El Supremo permite que los procesados electos acudan al Congreso y al Senado

No convoca sesión el 21 de mayo para que asistan a la constitución de las Cámaras

Santi Valls, uno de los 17 activistas del 1-O que declararon en el juicio
Santi Valls, uno de los 17 activistas del 1-O que declararon en el juicio

MADRID / COLPISA

El referendo del 1 de octubre de 2017 en Cataluña, declarado ilegal por el Tribunal Constitucional, fue una gran fiesta, con música, juegos para niños, chocolatadas y hasta un espacio de comida especial para celíacos en un centro de votación. Los asistentes, haciendo uso de su derecho a la libertad de expresión y manifestación, acudieron a los colegios «de forma pacífica y no violenta». Y tras la llegada del operativo policial, pese al relato escuchado hasta la fecha en el juicio, no hubo insultos ni amenazas de los presentes. Más bien fueron los policías y guardias civiles quienes les «apalearon» y «abrieron las cabezas» por ejercer «su derecho a la protesta y al voto».

Diecisiete testigos llamados por la defensa de Oriol Junqueras comparecieron en el Tribunal Supremo. Acudieron a declarar en calidad de votantes del 1-O: asistentes de referencia de lo ocurrido aquella jornada. El grupo de comparecientes fue muy variopinto por su condición social, laboral o religiosa (pasó hasta una madre «católica» con cuatro hijos). En suma, la defensa buscó asentar un contrarrelato sólido que rebatiese la tesis acusatoria de la Fiscalía, alimentada en el juicio por el duro testimonio de policías y guardias civiles. Sus referencias a la «voluntad rebelde» de la «masa» y a los «muros humanos» para proteger los centros de votación. Así, varios testigos que acudieron a colegios en Barcelona o Tarragona quisieron dejar claro que el comportamiento de la gente fue «ejemplar» y que «la Guardia Civil, sin aviso y sin decir nada, entró a saco a sacarnos». «Al amigo Agustí lo vi salir con la cabeza ensangrentada y a López siendo apaleado sin ningún tipo de justificación», describió el diputado de ERC Jordi Salvador, que también acudió como testigo.

En Sabadell, su segundo teniente de alcalde, Juli Fernández, condenó que la Policía «golpease» y «arrastrase» a la gente «como si fueran maletas» y dijo que él resultó lesionado: «Me arrastraron fuera del perímetro y me dieron un par de patadas en la espalda». Un relato que contrasta con el de varios agentes, que denunciaron hace semanas que les insultaron, les tiraron monedas, botellas de plástico y piedras «que no caben en una mano». Algo que ningún testigo reconoció que vio, aunque a algunos sí se lo contaron. En Barcelona, la Fiscalía pidió investigar a una decena de votantes por su oposición «obstinada, persistente y reiterada» contra los agentes. Cuando el abogado de Junqueras les preguntó si impidieron la entrada de los agentes a los colegios, contestaron que estaban manifestándose pacíficamente, a excepción de una testigo que, ante las preguntas insistentes de la Abogacía del Estado, acabó reconociéndolo. Este también admitió que los Mossos permitieron la votación con normalidad, pero la mayoría contó lo contrario: que los «binomios» de agentes intentaron actuar «sin éxito».

El juicio continuará el próximo lunes con la presencia de siete mossos y del exalcalde de Barcelona, Xavier Trias. Además, el tribunal dio a conocer el calendario hasta finales de mayo con 120 comparecientes, que pondrán fin a la fase testifical del juicio antes de comenzar la pericial. El martes 21 de mayo no hay programada sesión para que los cinco procesados que han resultado electos puedan acudir a la constitución del Congreso y del Senado, según confirmaron fuentes jurídicas.

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