Podemos culpa al PSOE y dice que el ataque se produjo con Marlaska de ministro
09 abr 2019 . Actualizado a las 10:02 h.El Grupo de Delitos Telemáticos de la Guardia Civil concluyó el pasado otoño que el pirateo de la cámara de seguridad camuflada que grababa el exterior del chalé del líder de Podemos, Pablo Iglesias, y la portavoz parlamentaria de la formación, Irene Montero, fue obra de personas «externas» al Ministerio del Interior. Podemos denunció a finales de octubre que la cámara había sido hackeada y que las imágenes que captaba podían verse en directo en una web abierta. Fue un anónimo el que puso en conocimiento de la formación morada los hechos.
Los investigadores que indagaron el episodio apuntaron que los autores del hackeo de los sistemas de vigilancia oficiales fue «personal con vasta experiencia informática», que supo de la existencia de esta cámara oculta frente a la fachada cuando poco antes del pirateo, en septiembre, se filtraron datos sobre el despliegue que Interior preparaba para reforzar la seguridad de la casa de Galapagar.
«Transmisión remota»
Los especialistas del instituto armado lograron «interceptar la transmisión remota de la señal» que emitía el dispositivo al centro de control de la Guardia Civil. La señal, tras ser «secuestrada y replicada», era «rebotada» a una web alojada en Singapur. Y hasta allí lograron llegar los investigadores, que no han podido averiguar, quién estaba detrás de ese pirateo. Dejó de transmitir en directo imágenes desde Galapagar, ya que la Guardia Civil reinicializó el sistema de transmisión del aparato y encriptó la cámara.
No obstante, -explicaron ayer responsables de la Guardia Civil- la cámara, instalada para detectar pintadas o actos de vandalismo en el perímetro del inmueble y apoyar a la vigilancia de un vehículo camuflado, dejó de funcionar al poco tiempo, ya que Interior sustituyó a finales del 2018 los sistemas telemáticos por una protección física, con la instalación de una garita de la Guardia Civil.
Ayer el secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, calificó este pirateo como «un hecho de extrema gravedad» y recordó que el hackeo «tiene que ver con el mandato» de Fernando Grande-Marlaska, al tiempo que insistió en que las «cloacas del Estado» no se han desmantelado como sostiene el ministro. «La Guardia Civil realizó inmediatamente las investigaciones oportunas y a día de hoy se ha llegado hasta donde se ha podido llegar», explicó Grande-Marlaska.
Pozas, investigado
El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, instructor de la operación Tándem, la presunta trama parapolicial dirigida por el excomisario José Manuel Villarejo (en prisión a desde noviembre del 2017), ha acordado investigar a Alberto Pozas Fernández, exdirector de la revista Interviú. A petición de la Fiscalía Anticorrupción, el magistrado ha accedido a cambiar la situación procesal, de testigo a investigado por un delito de revelación de secretos, del que fuera número dos de la Secretaría de Estado de Comunicación hasta el pasado viernes. Pozas dejó su cargo como director general para defenderse, según señaló.
Según fuentes jurídicas, el periodista reconoció este lunes que entregó a Villarejo el lápiz de memoria con información privada del móvil robado a una asesora de Iglesias cuando era europarlamentario en el 2015, tal y como el excomisario había declarado. La información fue facilitada luego, presuntamente, por Villarejo a OK Diario, que dirige Eduardo Inda.