Las defensas acusan a la Fiscalía de «exagerar» para probar la rebelión

El abogado de Joaquim Forn admite que desde el punto de vista procesal «ha sido un juicio ejemplar»

Òmnium Cultural plantó una pantalla gigante al pie del Arco del Triunfo de Barcelona para seguir la intervención de los acusados a través de la señal de TV3
Òmnium Cultural plantó una pantalla gigante al pie del Arco del Triunfo de Barcelona para seguir la intervención de los acusados a través de la señal de TV3
M. Balín
Madrid / Colpisa

«Exageraciones», «mentiras». Las defensas pasaron al ataque en el segundo día de sus informes finales en el Tribuanl Supremo para criticar con dureza a la Fiscalía y a la Abogacía del Estado por «tergiversar» y forzar el relato de lo que ocurrió en otoño del 2017 para convertir simples actos de protesta en rebeliones y sediciones.

Olga Alderiu, abogada de la expresidenta de Parlamento catalán, Carme Forcadell, fue la que puso mayor énfasis en señalar a los acusadores de haber inventado falsedades. «Aquí se trata de exagerar o magnificar en todo momento la conducta de la señora Forcadell». «Se le juzga por quién es y no por lo que ha hecho», llegó a argumentar la letrada, que recriminó que a su cliente se le está imponiendo el «derecho penal de autor» porque, a pesar de los apercibimientos del Constitucional, ella no podía vetar la admisión a trámite de las leyes de desconexión. «Las leyes que se aprobaron el 6 y 7 de septiembre fueron presentadas por los grupos, admitidas a trámite por la Mesa, incluidas en el orden del día y aprobadas por el pleno», sostuvo la abogada. Eludió citar que los grupos independentistas tenían mayoría en ese ente. La letrada de Jordi Cuixart, líder de Òmnium Cultural, fue la otra gran protagonista de la jornada con su alegato para denunciar la aplicación en este juicio del «derecho penal del enemigo» con el fin de silenciar la «disidencia». Marina Roig, probablemente la letrada que con más vehemencia se ha enfrentado al presidente Manuel Marchena en este proceso, volvió a ser beligerante al criticar que la Justicia española haya «criminalizado la movilización ciudadana» de Cataluña con este juicio. 

Conflicto de gran calado

Según Roig, las protestas del llamado «período insurreccional» previo al 1-O están «amparadas en el derecho de reunión». «En el 2017 se produjo un conflicto político de gran calado entre España y Cataluña», aseguró tomando como propio el lenguaje independentista de citar la comunidad autonóma como si no formase parte del Estado. Pero no solo eso, porque durante el desafío «no hubo la violencia suficiente para doblegar al Estado», apostilló.

Xavier Melero, abogado de Joaquim Forn, habló fuera de la sala. El verso suelto entre las defensas ha admitido que el «derecho de autodeterminación existe para los territorios coloniales, no para Cataluña». El letrado de Joaquim Forn, exconsejero de Interior y acusado de haber puesto a los 17.000 mossos al servicio de la intentona secesionista, aseguró en una entrevista que no comulga ideológicamente con el independentismo. De hecho, Melero, uno de los letrados más combativos en el Supremo, fue uno de los fundadores de Ciudadanos

Elogios a la sala

«Desde el punto de vista del acto procesal, ha sido un juicio ejemplar», apuntó el letrado, quien alabó el trabajo del tribunal presidido por Manuel Marchena. El abogado describió como «minuciosa y pedagógica» la actuación de la sala. A pesar de deshacerse en halagos a los jueces, Melero no descartó recurrir su fallo ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo si su defendido no es absuelto y ve «la más mínima fisura» que pueda beneficiarlo. Aun así, insistió en que su «percepción» es que «no ha habido la más mínima perturbación de la buena marcha del juicio». El letrado admitió que durante la celebración del referendo ilegal se sometió a la Constitución a una «tensión máxima», aunque no llegase a estar en peligro en ningún momento. «Tengo mucha confianza en la fortaleza de nuestras instituciones y la democracia», argumentó.

La Abogacía del Estado se aleja de la Fiscalía y apoya que Junqueras recoja su acta

La Abogacía del Estado se volvió a distanciar este miércoles del criterio de la Fiscalía del Tribunal Supremo. El departamento dependiente del Ministerio de Justicia pidió al tribunal que autorice el permiso de salida de Oriol Junqueras el próximo lunes para jurar o prometer su cargo ante la Junta Electoral como europarlamentario. El acceso al acta dotaría al presidente de Esquerra Republicana de una amplia inmunidad que podría afectar al desarrollo de la causa en el Supremo, según advirtió la Fiscalía en su escrito contrario a la autorización. 

Decisión de la Junta Electoral

Sin embargo, los servicios jurídicos del Estado consideran que es a la Junta Electoral a la que corresponde valorar el cumplimiento de los requisitos establecidos por el derecho español.

Esta petición, según señala la abogada del Estado Rosa María Seoane se fundaría en la doctrina expuesta por el propio tribunal hace tan solo unas semanas, cuando se concedió permiso al líder de ERC y a otros presos que resultaron electos para salir del centro penitenciario a tramitar sus actas. Se amparó, recordó la abogada, en el «ejercicio de sus derechos de representación política» para tomar posesión de sus escaños en el Congreso y en el Senado.

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