El Estado acusa a los Franco de ignorar los riesgos de enterrarlo en la Almudena

La Fundación Franco pide restituir nombres de calles cambiados por Carmena

Vista de la cripta de la catedral de la Almudena donde los nietos de Franco quieren enterrar al dictador si sus restos son exhumados del Valle de los Caídos
Vista de la cripta de la catedral de la Almudena donde los nietos de Franco quieren enterrar al dictador si sus restos son exhumados del Valle de los Caídos

El abogado del Estado ha reprochado este jueves a la familia Franco que no haya tenido en cuenta en un informe presentado a la causa los riesgos de enfrentamientos entre grupos extremistas o un intento de atentado en el 2013 en la catedral de la Almudena, donde quieren enterrar al dictador si acaba siendo exhumado del Valle de los Caídos, según informa Efe.

El juez de lo Contencioso del Supremo y ponente de la futura sentencia, Pablo Lucas, ha escuchado los argumentos de tres expertos que han elaborado el informe pericial aportado por la familia, en el que alegan que los riesgos «se dispararían» si Franco fuese enterrado en el cementerio de El Pardo-Mingorrubio -lugar elegido por el Gobierno- en lugar de en la cripta de la catedral.

Última vista de la causa

Se trata de la última vista que celebra el Supremo en esta causa, en la que paralizó la exhumación prevista por el Gobierno el pasado 10 de junio hasta que dicte sentencia. El siguiente paso es que las partes presenten sus conclusiones previas a la resolución, que la familia no espera antes del verano.

Los peritos han defendido que en la Almudena, la Policía tendría recursos sobrados para frenar a radicales al ser una zona reducida que podrían controlar «perfectamente».

«En el cementerio no hay nada», han dicho los expertos, para quienes allí habría más riesgo de profanación y de actos vandálicos porque, «siempre sería una pareja» de agentes la que tendría que frenar el ataque y «el tiempo de reacción» sería mayor.

Intento de ataque por un grupo de anarquistas

Sin embargo, el abogado del Estado, dependiente del Gobierno, ha cuestionado la metodología y las fuentes de prueba del informe y ha reprochado que los peritos no hayan tenido en cuenta el intento de atentado en el 2013 en la catedral de la Almudena por un grupo de anarquistas.

Para la familia Franco, dichos ataques no tienen relevancia a estos efectos dado que, en el caso de la Almudena, ocurrió en la catedral y no en la cripta, que tiene una entrada independiente.

También le ha reprochado el abogado del Estado que el informe no contemple el posible enfrentamiento entre grupos extremistas de distinto signo.

«No le hemos dado más importancia», ha dicho un expertos, que lo ha comparado con un partido de fútbol en la capital o con cualquier manifestación. «No es una zona donde pueda ir todo el mundo de golpe y tirar sillas», ha añadido.

Comparación con El Pardo

La Policía, ha proseguido, podría «cortar los accesos» y todo «quedaría reducido a nada», y ha argumentado además que se trata de un área restringida al tráfico (ahora en fase de moratoria hasta septiembre), por lo que, a su juicio, «que haya un colapso fuera de hora es impropio», a diferencia del cementerio de El Pardo, donde el acceso es más limitado.

En declaraciones a los medios, Luis Felipe Utrera, ha señalado que el informe pericial demuestra que «los riesgos de seguridad que alega el Gobierno para evitar el deseo de la familia no son tales y son una mera excusa para intentar evitar un emplazamiento» que al Ejecutivo de Pedro Sánchez «no le satisface».

Y ha arremetido contra el Gobierno porque «no puede violar los derechos de la familia» cuando el riesgo de seguridad es mínimo en el entorno de La Almudena y porque trate de confundir lo que es la cripta, a la que se entra por calle Mayor, con la catedral, a la que se accede por Bailén y la Plaza de Armería.

Los nietos de Franco y la comunidad benedictina han pedido al Supremo que antes de dictar el fallo consulte al Tribunal Constitucional, al considerar que es lo apropiado cuando la sentencia depende una norma que puede resultar inconstitucional.

Restituir los nombres de calles cambiados por Carmena

La Fundación Francisco Franco (FNFF) ha pedido al Ayuntamiento de Madrid que cumpla el fallo judicial que desestimó el cambio de nombre de ocho calles y que restituya las de 44 que fueron cambiados de forma «improcedente y sectaria» por el anterior gobierno local, de Manuela Carmena, según informa Efe.

En una carta remitida al nuevo alcalde, José Luis Martínez Almeida, la fundación le pide además que ordene a los letrados del Ayuntamiento -«que obedecían órdenes de la anterior alcaldesa»- a desistir de los recursos interpuestos por el Gobierno municipal a las denuncias de la fundación.

En su petición, registrada el pasado día 3, la FNFF recuerda a Almeida que en julio de 2018 la Justicia estimó en parte un recurso suyo presentado contra el acuerdo del Ayuntamiento que el 4 de mayo de 2017 decidía el cambio de nombre de 52 calles, plazas o travesías de la capital porque contenían reminiscencias franquistas.

El 30 de julio del año pasado el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 23 de Madrid no avaló el cambio de denominación de ocho calles de Madrid decidido por el Gobierno de Carmena, pero sí aceptó el cambio de nombre de otras 44.

Dicha sentencia estima el recurso de la fundación respecto de las calles general Millán Astray, hermanos García Noblejas, general Asensio Cabanillas, caídos de la División Azul, Cirilo Martín Martín, «El Algabeño», comandante Zorita y paseo del doctor Vallejo-Nájera.

Ahora, la fundación pide al alcalde que lleve a cabo la restitución de los nombres habida cuenta de que -dice- el anterior Gobierno municipal «omitió su obligación de cumplir las sentencias judiciales» y no restituyó los nombres de dichas ocho calles.

Acerca de los demás 44 nombres de calles, plazas o travesías, la FNFF dice que el Gobierno de Carmena las cambio «de facto», sin esperar a un procedimiento judicial.

La semana pasada, el Gobierno de PP y de Ciudadanos al frente del Ayuntamiento anunció el cierre de la Oficina de Derechos Humanos y Memoria, creada por el Ejecutivo de Carmena, al considerar que no cumplía su función y que fue una «correa de transmisión de sectarismo político e ideológico» del anterior equipo.

El Gobierno de Almeida precisó entonces, con respecto a los cambios hechos en el callejero de la ciudad en aplicación de la Ley de Memoria Histórica, que esperará a que haya sentencias para tomar decisiones, en todo caso con «afán de consenso» y sin usar tales nombres como un «arma arrojadiza» y de «revanchismo».

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