación, queda claro que el presidente de la Generalitat asume toda la responsabilidad en las decisiones sobre si debía o no quitar las pancartas con los lazos amarillos, que la Junta Electoral ordenó retirar al entender que todos los organismos públicos deben guardar neutralidad y evitar simbología partidista en período electoral. «La última responsabilidad fue mía. La decisión de mantener las pancartas en defensa de la libertad de expresión y de los derechos humanos fue mía. Y también la decisión de cambiar la pancarta para seguir poniendo lo mismo a través de un pequeño cambio (cambió un lazo amarillo por uno blanco). Yo fui responsable de todas las actuaciones que tomé entonces», admitió.

Alega libertad de expresión

Torra se negó a obedecer porque a su juicio colgar un lazo amarillo y pedir la libertad de los presos son actos amparados por la libertad de expresión y, por tanto, su obligación era defender un derecho fundamental. Desobedeció en un primer momento, pero acabó acatando, cuando la Junta Electoral requirió a los Mossos d’Esquadra que descolgaran las pancartas, lazos y esteladas de todas las consejerías de la Generalitat. El Gobierno catalán quiso evitar esa imagen. Por ello, poco antes de que entrara en vigor la instrucción a los Mossos, Torra dio la orden de retirada. Llegaba tarde y no le salvó de la querella de la Fiscalía, que todo apunta a que lo sentará en el banquillo.

El juez avala que Oriol Pujol salga de prisión a diario pese a no tener el tercer grado

El exdirigente de CDC condenado a dos años y medio de prisión por corrupción por el caso ITV, Oriol Pujol, podrá seguir cumpliendo su condena en un régimen flexible, que le permite salir a diario del penal para acudir a su puesto de trabajo. Por la noche, regresa para dormir. El Juzgado de Vigilancia Penitenciaria número de 2 Cataluña ha desestimado un recurso de la Fiscalía y ha avalado el régimen penitenciario que le concedió la junta de tratamiento de Brians 1 (Barcelona), donde está encarcelado.

Oriol Pujol, el único hijo de Jordi Pujol que se dedicó a la política, ingresó el pasado 17 de enero en prisión. Dos meses después, Servicios Penitenciarios de la Generalitat le concedió el tercer grado, lo que le permitía salir durante el día de la cárcel y regresar para dormir, excepto los fines de semana. Sin embargo, la Fiscalía recurrió esa medida y la magistrada María José González, del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria número 2 de Cataluña, le revocó ese tercer grado, según señaló en un auto, «porque no era conforme a derecho». Entonces, Servicios Penitenciarios de la Generalitat concedió a Pujol un régimen flexible, que en la práctica, según la Fiscalía, suponía un tercer grado «encubierto», ya que no ha cumplido ni la cuarta parte de su condena. La Fiscalía recurrió, pero ahora la jueza ha desestimado la impugnación y ha dado la razón a la Generalitat.