La exalcaldesa de La Muela, condenada a 16 años de cárcel por corrupción

El Tribunal Superior de Justicia de Aragón sentencia a María Victoria Pinilla, del PAR, a multas de más de ocho millones de euros por once delitos urbanísticos

La exalcaldesa de La Muela, María Victoria Pinilla, en una imagen del 2016
La exalcaldesa de La Muela, María Victoria Pinilla, en una imagen del 2016

La Audiencia de Zaragoza ha condenado a la excalcaldesa de La Muela María Victoria Pinilla a penas que suman más de 16 años de prisión y a multas por 8,4 millones de euros por once delitos de corrupción cometidos mientras ejercía como máxima responsable municipal en su localidad por el Partido Aragonés (PAR), según informa Efe.

En la sentencia sobre el mayor caso de corrupción urbanística en Aragón hecha pública este miércoles por el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, los magistrados también condenan a otros seis acusados relacionados con las irregularidades urbanísticas y adjudicaciones fraudulentas imputadas a Pinilla a penas de entre 6 años y 7 meses y multas.

Cohecho, blanqueo, fraude, tráfico de influencias, prevaricación y malversación

En concreto, la Audiencia condena a la excaldesa -que fue la cabeza de lista del PAR en cinco elecciones municipales hasta las de 2007- por delitos continuados de cohecho, blanqueo de capitales, fraude a la administración pública, prevaricación administrativa y de malversación, así como otros contra la Hacienda Pública, fraude, tráfico de influencias, fraude de subvenciones y otro como cooperadora en un fraude a la Administración.

Pinilla ya fue juzgada por la Audiencia de Zaragoza en 2016 y condenada a penas de 17 años de prisión y al pago de casi 10 millones de euros de multa, aunque el Tribunal Supremo ordenó repetir el juicio al entender que se vulneró su derecho de defensa al no aceptar el tribunal la renuncia de su abogado a representarla.

El Supremo no anuló, sin embargo, las condenas de quince acusados que alcanzaron acuerdos de conformidad, entre ellos Carmelo Aured, que aceptó 9 años por el cobro de comisiones, y el exmarido de Pinilla, Juan Antonio Embarba, condenado a 3 años por corrupción.

Los hechos probados

La nueva sentencia no modifica sustancialmente el relato de hechos probados y, así, el tribunal condena a Antonio Fando (representante legal de Ente Gestor de Nuevas Tecnologías del Agua) a 6 años y 7 meses de cárcel y a multas por 458.000 euros y 10 años de inhabilitación por delitos de corrupción, y a Julián de Miguel (administrador único de Aranade y Tudela Inmobiliaria) a 2 años y 1 día de cárcel por fraude continuado.

Además, impone 2 años y 1 día a Juan Ignacio Unsain (Construcciones Sagain) por fraude a la administración; 6 meses a los hermanos Julio y David de Miguel (hijos de Julián de Miguel y socios en Tudela inmobiliaria); y 8 años de inhabilitación al exconcejal de Aguas Fernando Barba Marcén por prevaricación continuada y falsedad documental.

Las mayores responsabilidades civiles han recaído sobre la exalcaldesa, que deberá indemnizar al ayuntamiento, de forma solidaria con el promotor Julián de Miguel e Ignacio Unsain Azpiroz, con 1,3 millones por la venta irregular de dos parcelas, y con casi 400.000 euros, junto a Antonio Fando y Juan Carlos Rodrigo Vela, por una subvención indebidamente recibida del Instituto Aragonés del Agua.

Indemnizaciones al Ayuntamiento

Además, Pinilla es condenada a indemnizar al consistorio en 2.753 euros por gastos en comida, en una óptica y en teléfono, en 16.431 euros por un viaje a la República Dominicana, y en otros 3.939 por otro viaje a Santo Domingo.

La sentencia incluye, además, el pago de indemnizaciones entre varios acusados a la Hacienda pública (498.073 euros) y a la Agencia Tributaria por fraude fiscal (321.853 y 349.412 euros).

Pinilla llegó a la Alcaldía de La Muela en 1987 en las listas del CDS. En el siguiente mandato, el que empezó en 1991, ya encabezó la lista del PAR y se mantuvo como alcaldesa hasta 2011, si bien en marzo de 2009 fue detenida en el marco de Operación Molinos.

La «reina del viento», como se llamó a Pinilla por el gran desarrollo de parques eólicos, pasó de ser dueña de una granja de conejos a poseer numerosas cuentas bancarias, coches de lujo y propiedades, incluso en la República Dominicana y en la exclusiva urbanización de Sotogrande (Cádiz). 

Recurso ante el Tribunal Supremo

Santiago Palazón, representante legal de María Victoria Pinilla, condenada por el Tribunal Superior de Justicia de Aragón a penas que suman más de 16 años de prisión y a multas por 8,4 millones por delitos de corrupción urbanística, recurrirá la sentencia ante el Tribunal Supremo al entender que existe un «claro prejuicio» en algunos de los argumentos utilizados.

En declaraciones a Efe, este letrado ha explicado que «si la palabra clave en el primer recurso (el que llevó al Supremo a ordenar la repetición del juicio) fue 'indefensión' ahora es 'prejuicio'».

«Afirmar a primera vista que existió corrupción urbanística, que la había y que la iba a seguir habiendo es para mí un claro prejuicio», ha señalado.

Palazón, quien representa también al exconcejal Fernando Barba Marcén, condenado a 8 años de inhabilitación por prevaricación y falsedad, ha expresado su disconformidad, además, con la aplicación del tribunal de la atenuante de dilación indebida, de la que se benefician solo algunos de los acusados, pero no Pinilla. En relación con este punto, ha mostrado su disconformidad con los magistrados cuando argumentan que no se le aplica a la exalcaldesa por la «gravedad de los delitos», ya que son cuestiones que no deberían ir unidas.

Pruebas, no indicios

También cuestiona la utilización de la palabra «indicios» por parte del tribunal para alcanzar sus conclusiones dado que, según ha afirmado, «los indicios son para la instrucción pero en los juicios la convicción se debe lograr a través de pruebas fehacientes».

Palazón no entiende, por otra parte, los motivos del tribunal para modificar una de las peticiones de pena por fraude hecha por la fiscalía de 2 años de prisión por otra de 2 años y 1 día al entender que el delito es continuado, opción que, considera, no está contemplada en el ordenamiento penal español.

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