Atacan al Gobierno por no liberar a los presos del 1-O mientras el TSJC abre juicio oral a otro consejero
05 jun 2020 . Actualizado a las 19:43 h.Partidos y entidades independentistas retomaron este viernes sus movilizaciones para concentrarse en la vía pública, tras el paréntesis de la emergencia del covid-19, para pedir la libertad de los líderes que permanecen en prisión cumpliendo condena.
Una veintena de representantes de JxCat, ERC, la CUP, Òmnium Cultural y la ANC se dieron cita frente a la delegación del Gobierno central cuando se cumple un año de la publicación de un informe de un grupo de trabajo de la ONU que consideró «arbitraria» la privación de libertad de los líderes catalanes independentistas Oriol Junqueras, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, entonces todavía no condenados.
Posteriormente, el mismo grupo de trabajo publicó dictámenes similares con relación a los casos de Josep Rull, Joaquim Forn, Raül Romeva y Dolors Bassa.
La portavoz de ERC, Marta Vilalta, criticó al Ejecutivo por, a su juicio, «desobedecer resoluciones de la ONU y obedecer informes falsos de la Guardia Civil o la Policía Nacional». Sostuvo asimismo que el citado informe demuestra que en España existe «una persecución política» hacia el independentismo, que se ha materializado, en su opinión, en la existencia de «presos políticos y exiliados».
La líder de JxCat en el Ayuntamiento de Barcelona, Elsa Artadi, aseguró que el Estado no ha hecho «nada» para cumplir con el informe, pese a que el país lo dirige ahora «el Gobierno más progresista del mundo mundial», añadió con ironía. «El Gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias está a favor de la represión y no toma decisiones para liberar a los presos políticos», censuró.
El vicepresidente de Òmnium Cultural, Marcel Mauri, que ejerce de cara visible de la entidad al encontrarse encarcelado el presidente, Cuixart, lamentó que el Gobierno «se sitúe al lado de la represión» y de las tesis «de Vox, de Pérez de los Cobos y de la Guardia Civil», en vez de hacer caso del informe en cuestión.
Desobediencia
Casi al mismo tiempo, la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) dictaba auto de apertura del juicio oral al consejero de Acción Exterior de la Generalitat, Bernat Solé, por presunta desobediencia durante el 1-O, cuando era alcalde de Agramunt (Lleida).
En el auto, la magistrada Mercedes Armas, abre juicio por los hechos de los que le acusa la Fiscalía, y descarta imponer ninguna medida cautelar. El TSJC desestimó en enero un recurso de Solé contra su procedimiento, en el que el tribunal señalaba que el consejero permitió el 1-O a pesar de las suspensiones del Tribunal Constitucional (TC), con un acto a favor de su celebración y presuntamente cediendo a la Generalitat el uso del colegio público Macià-Companys.
En otro frente judicial, la Fiscalía Superior de Cataluña se inclinó por que Artur Mas pueda cobrar su salario de expresidente de la Generalitat pese a la inhabilitación de un año y medio al ser condenado por impulsar la consulta del 9N. El fiscal apunta a que una «interpretación restrictiva de la pena» no impide que conserve el sueldo de expresidente, y argumenta la diferencia entre los honores asociados al cargo (como el título de muy honorable) y los derechos (en los que incluye el salario).