El fiscal pide procesar por banda criminal a los jefes de los medios públicos catalanes

Cree que pactaron actuar para «conseguir por vías delictivas la secesión» de Cataluña


barcelona / colpisa

La situación procesal se complica para la treintena de acusados, buena parte de ellos ex altos cargos de la Generalitat, por la organización del 1-O. Son todos los cargos de segundo nivel de la Administración catalana investigados y procesados por el 1-O. Un mes después de que el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, el primero que abrió una causa contra el proceso secesionista y contra la organización del referendo ilegal del 1-O, dictara auto de procesamiento contra 30 investigados por los delitos de malversación de caudales públicos, desobediencia, falsedad documental, revelación de secretos y prevaricación, ayer la Fiscalía pidió que se endurezcan las acusaciones.

El ministerio público solicitó al Juzgado de Instrucción número 13 que corrija el auto de procesamiento y acuse también por organización criminal a 28 de los investigados. Entre ellos, el secretario de Comunicación y exsecretario de Difusión de la Generalitat, Antoni Molons; la vicepresidenta y presidenta en funciones de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), Núria Llorach, y los directores de TV3, Vicent Sanchis, y Catalunya Ràdio, Saül Gordillo. Ese delito comporta condenas de hasta ocho años de cárcel.

El proceso secesionista se está dirimiendo judicialmente y de manera simultánea en cuatro juzgados. El Tribunal Supremo está juzgando a los doce líderes del desafío independentista desde el pasado mes de febrero. A algunos de ellos por un delito de rebelión. Además, la Audiencia Nacional última el inicio del juicio contra la cúpula de los Mossos, incluyendo al exmayor Josep Lluís Trapero. Mientras que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña juzgará a los antiguos miembros de la Mesa de la Cámara catalana, así como a una dirigente de la CUP.

Por último, el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona sentará en el banquillo a 30 ex altos cargos del Gobierno catalán y a empresarios. Son los responsables de la organización del 1-O de la Administración catalana que no eran consejeros.

Muchos de los informes realizados por la Guardia Civil para el citado juzgado de Barcelona, sobre todo los que tienen que ver con la organización del 1-O, sirvieron de base para procesar a los 12 acusados hoy sentados en el banquillo en el Tribunal Supremo.

Según la Fiscalía, la conducta de los procesados para organizar el referendo «ha sido conjunta y coordinada, de forma tal que ante las resoluciones del Tribunal Constitucional en las que se suspendía y después se declaraba la inconstitucionalidad de resoluciones o leyes del Parlamento catalán, se ha continuado con la hoja de ruta que tenía marcada cada uno en el ámbito de sus competencias y responsabilidades». A su juicio, las 28 personas acusadas de organización criminal actuaron «de forma concertada y permanente en el tiempo y con la finalidad de conseguir por vías delictivas la secesión de la comunidad autónoma de Cataluña».

El ministerio público pide que se endurezca el auto de procesamiento de 28 investigados

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