Los partidos aspiran a reactivar la dependencia, armonizar los servicios y bajar el precio del alquiler
26 abr 2019 . Actualizado a las 05:00 h.Aparentemente, introducir en un mismo análisis la dependencia, los servicios sociales en genérico y la política de vivienda puede parecer un cajón de sastre. Pero en realidad son tres asuntos que estuvieron dramáticamente entrelazados por culpa de la crisis económica. La recesión dejó la gestión de la dependencia en mínimos, retrasando la aplicación de una ley joven y ambiciosa que sin medios solo era papel mojado. Los servicios sociales, durante ese período, fueron el gran colchón para atenuar la caída de decenas de víctimas de la crisis financiera. No solo los dependientes de las distintas administraciones, sino sobre todo los de la sociedad civil. España demostró, como siempre, que es uno de los países más solidarios del mundo y que cuenta con una red de atención sólida y eficaz. Y qué se puede decir de la vivienda, los miles de desahucios, la escalada de los precios del alquiler...
En este punto, hay una propuesta del PP que es transversal a todos estos asuntos: intentar que los mayores puedan seguir viviendo en sus domicilios, con ayudas a la rehabilitación y la adaptación, y con atención sociosanitaria a domicilio. Plantean incluso que estas viviendas sean compartidas para evitar las situaciones de soledad en la que viven muchos de ellos. Los populares quieren una ley estatal de servicios sociales, elaborar una estrategia contra los sintecho, en una línea democristiana que se mantiene pese al perfil liberal de Pablo Casado y su equipo.
Ciudadanos, que sí se define como partido liberal, tiende al modelo de liberalismo demócrata británico, más compasivo. En estas coordenadas, quieren garantizar la atención a la dependencia, ampliándola a las enfermedades mentales, apostando por la atención domiciliaria y haciendo emerger muchos empleos en este ámbito que ahora están en la economía sumergida.
En vivienda, aseguran que facilitarán el acceso a un alquiler asequible, un deseo que todos tienen, que todos quieren cumplir, pero no siempre con claridad en el método, más allá de la insistencia de Unidas Podemos de intervenir el mercado, un modelo este último «fracasado» desde la óptica liberal.
El PSOE quiere hacer de los servicios sociales el cuarto pilar del estado del bienestar, junto con la sanidad, la educación y las pensiones, y destinar a la dependencia una aportación estatal de más de 2.200 millones al año. Apuestan por contener el precio de la vivienda y por los alquileres sociales, movilizando suelo público disponible.
Unidas Podemos quiere prohibir los desalojos si no hay una alternativa habitacional y establecer un centro de servicios sociales cada 20.000 habitantes, que tendrán por ley una cartera mínima de servicios. Vox se pone como objetivo que la ocupación de viviendas sea un delito contra la propiedad.