Una jueza propone llevar a juicio al magistrado que ordenó requisar móviles de periodistas en un caso de corrupción

La instructora de la causa abierta contra el Miguel Florit estima que existen indicios de prevaricación y de otros tres delitos

Miguel Florit, primero por la izquierda, a su llegada a los juzgados para declarar por la incautación de móviles a periodistas en el caso Cursach
Miguel Florit, primero por la izquierda, a su llegada a los juzgados para declarar por la incautación de móviles a periodistas en el caso Cursach

Redacción

La magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) Felisa Vidal ha propuesto abrir el procedimiento para llevar a juicio al juez del caso Cursach, Miguel Florit, por varios presuntos delitos cometidos al ordenar la requisa de móviles de periodistas y el control de sus comunicaciones.

En un auto dictado este miércoles, la instructora de la causa estima que existen indicios suficientes para procesar al juez por los presuntos delitos de prevaricación, contra la inviolabilidad del domicilio, contra el ejercicio al secreto profesional del periodistas y por la interceptación ilegal de comunicaciones.

El TSJIB ha investigado a Florit a raíz de la denuncia presentada por los periodistas Kiko Mestre y Blanca Pou, por sus empresas, Diario de Mallorca y Europa Press, y por Efe, cuyas comunicaciones fueron controladas por la Policía a instancias del juez para tratar de revelar la fuente de una noticia relativa al caso Cursach.

El juez que ordenó requisar móviles a varios periodistas será investigado por prevaricación

La Voz

El Tribunal Superior de Justicia de Baleares ha admitido a trámite la querella de dos periodistas y sus empresas contra el juez que investiga el caso Cursach

La querella había sido interpuesta por Editora Balear (la empresa titular del Diario de Mallorca) y Europa Press, así como por los redactores José Francisco Mestre, del periódico y Blanca Pou, de la agencia de noticias. Ahora, como informa EFE, la sala Civil y Penal del alto tribunal balear ha dictado un auto en el que asume el estudio de la denuncia, planteada por los presuntos delitos de prevaricación judicial, contra la inviolabilidad del domicilio y contra el ejercicio del derecho al secreto profesional del periodista.

La causa ha sido declarada secreta y la magistrada Felisa Vidal será la encargada de la instrucción. Los magistrados justifican el secreto en que la requisa de los teléfonos y ordenadores así como las órdenes de registro en las redacciones de los dos medios de comunicación se realizó «en el seno de unas diligencias previas declaradas a su vez secretas».

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