Dice que se trata de evitar el perjuicio si se estimara el recurso de la familia y después hubiese que devolverlos al Valle de los Caídos
01 jul 2019 . Actualizado a las 10:28 h.Los restos del dictador Francisco Franco seguirán enterrados en la basílica del Valle de los Caídos, al menos de momento. El Tribunal Supremo resolvió el martes por unanimidad suspender de forma cautelar la exhumación prevista para el próximo lunes a las 10 de la mañana, según el acuerdo aprobado por el Consejo de Ministros en marzo pasado.
El tribunal de la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, compuesto por cinco magistrados, admitió en un auto la medida cautelar pedida por los recurrentes antes de entrar en el fondo del asunto, que decidirán más adelante al dictar sentencia. La Sala justificó la suspensión del desenterramiento para evitar el «extraordinario perjuicio» que se causaría a los recurrentes: la familia Franco, la fundación que lleva su nombre, la comunidad benedictina del Valle de los Caídos o la asociación de Amigos del Valle. Pero también, «especialmente», por el daño que podría ocasionar a los «intereses públicos» encarnados en el Estado y en sus instituciones constitucionales, «los cuales se verían gravemente afectados si, exhumados esos restos, se estimara el recurso de los Franco y fuera preciso devolverlos al lugar en que se hallan».
Se trata, en suma, de una decisión lógica y apoyada en jurisprudencia de la propia Sala de lo Contencioso, que se rige para estos supuestos con un criterio restrictivo. Es decir, más vale admitir la medida cautelar y suspender de forma temporal el acuerdo antes de que produzca una «situación irreversible» para las partes tras dictarse la sentencia. No obstante, en el auto de diez páginas conocido ayer, el tribunal sugiere qué podría ocurrir o qué criterios primarán cuando examine el fondo del asunto (ahora las partes deberán detallar sus escritos e, incluso, podrían pedir pruebas para sustentar sus posturas contrarias: el interés particular de los Franco y el interés general del Gobierno, defendido por la Abogacía del Estado). Pues bien, para la Sala la exhumación de Franco sí tiene un «interés general o público», en tanto en cuanto se ampara en el artículo 16.3 de la Ley 52/2007, llamada de la Memoria Histórica. Dicha norma considera que el Valle de los Caídos, perteneciente a Patrimonio Nacional, «es un lugar de convivencia, recuerdo y homenaje a las víctimas de la contienda» y tras una modificación legal de agosto pasado quedaba prohibido, además, «que estuviera enterrado nadie que no fuera víctima de la guerra civil». Del mismo modo, este «interés general» para desenterrar los restos de Franco también reside, explica el auto, en la decisión del Gobierno de trasladar los restos al cementerio de El Pardo-Mingorrubio, en Madrid, donde los Franco tienen un panteón familiar. Fuentes jurídicas consultadas hicieron este martes hincapié en que, según jurisprudencia de la Sala, cuando están en litigio dos intereses priman los generales sobre los particulares cuando los primeros, además, se amparan en un ley vigente. Esta perspectiva jurídica validaría por lo tanto la exhumación, pero deja la puerta abierta al debate sobre la decisión final del lugar del enterramiento. Y es aquí donde se abriría otro litigio entre el cementerio de Mingorrubio (Gobierno) y la catedral de La Almudena (familia Franco). Con el condicionante de que un informe del Ejecutivo socialista ha descartado esta última opción por motivos de seguridad.
«No es ninguna tragedia»
La reacciones a la decisión del Supremo fueron diversas. En el Gobierno señalaron que la resolución «no es ninguna tragedia» y estiman unos dos meses para conocer la sentencia, aunque dan por hecho que la familia del dictador llegará hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En la Moncloa están convencidos de que el Supremo desestimará este recurso, como ha venido haciendo hasta ahora.
Tanto sus allegados como la Fundación Franco y el resto de recurrentes apelaban que la decisión sobre la exhumación era de la comunidad benedictina. Y añadían los «gravísimos» incumplimientos de la legalidad urbanística y de la normativa en materia de sanidad mortuoria en caso de producirse. Según explicó ayer Luis Felipe Utrera Molina, abogado de la familia, la resolución «pone en su sitio» al Gobierno. «Mis clientes lo han recibido con satisfacción y con confianza en la justicia». Por su parte, la fundación calificó de «bravuconería» la posición del Ejecutivo, que responde a un afán de «fomentar la crispación», «reabrir heridas y enfrentar a los españoles».
